Por Gabriela Calotti
«Es la primera condena en la Argentina por lavado de activos vinculada a la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Es un puntapié inicial, es importantísimo», afirmó a Contexto la letrada Verónica Bogliano, directora de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Bogliano, una de las abogadas querellantes en esta causa, sostuvo que esta primera condena, cuya sentencia completa se conocerá el 14 de junio, marca un camino a seguir. «Es una línea de investigación que se debería continuar y profundizar. Si bien es bastante complejo el delito de lavado de activos, es necesario empezar a profundizar esa investigación porque surgen responsabilidades de muchísimas personas», pues, «como sabemos y siempre denunciamos, la dictadura no fue solamente militar sino cívica y eclesiástica en el enriquecimiento de estas personas a través de diferentes maniobras».
El juez Roberto Falcone condenó a Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Save, hijos del genocida Miguel Save (fallecido en 2006), al pago de más de 10,8 millones de pesos cada uno por el delito de «lavado de activos». La patota de Aníbal Gordon comenzó a operar y generar violencia política en los años previos al golpe del 24 de marzo de 1976. Gordon dirigía uno de los grupos de tareas parapoliciales de la llamada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), impulsada por José López Rega.
Después del golpe, la patota de Aníbal Gordon operó en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, uno de los CCD donde estuvieron cautivas, entre otras, numerosas víctimas uruguayas en el marco del Plan Cóndor.
Una de ellas fue el dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez. El represor Miguel Save le robó «más de dos millones de dólares» y con ese dinero compró varios terreno a orillas de la laguna de Chascomús (125 km al sur de Buenos Aires) donde (según la Subsecretaría) intentó construir un complejo residencial exclusivo.
Mechoso Méndez, nacido en la localidad de Flores, Uruguay, fue secuestrado el 26 de septiembre de 1976 en un bar de CABA. De oficio pintor, tenía militancia política y sindical en la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y la Federación de Obreros de la Industria de la Carne (FOICA), entre otros, según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente del Gobierno uruguayo.
«Alberto Mechoso fue cruelmente asesinado por las personas que lo secuestraron. Con el fin de ocultar lo ocurrido, pusieron su cuerpo en un tambor de combustible que rellenaron con cal y lo tiraron al río. Ese tambor fue hallado el 14 de octubre de 1976 en el Canal San Fernando en la desembocadura del Río Luján, junto con otros siete, cada uno de los cuales contenía un cuerpo. Todos ellos fueron enterrados como NN en el cementerio municipal de San Fernando», precisa la página web del Ministerio Público Fiscal argentino.
En el año 1989 esos cuerpos fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y en 2012 se pudo determinar que uno de ellos era Alberto Cecilio Mechoso Méndez.
Los cuatro hijos de Save tienen domicilio en Chascomús, según el veredicto difundido el 22 de mayo al cual tuvo acceso Contexto.
«Durante la investigación se determinó que la compra de los terrenos fue realizada a través de apoderados y nombres falsos. En el año 1999 el represor Miguel Save comenzó a realizar gestiones para poner a su nombre los valiosos terrenos. Tras su muerte, ocurrida en 2006, fueron sus hijos, hoy condenados, quienes continuaron con esa tarea. En el año 2008 y luego de varias maniobras irregulares, los hermanos Save pudieron escriturar las parcelas», precisó en un comunicado la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
El lavado de activos es un proceso que permite integrar dinero de origen ilícito al sistema económico legal para darle la apariencia de haber sido obtenido de manera lícita.
Falcone ordenó además que esos terrenos sean entregados a la provincia de Buenos Aires «con el destino específico de ser asignados a la Subsecretaria de Derechos Humanos de esa provincia» para «emplazar allí un sitio de Memoria, Verdad y Justicia, asociada a la reparación integral en materia de crímenes que han afectado a la humanidad en su conjunto».
El magistrado adoptó esa decisión en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino «en materia de derechos humanos y en la prevención, sanción del delito de lavado de dinero y de recupero de los bienes ilegítimamente adquiridos», según el texto judicial.
Bogliano subrayó la decisión del magistrado de entregar los terrenos a la Subsecretaría de Derechos Humanos para que se pueda «armar un espacio de memoria que cuente y relate la historia de los hechos ocurridos» allí durante la dictadura en el marco del Plan Cóndor y se genere «un espacio recreativo donde se habla de las consecuencias de la dictadura que venimos padeciendo hasta la actualidad».
Junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense se presentaron el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos y la Unidad de Investigaciones Financieras.
El Plan Cóndor fue una acción represiva coordinada por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay que se implementó a partir de 1975.
Decenas de ciudadanas y ciudadanos uruguayos fueron secuestrados en nuestro país y alojados en varios centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio de la provincia de Buenos Aires. El CCD conocido como Automotores Orletti funcionó en el barrio de Floresta, en CABA.
Los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron poner en evidencia también delitos de carácter económico. Sin embargo, son ínfimos los que pudieron ser investigados. Uno de ellos es el caso del represor Jorge Radice y su hermana Norma Berta, acusados de haberse apoderado de bienes de detenidos-desaparecidos. Su caso fue elevado a juicio en marzo de 2023.
Radice, que participó muy activamente en los grupos de tareas represivas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura, se ocupaba además de hacer negocios con los bienes que robaban a detenidos-desaparecidos. Para ello contaba con el apoyo de su hermana, Norma, contadora como él, recuerda Luciana Bertoia en Página/12.
En muchísimos juicios por delitos de lesa humanidad salieron a la luz numerosos casos de saqueo durante los allanamientos de las fuerzas represivas de los bienes que familias humildes y de trabajadores tenían en sus casas, y en testimonios de sobrevivientes y familiares también se conocieron casos de familias adineradas que fueron obligadas a firmar la venta de viviendas y tierras o les robaron vehículos e inclusive las obligaron a pagar supuestos rescates de sus seres queridos en cautiverio, quienes sin embargo, en muchos casos, permanecen desaparecidos.
