El Gobierno nacional publicó una resolución a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con cambios en los requisitos para recibir las pensiones, así como también con viejas terminologias con las que ahora define a las personas con discapacidad. «Idiotas», «Imbeciles» y «Debiles mentales», las categorías con las que el Gobierno de Javier Milei decidió nombrarlos.
La resolución N°187/2025 de ANDIS define las personas con discapacidad como «retardados mentales» y establece tres categorías para nuclearlos según su coficiente mental: «0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”; “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias..” y “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”
La medida además incorpora el “Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral”, en cual se busca determinar en diferentes afecciones el grado de incapacidad que le permita a la persona trabajar o no y por lo tanto si esa pensión corresponde. En este punto establece una serie de pautas como la certificación médica oficial, resumen de la historia clinica, la realización de estudios clinicos secundarios que den cuenta del diagnostico.
Para el Foro Permanente de Discapacidad esta resolución es «un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las PcD» (personas con discapacidad) porque «no sólo endurece los criterios de acceso» a las pensiones, «sino que además reincorpora terminlogía obsoleta y degradante en la evaluación de personas con discapacidad intelectual».
«Además de ser un RETROCESO INADMISIBLE, la normativa viola los acuerdos internacionales», cuestionaron desde el Foro.
En este punto reclamaron «el respeto por el modelo social de la discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» y la «revisión inmediata de esta resolución y la eliminación de criterios médicos arcaicos y estigmatizantes».
Vale recordar, que desde que asumió Milei, las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad vienen denunciando una serie de ajustes en las políticas destinadas al sector, que van desde la quita de remedios y los malos tratos a un fuerte recorte de las pensiones, con una baja de al menos 200.000.
Respecto a la resolución, diferentes organizaciones ya presentaron un reclamo formal. En el mismo señalan, que «supeditar el cobro de la pensión a lo que desde el punto de vista médico se considera
una ‘invalidez suficiente’ ignora que la exclusión del mercado laboral no conoce de
porcentajes ni de baremos. Existen múltiples casos de personas con discapacidad que no
cumplirían con lo que los y las profesionales de la medicina considerarían ‘invalidez laboral’, pero
que son igualmente discriminadas en el acceso al empleo debido a los prejuicios y estereotipos
prevalentes en la comunidad. De hecho, el mercado de trabajo es uno de los ámbitos donde la
exclusión del colectivo de personas con discapacidad es más evidente».
«Por otra parte, la normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que
ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad», indicó. «Además de atentar contra el modelo social, estas denominaciones implican una violación directa del artículo 8 de la CDPD, que establece el deber de los Estados de adoptar medidas para fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y luchar contra los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de ellas. Estas medidas -dice el tratado- deben incluir la promoción de percepciones positivas sobre ellas y fomentar el reconocimiento de sus capacidades, méritos, habilidades y aportes en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral», agregó el reclamo.
