Por Antonio Fenoy*
Hacer memoria de los 39 años del comienzo del más sangriento golpe cívico-eclesiástico-militar del que tenga recuerdo nuestra patria, nos invita a reconocer el camino de reparación que se ha hecho en este tiempo y pedir con insistencia por todo lo que falta todavía.
Es innegable que luego del histórico juicio a los ex comandantes en el año 1985 y las nefastas leyes de obediencia debida y punto final que fueron coronadas con los indultos del gobierno menemista; el proyecto comenzado en el 2003, fruto de las luchas de las víctimas y los distintos organismos de derechos humanos, y que todavía continúa, ha marcado un camino de conocimiento de la verdad y de justicia efectiva para los genocidas.
Pero también sabemos que hay dos patas del terrorismo de Estado en donde hay que seguir avanzando, en una, y comenzar de una vez por todas en la otra: la pata cívico-empresarial y la eclesiástica.
En la primera, los absurdos vericuetos judiciales (poder que no se ha tocado en estos 39 años y que es eminentemente reaccionario) que dejaron en libertad al empresario azucarero Blaquier, a Massot y la rápida negación a las indagatorias de Magnetto, Noble y Mitre por parte del juez Ercolini, dejan en claro la connivencia entre la corporación empresarial, la mediática y la judicial.
En la segunda, y aquí quiero detenerme, es asombroso, más allá de declaraciones públicas e investigaciones sobre el tema, como la institución-Iglesia católica se ha mantenido impune frente al avance de los juicios de lesa humanidad. Tengamos en cuenta que hasta el momento, hay un sólo sacerdote condenado: Cristian Von Wernich (que no ha sido despojado de su condición sacerdotal por Francisco, que es Bergoglio), y 4 o 5 imputados, cuando sólo el vicariato castrense estaba compuesto por unos 100 sacerdotes en todo el país.
Además, de esos 100 sacerdotes, prácticamente el 90% han muerto, entre ellos Victorio Bonamín, lo que indica que es imperioso apurarse en este tema.
Porque no hay que perder de vista que la institución-iglesia católica no fue simplemente cómplice, sino partícipe necesario del terrorismo de Estado y del genocidio. Esto significa que sin su participación las cosas no se hubieran hecho, o por lo menos, no se hubieran podido hacer de esa manera. Además, considero como institución a la jerarquía toda, ya que aunque algunos miembros aislados se pronunciaron en contra y fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados, la institución como cuerpo a nivel público siempre acompañó y apoyó, más allá de algunas tibias oposiciones.
Es tiempo de exigir que el Vaticano entregue al gobierno argentino o a los organismos de derechos humanos todos los archivos que tiene de esa época y que no lo haga a cuentagotas, según la conveniencia de Francisco-Bergoglio.
En memoria de las monjas francesas, de Angelelli, de Mónica Mignone y de tantos compañeros y compañeras cristianos desaparecidos, es hora de que esta verdad se traduzca en justicia.
*Coordinador del Colectivo de Teología de la Liberación “Pichi Meisegeier”.
