Por Marianela García, Luciana Isa* y Sol Logroño**
Siempre supimos que Cambiemos era el nombre de otro país, el nombre de un Estado reducido con fronteras de sociabilidad muy limitadas. No era el nombre de la Patria, porque nombrarla implica más que gestionar un Estado, requiere pensar y hacer con el otro y desde el otro al que se reconoce como un igual, aunque con identidades diferentes. En ese sentido, entendemos el Estado desde su dimensión política: como estructura de poder, como sistema de gestión y como productor de identidades.
Las mujeres bien sabemos de esta lucha por la igualdad que hemos encarnado a lo largo de la historia y a la que aún debemos dar batalla. Lo sabemos porque algunos de nuestros proyectos quedan dando vueltas dentro de las cámaras y porque los que han sido aprobados y reglamentados continúan en disputa dentro de los tribunales, hospitales y comisarías. Y también lo sabemos porque aún nos matan en nuestras casas, en las calles, y nos arrojan a un basural.
También lo saben los y las jóvenes que viven la estigmatización en sus cuerpos, ninguneados y silenciados por un orden social con múltiples condiciones de subordinación: de género, de generación y de clase. En el marco de una configuración cultural patriarcal y adultocrática, las juventudes, heterogéneas y diversas, han cargado históricamente la mochila de la incapacidad, la falta y el conformismo, y han sido homogeneizadas en expresiones generalizantes como las de Dindart.
Esta afirmación desoye a priori las complejidades de las condiciones estructurales y subjetivas de las maternidades y paternidades en plural, conteniendo una fuerte carga de clasismo, misoginia y etnocentrismo. Sólo en este marco, tan conservador y siniestro, es posible pensar que las mujeres “nos embarazamos” por 340 pesos al mes –lo que era en 2012 el monto de la AUH–.
Pero vemos con más preocupación aun que Dindart presida ahora la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Congreso nacional. ¿Cómo alguien cuya representación de las adolescentes se reduce a la clasificación estereotipada puede cumplir el rol de presidente de la Comisión en la que se tratan proyectos vinculados a temas de familia, mujer, niñez y adolescencia? Vale recordar que las comisiones, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, son los espacios en donde se discuten, se debaten, se organizan y dictaminan los proyectos que presenta cada uno/a de nuestros representantes legislativos y que luego pueden convertirse en ley; y, por tanto, cada persona que integre las comisiones debe contar con una preparación especial en esas temáticas a los fines de poder estudiar las distintas iniciativas desde un enfoque técnico, pero también, y fundamentalmente, político.
Sin dudas, y es quizás en este último punto donde radica la preocupación, el actual diputado asume su responsabilidad de autoridad máxima en esta comisión despojado de una mirada política e integral, que pueda analizar desde la complejidad y tenga en cuenta múltiples variables y factores para asumir y comprender un tema tan trascendente en la vida social, cultural, política y económica de un país como es el tema de las maternidades y paternidades de sus habitantes, y pueda entonces promover más y mejores leyes que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una política de protección social, de componente no contributivo, dado que justamente aquellos niños que pueden acceder a la misma deben pertenecer a familias cuyos padres se encuentran desempleados, en la informalidad o con salarios menores al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Partiendo de esta base, es difícil encontrar argumentaciones que puedan justificar y validar un marco de referencias sólidas constatadas con datos fiables –científicos, políticos, culturales– que avalen las afirmaciones del señor Dindart, sin que eso conduzca sólo a la mera reproducción de estereotipos estigmatizantes de los y las adolescentes, pero también de las personas que viven en situaciones de pobreza, de sus derechos, de sus significaciones en torno a la maternidad/paternidad, a las políticas de salud sexual y reproductiva, a los embarazos adolescentes, a la interrupción temprana de los embarazos, entre otras prácticas históricamente asociadas a fenómenos naturales y biológicos, impensados de comprender por fuera de esos cánones décadas atrás.
La discusión acerca de las políticas públicas en niñez, adolescencia, mujer y familia requiere asumir una mirada integral que trascienda y rompa, en primer lugar, con los prejuicios de clase que sólo conducen a diagnósticos y soluciones equivocadas. Pensar que una adolescente pueda planificar su proyecto familiar teniendo en cuenta una “premiación” económica, sin ponderar, como primer aspecto, que para poder acceder a ese derecho necesariamente se parte de unas condiciones mínimas de vulnerabilidad, es por lo menos penoso, lamentable.
Este tipo de medidas amerita acciones inmediatas por parte de los sectores políticos que hoy tienen la responsabilidad de representar los intereses del pueblo, pero también de las organizaciones y movimientos sociales, la comunidad académica, científica y de profesionales, que hoy más que nunca deben acompañar las luchas por una patria más justa y soberana.
* Integrantes de la Secretaría de Género de la FPyCS, UNLP.
** Integrante del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la FPyCS, UNLP.
