Por Leandro Gianello
Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) anulara el tarifazo en los precios de gas para usuarios residenciales, diversos sectores que quedaron fuera de la resolución impulsan amparos para defenderse de los aumentos. Por eso, usuarios de gas envasado de la ciudad de Mar del Plata avanzaron con una presentación judicial contra el Ministerio de Energía de la Nación que conduce Juan José Aranguren para anular el incremento de casi el 100% que sufrió la garrafa, utilizada por los sectores más postergados.
La iniciativa, inédita en el país, fue presentada por un grupo de vecinos de la ciudad costera, acompañados por la concejala del Frente para la Victoria (FPV) Marina Santoro, en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Alfredo López, quien deberá expedirse dentro de las 48 horas.
El martes al mediodía se realizó una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante local con la participación de Santoro e integrantes de la Defensoría del Pueblo del partido de General Pueyrredón, distintas asociaciones de consumidores, la Liga de Amas de Casa y la Multisectorial Contra el Tarifazo.
En esa conferencia se explicó que el precio de la garrafa de 10 kilos pasó de 54 a 97 pesos en fraccionadoras, a causa de la última resolución del Ministerio. El incremento afectó notablemente la economía doméstica de miles de usuarios, quienes, a diferencia de aquellos con servicio regular en el domicilio, no tuvieron la opción de no pagar el aumento: si no pagan la garrafa, no tienen gas.
SANTORO: “CONSIDERAMOS QUE ES UN TRASPASO DEL TARIFAZO QUE NO PUDIERON IMPLEMENTAR EN LOS USUARIOS DE LA RED”.
En declaraciones a Contexto, Santoro detalló que las acciones judiciales contra el aumento “comenzaron el 14 de julio pasado, cuando presentamos una denuncia contra Aranguren”, junto a un pedido de informes ante el ente regulador por los incumplimientos en el Programa Hogar y la falta de controles sobre el precio.
“Una vez agotadas las instancias administrativas y habiendo recibido respuestas evasivas, en el mejor de los casos, avanzamos con el recurso de amparo, ya que consideramos que es un traspaso del tarifazo que no pudieron implementar en los usuarios de la red”, indicó Santoro.
“Es un aumento sin fundamentos y arbitrario”, agregó, y para colmo la resolución 19/2016 firmada por el Ejecutivo nacional también “les da libertad a las fraccionadoras y distribuidoras a aplicar el costo del flete” sobre el precio final de la garrafa.
“EL GAS ENVASADO ES UN BIEN DE INTERÉS PÚBLICO, TAL CUAL SE ESTABLECIÓ DURANTE EL GOBIERNO DE NÉSTOR KIRCHNER EN EL AÑO 2005”, EXPLICÓ LA EDIL MARINA SANTORO.
“El gas envasado es un bien de interés público, tal cual se estableció durante el Gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005”, por lo tanto, las resoluciones impulsadas por el macrismo atentan contra la premisa original, que era establecer precios de referencia que frenen futuros aumentos.
La edil marplatense manifestó que “el objeto central del amparo es anular la resolución 19/2016”, que es la que permite aumentar en forma exponencial el precio de la garrafa en los puntos de fraccionamiento, remitiendo su valor a 54 pesos.
Por otro lado, indicó que los argumentos presentados en la última disposición emitida por el Gobierno nacional “son falaces” y producen un “tarifazo efectivo” en los sectores más vulnerables.
Si el juzgado le da curso favorable al amparo una vez vencido el plazo de 48 horas, “todas las fraccionadoras del país deberán volver al precio anterior”, concluyó la concejala de la ciudad de Mar del Plata.
