Por Observatorio de Medios con Perspectiva de Género (Laboratorio de Comunicación y Género, Facultad de Periodismo y Comunicación Social-UNLP)
En los últimos días se dio a conocer la noticia de una red de corrupción y prostitución de menores por parte de funcionarios judiciales, del Ministerio de Desarrollo Social y empresarios, en la capitalina ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. El agravante del caso es que las niñas y adolescentes víctimas, de 13, 14 y 15 años, estaban alojadas en un centro de atención bajo tutela del Estado. Posteriormente a la denuncia en los medios, el camarista implicado, Juan Bernardi, se desvinculó de su cargo, según dijo, “para no entorpecer la investigación”.
Lejos de implementar las normativas y protocolos relativos a la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que l*s conciben ya no como objetos a tutelar, sino como sujet*s de derecho, representantes del Estado han abusado de su posición de poder y de la posición de vulnerabilidad de las niñas ultrajando no sólo sus derechos, sino su propia condición de humanidad, sometiéndolas a un trato sistemático esclavizante y cosificante.
Ante esta situación, y ante las declaraciones del ministro de Desarrollo Social provincial, Ricardo Arroyo, se reabre en parte el debate sobre la legalidad y legitimación social de la prostitución. “Con las mujeres grandes que se prostituyen a voluntad no me meto, pero sí cuando hay chiquitas obligadas (a prostituirse)”. Si bien el caso en cuestión está relacionado con niñas que han sido forzadas a prostituirse, sigue siendo muy común en el imaginario popular considerar que, en el fondo, las mujeres disfrutan de una situación de abuso e incitan al varón abusador. La emblemática figura del consentimiento ha resultado una divisoria de aguas a la hora de tipificar una situación de explotación sexual como ejercicio del proxenetismo o no, obviando, más allá de la eventual decisión de la mujer de elegir la prostitución como medio de vida, las condiciones de vulnerabilidad que habitualmente subyacen, explican y relativizan esta “decisión”. Los dichos de Arroyo dejan entrever en esta contemplación especial por tratarse de menores la tolerancia e invisibilización de la cadena de vejaciones constitutivas al negocio de la prostitución, sean las mujeres niñas o adultas.
En cuanto a los casos de abuso infantil en general, podríamos encuadrarlos como una práctica que demuestra dominio físico, erigido sobre una desigualdad simbólica que anula la voluntad del/a niño/a; una experiencia que trastorna las significaciones que adquiere sobre su entorno mediato e inmediato, alterando las condiciones en que transcurre su vida personal y social, sus parámetros para conocer, relacionarse, autoconcebirse. Los informes publicados sobre el caso en la provincia de Río Negro revelaron que las niñas habían denunciado sin éxito esta situación un año atrás. Los abusos no fueron aislados, sino reiterados durante meses y meses. Ante semejante perpetración de violencia, los efectos de este poder flagelante se manifiesta “productivamente”, conformando a partir del trauma la psiquis del niño o la niña abusado/a. En este sentido, los daños corporales y subjetivos del accionar, en este caso de un Estado no sólo criminógeno, sino negligente a la hora de investigar el caso, resultan irreparables.
Vale la analogía entre esta historia y las denuncias históricas de prostitución contra las autoridades del Hospital neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires, Braulio Aurelio Moyano, dedicado en exclusividad a la atención de mujeres; o bien con las denuncias por violaciones de mujeres, e incluso de menores, en comisarías en manos del personal policial: es el propio Estado, infringiendo y diluyendo sus prerrogativas democráticas.
Ante estos episodios es necesario reflexionar una vez más acerca del rol del Estado macho, pero también de los otros agentes e instituciones sociales privadas (privatizadas), como los medios de comunicación que, desde su poder de enunciación, no sólo multiplican y masifican estereotipos de niñas hipersexualizadas, sino que producen modelos de referencia y verdades –sujetos y relaciones fácticas–; niñas educadas para prostituirse ante el ojo masculino, y niños prostituyentes que consumen cuerpos femeninos a través de las pantallas.
En el mes de los derechos humanos se vuelve fundamental, entonces, impregnar de una perspectiva de género las banderas de lucha, reconociendo viejas y emergentes formas de violencia, visibilizando otr*s sujet*s víctimas y victimari*s, aggiornando las discusiones y ensanchando los desafíos político-institucionales.
