El juez platense Luis Arias declarará hoy frente al fiscal Marcelo Romero por la causa referida a su intervención tras la inundación de la ciudad en el año 2013. La actuación de Arias fue clave para determinar la cantidad real de víctimas que dejó la tragedia, tarea donde develó encubrimientos y desinformación en los datos oficiales, en su momento divulgados por el fiscal Jorge Paolini.
Este episodio está incluido entre las causas que impulsaron un jury de enjuiciamiento contra Arias, suspendido de su cargo en la Justicia Administrativa desde principios de noviembre, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, cuya resolución fue repudiada de manera enérgica por amplios sectores de la política y el sector judicial.
“El juez de Garantías Guillermo Atencio había planteado un conflicto de competencias respecto de lo Penal y lo Administrativo, en torno a la investigación por el número de víctimas. Yo denuncié en ese momento que se trataba de una maniobra evidente para frenar las investigaciones, porque al plantearme el conflicto de competencia automáticamente ya no podía intervenir”, dijo a Contexto Arias, cuyo conflicto jurídico en 2013 debió ser remitido a la Suprema Corte provincial para ser dirimido. La Corte tardó casi veinte días en expedirse, con un fallo a favor de Arias, luego desconocido por el propio Atencio.
Ante el otorgamiento de la competencia, Arias dictó una resolución y solicitó al fiscal Jorge Paolini, a cargo de la investigación, que no divulgara cifras oficiales de víctimas de la inundación. Esto fue tomado como delito de “abuso de autoridad”, hecho por el que hoy se lo acusa.
“Ahora bien, la comunicación de Arias a Paolini, estrictamente fundada en derecho y vital para evitar la confusión de la ciudadanía, fue considerada un delito por los mismos funcionarios penales que fueron cómplices del Poder Ejecutivo en el ocultamiento de la verdad, que denunciaron a Arias por el delito de abuso de autoridad”, expresa el documento elaborado por la defensa, encabezada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta –quien también defendió a Milagro Sala– junto a los abogados Pablo Vicente y Marcos Aldazabal.
“Lo lógico es que, si bien la investigación de delitos correspondía a la Justicia Penal, que los registros de datos de víctimas y de las acciones de hábeas data corresponden al fuero Contencioso Administrativo”, explicó Arias, y agregó: “Las cuestiones de competencia no pueden ser resueltas penalmente. Se utilizan otros mecanismos procesales según la ley por conflictos de competencia. Es absurdo que tomen un fallo como delito. Me están juzgando por una decisión judicial, no por algo ajeno a mis funciones o por corrupción”.
Por su parte, adulteración de certificados de defunción, supresión de identidad de personas al ser enterradas con nombres distintos, incumplimiento de órdenes judiciales, existencia de cuerpos en la morgue sin notificar, fueron algunos de los graves delitos que denunció Arias durante las investigaciones de la inundación.
“Los jueces y fiscales que hoy disputan competencia jamás investigaron ninguno de estos delitos. El único imputado soy yo”, agregó Arias. Tras su corrimiento a principios de este mes, recibió múltiples señales de apoyo de parte de colegas y, fundamentalmente, miembros de la comunidad que se vieron afectados por la tragedia de 2013.
“Entendemos que este enjuiciamiento es grave, ya que la labor de Arias fue esencial para sacar a la luz el número de víctimas, ocultado por la versión oficial”, dijo a Contexto el referente de la asamblea de Vecinos Inundados de Tolosa, Alejandro Albano, que remarcó otras intervenciones del magistrado en la causa, como un fallo donde obligaba a Provincia y a la Municipalidad a dar participación a los vecinos –luego apelado– o para ordenar acciones respectivas a relocalización de viviendas afectadas por el agua.
A su vez, desde la Asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS) aseguraron que el enjuiciamiento contra Arias es una señal de “disciplinamiento” contra el resto de los jueces que se pronuncien contra los sectores tradicionales y ortodoxos de la Justicia.
“Es vergonzoso lo que han hecho. Si uno observa los procedimientos con los que se ha manejado el enjuiciamiento, está cargado de irregularidades. Arias se atrevió a dictaminar como inconstitucional una resolución del Gobierno”, dijo a Contexto Emanuel Desojo, presidente de AJUS.
Cabe señalar que el jurado presidido por Hilda Kogan que apartó a Arias de sus funciones por diez votos contra cero en cuestión de horas fue el mismo que desestimó la semana pasada el pedido de jury contra el juez marplatense Fabián Uriel Fernández Garello, denunciado por su participación como oficial de inteligencia de la Policía bonaerense durante la última dictadura cívico-militar.
A su vez, con la suspensión de Arias se reduce de manera considerable la presencia de control al poder político, debido a la vacancia de juzgados subrogantes en La Plata: hay dos jueces para cuatro ventanillas.
Por lo pronto, Arias se presentará ante el fiscal Romero. La defensa aseguró que “solicitará el inmediato sobreseimiento de Luíis Arias”, a quien reafirman como una figura clave para la «identificación de más de veinte víctimas que de otro modo nunca hubieran sido conocidas», y buscarán que la Justicia «ponga fin a esta burda persecución judicial”.
Como sucedió el día que Arias fue notificado de que avanzaría el proceso en su contra –y debería cesar en sus funciones hasta que hubiera una definición–, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones de derechos humanos, vecinos autoconvocados, colegas y amigos están convocando a la puerta de los tribunales para respaldar al juez. El llamado es para las 8:30 de la mañana.
