Por Roberto Álvarez Mur
Estigmatización de la protesta, contradicciones en la elaboración de los artículos internos e incluso la violación directa a legislaciones actuales fueron algunas de las irregularidades que se señalaron en la mesa de debate sobre la versión platense del protocolo antipiquetes macrista, desarrollado ayer en la sede del Sindicato Argentino de Televisión.
El espacio de trabajo estuvo conformado por los concejales locales del Frente para la Victoria Florencia Saintout, Guillermo Cara y Gastón Castagneto; representantes de organismos de Derechos Humanos como la seccional de H.I.J.O.S y la Comisión Provincial por la Memoria; y también participaron abogados especializados en materia de derechos humanos y violencia institucional como Esteban Rodríguez Alzueta y Aníbal Hnatiuk.
“Está claro que este protocolo no es necesario para la ciudad de La Plata, sino que es necesario para ellos. Las medidas políticas que está tomando el nuevo gobierno están generando conflictividad social y la única respuesta parece ser la represión”, fueron las palabras de la concejal y decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Florencia Saintout, que sintetizaron el eje de discusión sobre la ordenanza presentada por el intendente Julio Garro para establecer el protocolo antipiquetes en la ciudad.
La mesa de debate se presentó como un puntapié inicial para combinar fuerzas de distintos sectores sociales y políticos y poner un freno ante la inminencia de la medida elevada al Honorable Concejo Deliberante por el intendente macrista. La versión local del Protocolo de Seguridad para controlar la protesta, a nivel Nación y Provincia, ya busca insertarse en la capital bonaerense, aun cuando presenta fuertes irregularidades jurídicas.
“El protocolo es ilegal desde todo punto de vista, no solo por facultades que pretende adjudicarse y que no le corresponde a la jurisdicción municipal, sino además porque la protesta social ya está establecida por la figura de usos y costumbres como un hecho que no puede ser perseguido o criminalizado. Si se aplica este protocolo y se criminaliza la protesta, estaríamos retrocediendo quince o veinte años atrás”, aseveró el abogado de derechos humanos Inti Pérez Aznar.
En esta línea, el abogado e integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, Esteban Rodríguez Alzueta, profundizó sobre la gravedad que puede significar el viraje del actual protocolo vigente, impulsado por la ex ministra Nilda Garré, hacia un nuevo paradigma de seguridad donde la protesta social se plantea como “un problema de seguridad y orden público”: “Uno de los clichés más comunes desde los que se planta este nuevo paradigma de seguridad es que ‘los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro’, cuando la realidad es que hay actores sociales que por diferentes motivos están en situación de desigualdad ante la ley y sus derechos”, señaló Alzueta, y agregó: “En una democracia donde debemos decidir entre todos, si un sector no tiene trabajo, debería ser problema de todos».
Este nuevo protocolo, a través de sus pautas, pretende poner la protesta social en un lugar de estigmatización de quienes participan y no protege los derechos de los demandantes. El protocolo vigente, en cuya redacción participaron tanto especialistas en la materia como organismos de Derechos Humanos, junto a representantes de la Policía y fuerzas de seguridad, busca proteger a quien protesta en ejercicio de su derecho”.
En tanto, Alzueta remarcó que en el actual proyecto de protocolo platense no hay ningún tipo de alcaración o desarrollo que refiera al uso de la fuerza por parte de la Policía, eje fundamental para evitar el uso de armas letales y la protección de la integridad física y psicológica de los manifestantes. En esta línea, el secretario gremial del Sindicato Argentino de Televisión, Gustavo Bellingeri, agregó: “Asimilar la protesta social como un delito, invierte la lógica del protocolo existente. Claramente, esta ordenanza coincide con el rasgo ideológico del bloque político dominante y nuestro gremio está precupado por cómo esto pueda restringir la libertad de expresión”.
En tanto, los concejales del FpV local hicieron hincapié sobre el cambio de matriz cultural y política que el protocolo de Julio Garro puede proyectar sobre la ciudad. El edil Guillermo Cara expresó que el paradigma de seguridad instaurado por Cambiemos “dista mucho de un contexto de paz” y que pretende establecer un “disciplinamiento social”. Asimismo, la concejal Saintout subrayó: “No es lo mismo concebir la protesta social como un delito que concebirla desde el derecho, de la lucha por un trabajo digno. Yo celebro esta reunión porque es la señal de que han habido cambios irreversibles y que podemos seguir el debate y seguir contraargumentando”. Luego, la edil sugirió la elaboración de un documento de posicionamiento frente al protocolo, trabajado en conjunto con los organismos presentes, tanto para poder elevar al Concejo Deliberante como para difundir en la comunidad.
Además de los referentes mencionados, participaron de la mesa los abogados Gerónimo Arias, Analía Carrillo y Juan Manuel Morente; el representante de la Defensoría del Pueblo, Guillermo Gentile; Pablo Antonini, director de Radio Estación Sur y secretario de la Mesa Nacional de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias); Ana Negrete, del colectivo cultural Medio Limón; Matías Moreno, de la regional platense de H.I.J.O.S.; representantes de la Asociación Memoria Fértil y de las facultades de Trabajo Social, Periodismo y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
