Por María Belén Fernández
La reinstalación por parte del Gobierno de la Ciudad del instructivo sobre forma de proceder ante la toma de establecimientos educativos, propuesto en el año 2012 por el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich, junto a otras medidas de denuncia y dilación como fue la creación del 0800 para denunciar la actividad política en las escuelas, constituye un nuevo cercenamiento de derechos. Un nuevo intento de volver a las formas de disciplinamiento autoritario que el sistema educativo en los últimos treinta años ha ido dejando progresivamente atrás.
La medida ha sido indicada la semana pasada ante la toma de escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, llevada adelante por estudiantes como reclamo y rechazo al inconsulto proyecto Escuela secundaria del futuro, por el cual se propone el desarrollo del último año de la secundaria en empresas o ámbitos de pasantías. No hay duda del enorme desafío que implica repensar una escuela secundaria atendiendo a las transformaciones sociales y culturales, que rompa con su matriz fundacional selectiva, pero ello no puede dejar fuera a los sujetos políticos y sociales de la educación, los expertos académicos en el tema, los estudiantes, los docentes, los equipos de gestión institucional entre otros. Todos estos actores han/hemos sido participes en las distintas jurisdicciones educativas del país de amplios debates respecto de la definición de políticas educativas desde el marco de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06, en los que el Estado propiciaba las articulaciones entre los horizontes político-estratégicos, las experiencias de anclaje institucional, los sujetos y los territorios. Hoy nuevamente las decisiones de la política educativa son tomadas bajo directrices del Banco Mundial y los referentes del establishment, instalando agendas encubiertas.
Estas regulaciones se sustentan en el paradigma de control y reactivan las prácticas de la microcapilaridad de la vigilancia social y la sanción ejemplificadora, las cuales violentan los consensos democráticos construidos respecto de la participación y corresponsabilidad democrática en la educación, entendida esta como un derecho y no una mercancía.
El instructivo o protocolo ante caso de toma del edificio escolar indica a los directivos acciones en todos los casos de denuncia: a las autoridades del Ministerio de Educación, a la comisaria, al letrado dispuesto por la Dirección General, y esta a la Fiscalía, con la tipificación de los delitos de violación de domicilio y/o usurpación, y por último convocar a un escribano para labrar acta de daños físicos. ¿No es la escuela un espacio público en el cual lxs estudiantes son parte de la comunidad educativa? ¿No incorpora nuestra Constitución Nacional, en su art. 75, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sancionando en la Ley N° 26 061/05 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes, la responsabilidad de propiciar todos los medios para evitar la judicialización, máxime en instancias educativas?
Resulta relevante el desconocimiento acerca de los jóvenes como sujetos políticos y culturales que asumen posicionamientos, posturas sociales comprometidas en defensa de derechos, en este caso por la educación. Seguramente sí se conocen los informes de las oficinas de inteligencia internacional acerca del protagonismo del movimiento estudiantil latinoamericano, como se ha manifestado en Chile, México y recientemente en Brasil con la toma de escuelas secundarias ante las medidas de recorte presupuestario del gobierno ilegal de Temer.
La decisión política de encarar acciones represivas evidencia entonces la incapacidad de hacerse cargo de procesos de gestión de conflictividades y la adopción de un paradigma de restauración del orden, del nuevo orden interior, para lo cual se policializan las políticas sociales, educativas, territoriales, mientras se desregulan las económicas.
Mirando lo acontecido al respecto en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses, el policiamiento de la gestión educativa se presenta en la habilitación a la literal irrupción de las fuerzas policiales en las escuelas, sin siquiera mediar protocolos, en su tenaz y persistente persecución a jóvenes. La escuela en los contextos del conurbano profundo ha sido siempre un lugar donde los jóvenes encontraban una tregua a la amenaza de transitar territorios dominados por las violencias (institucionales y sociales). Ello se sostenía como tal por un proyecto inclusivo de los jóvenes a partir de la obligatoriedad de la secundaria, que se expresaba en decisiones ético-políticas de los niveles supervisivo y directivos al respecto. Parece que existieran presiones de diversa índole que coartan el sentido pedagógico de sus gestiones en salvaguarda del interés superior de los niños, niñas y adolecentes y del derecho a la educación.
El caso reciente es del docente de Política y Ciudadanía de la Escuela Técnica N° 4 de Florencio Varela, quien al estar abordando la situación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado es denunciado al 911 por una madre, lo cual motiva el intento de detención por parte de la policía provincial. Según consta en el acta de denuncia, los policías le indican “no podes hablar de política. No está comprobado que a Santiago Maldonado lo hizo desaparecer la Gendarmería. ¿En que te basás? Creés la teoría de los binoculares? Estas cometiendo una falta”, “que el docente indicó que no tenían autoridad ante el planteo y que era imposible que no hablara de política ya que ejerce esa materia”, “Que la madre lo tomaba del brazo…”, ”Todo ello sucedió ante la presencia del director y vicedirector”.
La habilitación a la fuerza policial a intervenir, en una función clara de disciplinamiento sustentada en el relato oficial y mediático, traspasa la injerencia policial en el ámbito educativo, hacia lo curricular, vale decir, sobre los contenidos que desarrolla un docente en el aula. Ello remite de forma burda a las prácticas de censura, persecución ideológica y represión vividas durante la última dictadura.
Es clave señalar que el Reglamento de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, aprobado en el año 2012 luego de un largo trabajo consultivo por el cual se remplazo la norma vigente impuesto en 1955 y sucesivas modificaciones parciales, define el sentido político pedagógico de las instituciones educativas y las responsabilidades de la comunidad educativa. Al respecto, en su artículo 6 dispone: “Los integrantes de la comunidad educativa, como sujetos del derecho social de la educación, deberán contribuir a la construcción de una cultura Institucional democrática que asuma en sus prácticas, el respeto de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales”.
Este enunciado condensa no solo un posicionamiento sino una interpelación práctica cotidiana a la construcción de una cultura institucional democrática, a través de múltiples experiencias y espacios, a la vez que de visibilidad las nuevas formas de autoritarismo.
* Titular del Taller de análisis de la comunicación en las instituciones educativas, profesorado en comunicación Social, FPyCS, UNLP.
