Mientras permanece vigente la declaración de rebeldía hacia Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, asesor de Mauricio Macri durante su período presidencial, la causa que investiga presiones políticas durante el Gobierno de Cambiemos suma ahora un nuevo acusado. Se trata de Sebastián Paladino, ex subdirector de AFIP en el período 2016-2019, quien fue procesado este lunes por presiones al Grupo Indalo, uno de los casos más resonantes de la guerra jurídica desatada por el macrismo.
Por otro lado, trascendió que en la misma causa deberá declarar Carlos Rosenkrantz, el titular de la Corte Suprema, quien realizó 59 llamadas telefónicas a Rodríguez Simón. Compañeros durante sus estudios universitarios, la relación continuó y en 2015 el asesor fue clave a la hora de sugerir a Rosenkrantz como integrante de la Corte Suprema. Ya en ese cargo, el magistrado intervino en la declaración de nulidad del concurso preventivo de Oil Combustibles a pedido de la AFIP macrista en noviembre de 2017.
Volviendo al procesamiento de Paladino, fue la jueza María Romilda Servini quien definió la medida, mediante una resolución de 88 páginas donde apunta al funcionario de la gestión de Macri, quien ahora es acusado de ordenar la creación de un dispositivo legal para ejercer control sobre los contribuyentes que formaran parte del Grupo Indalo.
«La conducta de Paladino lejos está de ser considerada un acto ‘neutral’, sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público en desmedro de un grupo de contribuyentes», sostuvo la jueza Servini. Cabe destacar que la firma conducida por Fabián de Sousa y Cristóbal López es apuntada como blanco de las operaciones de presión política, judicial y económica realizadas durante el macrismo.
En ese sentido, el expediente aclara que la causa investiga «diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción».
La resolución sostiene que la gestión de Paladino dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habría creado una herramienta informática para que las áreas operativas del organismo pudieran acceder «en forma simultánea y homogénea a los incumplimientos de pago y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico Grupo Indalo».
Según lo definido por Servini, el accionar de Paladino en esta maniobra «no habría obedecido a un criterio objetivo, ni una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su pertenencia al grupo económico indicado», es decir, el Grupo Indalo.
El caso de Paladino se pliega al conflicto legal que enfrenta Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, también acusado de hostigar al Grupo Indalo, en su caso como parte de la llamada «mesa judicial», encargada de ejercer presión en complicidad con sectores del Poder Judicial para perseguir a opositores políticos.
En ese sentido, cabe recordar la declaración de Cristóbal López sobre uno de sus primeros intercambios con Macri. En octubre de 2015, según el empresario de medios, se dio el siguiente diálogo: «Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo».
En la actualidad, Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay, desde donde se rehúsa a presentarse a declarar en la causa que investiga las redes de inteligencia desplegadas por el Gobierno de Cambiemos.
