Por Gabriela Calotti
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata, presidido por el juez Jorge Micheli, dictó el jueves cadena perpetua para seis ex policías de la Federal delegación La Plata que a mediados de octubre de 1977, en plena dictadura cívico-militar (1976-1983), efectuaron un recorrido macabro por diversos puntos de la ciudad durante el cual allanaron viviendas, secuestraron, torturaron y asesinaron a Juan Oscar Cugura, a un hombre apodado “La Chancha”, a Adela Esther Fonrouge, a Juan José Libralato, a Mauricio Emeraldo Mansilla y a Irma Guzmán de Arteaga.
El entonces jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Martín Eduardo Zuñiga, el ex inspector Rafael Oscar Romero, el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz, el ex cabo Roberto Arturo Gigli –quien además era Personal Civil de Inteligencia del Ejército–, y los ex cabo 1° Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez, estaban acusados de los delitos de secuestro, tortura y homicidio.
Los imputados, cinco de los cuales estuvieron presentes en la primera parte de la vista judicial que se llevó a cabo en la sala de audiencias de los Tribunales Federales de La Plata, en la calle 8 entre 50 y 51, fueron condenados como “co-autores de homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas”. Un sexto se comunicó con el Tribunal por teleconferencia desde un hospital de Ezeiza, constató Contexto durante la audiencia a la que asistieron familiares de detenidos-desaparecidos.
Contra los imputados, el fiscal de la Unidad platense que lleva adelante los juicios de lesa humanidad en esta ciudad, Juan Martín Nogueira, había requerido el 14 de diciembre pasado la pena de prisión perpetua. Cuatro de los ex policías de la Federal cumplen desde hace tiempo prisión domiciliaria por edad y/o razones de salud y dos de ellos están en la cárcel de Marcos Paz.
La Unidad Fiscal Federal para crímenes de lesa humanidad de La Plata empezó a investigar a estos represores de la Policía Federal Argentina (PFA) tras tomar conocimiento de un legajo policial en el cual Zuñiga pedía el ascenso y felicitaciones para integrantes de la delegación La Plata por su participación en operaciones represivas de octubre de 1977.
El acceso a ese legajo policial fue posible tras un relevamiento realizado por el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. En las investigaciones también participó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para determinar la identidad de las víctimas, ya que se los mencionaba por sus nombres de guerra o apodos dentro de la organización en la que militaban.
Esos operativos comenzaron el 11 de octubre de 1977, cuando policías federales de La Plata y de la ciudad de Buenos Aires allanaron ilegalmente el domicilio del militante peronista Juan Carlos Rodríguez, quien ese día se iba a encontrar con Juan José “Tito” Libralato en la esquina de 7 y 43. Libralato fue a la cita y allí fue baleado, secuestrado y torturado. El mismo grupo de tareas allanó después la casa donde vivía con su esposa, Adela Esther Fonrouge, a quien asesinaron.
Libralato sigue desaparecido, mientras que los restos de Fonrouge fueron identificados por el EAAF en 2004 luego de ser exhumados de una tumba NN del cementerio de La Plata.
De la casa de ese matrimonio, los policías se fueron a una vivienda de 64 entre 120 y 122, donde Rodríguez debía reunirse con Juan Oscar “Ceferino” Cugura, a quien asesinaron. De allí se trasladaron al Retiro, exactamente a la calle 160 entre 48 y 49, donde buscaban al “Boliviano”. Como no lo encontraron, secuestraron a su pareja, Irma Guzmán de Arteaga, y se la llevaron a Capital. Desde entonces está desaparecida.
Dos días más tarde, los represores montaron otro operativo en el barrio platense de La Loma, donde en una casa de la calle 32 y 23 asesinaron a un hombre apodado “Jorge” o “La Chancha”. Ese mismo día, el 13 de octubre de 1977, allanaron una casa en la calle 4 bis y 515 de Ringuelet, donde secuestraron a Mauricio Emeraldo Mansilla y, de paso, saquearon su casa.
El único prófugo que tiene la causa es el subcomisario Emilio Alberto Rimoldi Fraga.
El jueves, cinco de los seis imputados rechazaron hacer uso de su derecho a la “última palabra” antes de conocerse públicamente la sentencia. Durante esa primera parte de la audiencia permanecieron sentados a la derecha del tribunal, detrás del cual se veía un enorme crucifijo de color negro.
El único que ejerció ese derecho fue Gigli, quien se declaró “inocente” y dijo que, “pese a que la querella y los fiscales me tildaron como un monstruo, siempre fui una persona que actuó a derecho”.
Retomada la audiencia hora y media más tarde, los imputados no se presentaron en la sala para escuchar la sentencia, aunque estaban en el edificio de Tribunales, e inclusive Zuñiga subió solo por el ascensor sin ninguna custodia policial pero no ingresó en la sala. “Andan por la calle como cualquiera de nosotros”, comentó un abogado de la querella con cierta resignación.
El juez Micheli leerá los fundamentos de la sentencia el 6 de febrero próximo.
Los fiscales habían pedido que se revocaran los beneficios de prisión domiciliaria, pero sobre ese punto el Tribunal no se expidió.
No obstante, la sentencia conocida el jueves significó un “pequeño regalo de fin de año” para familiares de detenidos-desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado presentes en la sala, quienes, al término de la audiencia, aplaudieron la sentencia dictada que consideraron un “pequeño regalo de fin de año”.
“Nos da un poquito de justicia frente a la llegada del año 2017, pero esperamos del tribunal la cárcel común, perpetua y efectiva, porque llegaron a juicio en domiciliaria”, sostuvo Marta Ungaro, militante de derechos humanos y hermana de uno de los jóvenes desaparecidos en la denominada “Noche de los Lápices”, Horacio Ungaro.
Consideró que es “muy importante” que se puedan llevar adelante “todos los juicios que este año no se han hecho, como los que involucran al Pozo de Banfield, al Pozo de Quilmes (NdR: otros centros clandestinos bonaerenses) y el de la CNU” (Concentración Nacional Universitaria), un grupo paramilitar de ultraderecha que cometió crímenes de lesa humanidad antes de marzo de 1976.
“Tendrían que haber estado sentados escuchando la sentencia, porque fue una masacre y ellos permanecieron impunes durante cuarenta años. Ellos fraguaron un enfrentamiento sacándolos de ‘La Cacha’. Los asesinaron y los llevaron al cementerio. Y las pruebas estaban para esta sentencia”, explicó Ungaro.
La Cacha, ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52, contiguo a la cárcel de Lisandro Olmos, fue uno de los tantísimos centros clandestinos de detención, tortura y asesinato que funcionaron en el país durante la dictadura.
Antes de retirarse de la sala de audiencias, familiares y defensores de los derechos humanos lanzaron un “bravo” de viva voz y recordaron a los 30.000 detenidos-desaparecidos de la dictadura cívico-militar con el grito “presentes, ahora y siempre”.
