El presidente chileno, Sebastián Piñera, tiene los días contados al frente de su gobierno. El 21 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales, y en marzo de 2022 deberá entregar su cargo. Sin embargo, lo más grave para el mandatario de derecha –y para los sectores que representa– no es que haya un cambio de gobierno, sino que todo indica que lo que concluye en Chile es el proyecto político que se instaló con la dictadura de Augusto Pinochet y se sostuvo inamovible hasta el estallido social de 2019. Desde aquellas revueltas de octubre hasta la fecha, la derecha ha visto que su poder se desvanece: perdió el plebiscito, no pudo evitar que comenzara a recorrerse el camino para la creación de una nueva Constitución, quedó disminuido en la elección de constituyentes, y las fuerzas progresistas –aunque ahora con menos fuerza por algunas divisiones– parecen encaminarse a un triunfo en las elecciones presidenciales.
En ese marco, y como desesperado manotazo de ahogado, Piñera busca provocar un conflicto diplomático con Argentina para despertar el carácter nacionalista del pueblo chileno y, así, intentar fortalecer el proyecto de la derecha de cara al proceso electoral. El 23 de agosto, emitió un decreto en el que redefine los límites marítimos, incluyendo un sector de 5.000 kilómetros cuadrados de la plataforma argentina.
En respuesta, mediante un comunicado, la Cancillería argentina respondió que «el Gobierno argentino tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile publicada en el día de ayer y fechada el pasado 23 de agosto en el Diario Oficial de ese país, relativa a espacios marítimos».
«Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16′ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984», señala el texto.
Luego sea explica que «el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año. Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile».
«La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional», concluye el comunicado.
Según informó la agencia Télam el pasado miércoles 1° de septiembre, los distintos bloques que integran el Senado argentino acordaron «elaborar una declaración en conjunto de rechazo a la resolución del Gobierno de Chile de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de la Argentina».
Juntos, un proyecto entreguista
Por su parte, el PRO (que hoy integra la alianza Juntos) emitió un comunicado, firmado por su presidenta, Patricia Bullrich, y por el secretario de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo (ambos imputados en la causa de tráfico de armas a la dictadura boliviana de Jeanine Áñez), en el que continúan con la política entreguista que desarrollaron cuando estaban en el Gobierno. En el texto se señala que «habiéndose verificado diferencias en el trazado de las respectivas plataformas continentales de Argentina y Chile, proponemos que ambas Cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración bilateral y regional, se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes, comunicando en forma conjunta lo que resulte acordado a la COLC establecida en el marco de CONMEVAR así como a otras autoridades pertinentes de la ONU, mostrando la capacidad de entendimiento entre las dos naciones. En los últimos 30 años, Argentina y Chile han logrado resolver pacíficamente más de 25 diferendos fronterizos a lo largo de 5.000 kilómetros, que habían producido graves tensiones durante más de un siglo. Con ese mismo espíritu, no podemos retrotaernos a los tiempos de la desconfianza recíproca».
En respuestas a ello, el canciller Felipe Solá señaló en Twitter: «El PRO ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile. Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria. Sin palabras».
