Mientras los pedidos de renuncia se multiplican, Carolina Píparo ahora fue denunciada por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» en su rol al frente de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata por su actuación durante la madrugada del 1° de enero, cuando con su marido atropelló a dos jóvenes y se dio a la fuga.
La denuncia a la que pudo acceder Contexto detalla que el auto que conducía Juan Ignacio Buzali en compañía de Píparo arrastró a los motociclistas por unos 320 metros, chocando en el trayecto a otros dos autos estacionados, y que al llamar al 911, la diputada y funcionara no advirtió lo ocurrido ni pidió ayuda para los jóvenes.
«Llama al 911 manifestando que está siendo víctima de un ilícito y perseguida por tres motociclistas, pero la realidad era que su marido es el que comete un delito abandonando a las víctimas luego de embestirlas arteramente en total estado de indefensión», indica la denuncia que presentó el letrado Martín de Vargas, abogado de uno de los jóvenes atropellados.
«En todo momento, Píparo trata de delincuentes a los motociclistas, otra muestra más de su desprecio por la vida», apunta. En ese sentido, la denuncia destaca que en el llamado al 911 se manifiesta «el dolo delictual para la imputación de Carolina Píparo».
Vale destacar que entre las funciones que tiene Píparo a cargo se encuentra la de «desarrollar e implementar políticas públicas de prevención, asistencia y atención de las víctimas de delitos en el ámbito municipal» y asimismo «establecer vínculos de coordinación y cooperación con organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales, ya sean estos públicos o privados, con la finalidad de actuar conjuntamente en la defensa del acceso y goce de los derechos de las víctimas».
En este marco, la denuncia destaca que «esta actitud desplegada por Carolina Píparo está reñida con la ética y la moral de todo ciudadano de bien, además encuentra franca violación de los deberes de funcionario público en forma dolosa, tarea que le fuera encomendada por el intendente Julio Garro».
Luego de presentar la denuncia, De Vargas precisó a este medio que tras atropellar a los dos jóvenes «se representó la existencia de víctimas, llegando a pensar incluso que habían matado a alguien. Siendo consciente de ello, y en su rol de funcionaria pública, nunca procuró asistencia para las víctimas, no llamó nunca al SAME… En sus llamadas al 911 posteriores a que su marido intentara matar a dos chicos inocentes nunca pidió una ambulancia. Solo se preocupó por ella y su marido».
«Pero, además, tuvo tiempo para huir a la carrera por media ciudad de La Plata, embistiendo autos y casi desatando otra tragedia cuando casi embiste a una familia que abordaba un auto. Además, tuvo tiempo de llamar a sus abogados, a sus amigos funcionarios, a su hermano… pero nunca se preocupó por los dos chicos atropellados», apuntó De Vargas.
Por este delito, Píparo podría tener una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo para ocupar cargos públicos por no ejecutar «las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
Los otros incumplimientos de Píparo como funcionaria platense
Respaldada por Julio Garro, Carolina Píparo asumió al frente de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género en 2019, con un cargo ad honorem. Al asumir, manifestó su «orgullo» de formar parte de la gestión platense y destacó la importancia de «trabajar en consonancia con el eje puesto en la víctima, queremos que haya una atención integral hacia ellas, poder colaborar para que el área sea cada vez más integral, ese es el camino a seguir».
Sin embargo, los dos años de gestión de Píparo dieron que hablar. A dos meses de asumir, la funcionaria se topó con el primer paro en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, donde las trabajadoras denunciaron la falta de recursos materiales y económicos para el abordaje de su tarea como asistentes de personas víctimas de violencia por razones de género.
Asimismo, advirtieron el alto grado de precarización laboral de la gestión de Julio Garro, con contratos a tres meses, salarios por debajo de la línea de pobreza, sueldos diferentes por la misma tarea, falta de bonificación por el riesgo a la salud que implica y falta de pago del riesgo de calle para aquellas intervenciones fuera de las oficinas.
A mediados de octubre de 2019, las trabajadoras de esta área denunciaron persecución política sobre quienes venían encabezando los reclamos y advirtieron posibles despidos en el área, los cuales se concretaron en diciembre de ese año, con la oleada de despidos de Julio Garro, hecho que generó importantes movilizaciones y la intervención del Ministerio de Trabajo en favor de las y los despedidos.
