El gremio de docentes bonaerenses Suteba se presentó como querellante en la causa que investiga el plan de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para encarcelar a dirigentes gremiales y avanzar contra los derechos laborales. Así lo confirmó su secretario general, Roberto Baradel, quien ingresó la presentación al Poder Judicial bonaerense. El sindicalista denunció que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fueron «responsables de un plan sistemático para destruir a los sindicatos y a toda organización que defendiera los derechos de los trabajadores y las trabajadoras».
La causa donde se investiga el plan antisindical y la operatoria de la mesa judicial bonaerense para armar causas la encabeza el juez federal Ernesto Kreplak, quien ayer habilitó la feria para continuar con el expediente durante enero. La investigación se desprendió tras la difusión del video que halló la Agencia Federal de Inteligencia, donde se puede ver y escuchar a funcionarios del Gobierno de Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, agentes de la AFI y empresarios coordinar tareas para hostigar a gremialistas.
«Persecución política, seguimientos a mi familia y la de otros dirigentes, informes e inteligencia sin orden judicial, demonización en medios de comunicación y hostigamiento constante», señaló Baradel, a modo de síntesis sobre cómo fueron las prácticas antisindicales ejecutadas durante las gestiones de Vidal y Macri.
Durante su mandato, Vidal emprendió una encarnizada batalla contra los gremios, entre estos, los docentes. Además de denunciar el «plan sistemático» de «persecución y destrucción» contra los docentes, Baradel recordó que su familia estuvo «amenazada de muerte» durante las negociaciones paritarias. «Nos convertimos en sus principales enemigos porque defendíamos la necesidad de una redistribución del ingreso y de no privatizar la educación pública», amplió el sindicalista docente.
De este modo, Suteba accionó judicialmente tras las repercusiones mediáticas y políticas que generó el video donde el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo: «Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».
También al interior del universo sindical, la semana pasada el cotitular de la CGT, Pablo Moyano (a título personal), y el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, reclamaron que la Justicia actúe de manera inmediata y adelantaron que llevarán el caso a foros como la Organización Internacional del Trabajo.
Por su parte, la CGT evalúa una presentación institucional como amicus curiae (amiga del tribunal) para colaborar en la investigación. A su vez, en un duro comunicado, la central gremial repudió los dichos de Villegas.
Además, Yasky presentó la semana pasada un proyecto donde remarcó que las declaraciones de Villegas «son de una alevosía que provoca aun más al pronunciarse en un país como la Argentina que sufrió el plan sistemático de genocidio de la última dictadura cívico-militar, y uno de cuyos blancos principales fue precisamente el movimiento obrero».
La estrategia de Vidal contra el Astillero Río Santiago
El plan de Vidal tuvo también en la mira a la empresa estatal Astillero Río Santiago. El plan mediático y judicial buscó recortar derechos laborales, primero, para después intentar cerrar el astillero.
La operatoria abarcó tres líneas de acción para quebrar la resistencia de los trabajadores y su gremio (ATE Ensenada): la económica, la judicial y la pública. Así consta en un documento revelado por el portal Infogremiales, donde se puede ver en detalle la descripción de una «agenda integral» para terminar con el astillero.
En la primera parte del documento, en la «agenda económica» se puede ver cómo la gestión de Vidal detalló de qué manera avanzar para eliminar el pago por horas extras, el comedor, las vacaciones, las jubilaciones, la nocturnidad y las licencias gremiales, entre otros. Luego planificaba los despidos.
Por el lado de la «agenda judicial», preveía denuncias penales contra los gremialistas, entre estas, por asociación ilícita. El documento del Gobierno de Vidal concluyó que esa «agenda judicial» iba acompañada por la «agenda pública», a partir de la filtración de la información en los medios para convencer a la opinión pública de avanzar en ese sentido.
