Desde que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para frenar el COVID-19, los establecimientos educativos han avanzado de múltiples maneras para dar continuidad a la enseñanza de modo virtual. Las universidades nacionales no fueron la excepción, y desde un primer momento se comprometieron estudiantes y docentes para que los calendarios académicos no pierdan continuidad.
Sin embargo, aunque existen portales con navegación liberada (como los .edu.ar) solicitada por los organismos educativos a las empresas de comunicación por telefonía móvil, son muchos los estudiantes que no pueden acceder a clases virtuales realizadas en vivo o grabadas por plataformas tales como Zoom, Jitsie o videos en las redes sociales, entre otras, por el alto consumo de datos que les genera. Además, la conectividad es necesaria para coordinar múltiples tareas del ámbito educativo.
Con el fin de «asegurar la conectividad y la inclusión de aquellos estudiantes que no cuentan con datos o banda ancha en sus teléfonos móviles», la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para que se cree el programa de Becas Digitales de Urgencia en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, destinado a los estudiantes del nivel superior de enseñanza de las instituciones educativas de gestión estatal integradas al Sistema Educativo Nacional.
«La delicada situación en la que nos posiciona el COVID19 afecta de distintas maneras a todos los sectores de la sociedad. En el caso de las y los estudiantes, acceder a contenidos y materiales de estudio puede dificultarse sin acceso a Internet», posteó en su cuenta de Facebook la senadora nacional.
La letra del proyecto presentado por la senadora por Mendoza indica que «la ‘Beca Digital de Urgencia’ consiste en el otorgamiento de datos móviles de telefonía a estudiantes con condición de alumno regular que no cuentan con conectividad para acceder a los contenidos virtuales necesarios para realizar las actividades académicas de su carrera que no se encuentren en las plataformas gratuitas de las casas de estudio».
El proyecto especifica, además, que cada universidad debe habilitar un canal gratuito y virtual para que los estudiantes se inscriban como beneficiarios del programa y que tendrían prioridad como beneficiarios de la beca los estudiantes que tengan una suma del «ingreso personal y familiar menor a tres salarios mínimos, vitales y móviles», y que «vivan en hogares sin conexión a internet».
En cuanto al financiamiento, se prevé que los fondos para garantizar este programa provengan de tres fuentes: presupuestos ociosos debido al cese de clases presenciales por el COVID-19, una reasignación de recursos por parte del Ministerio nacional y donaciones que pudiera recibir cada institución educativa.
El tiempo de aplicación que propone la norma es de hasta treinta días posteriores a la finalización del ASPO o hasta la regularización del nivel educativo universitario.
