Cumplidos diez años de la sanción de la Ley de Salud Mental 26.657, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pone en marcha medidas para avanzar en la plena implementación de la normativa en territorio bonaerense. Por ello, las subsecretarías de Derechos Humanos y Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública formalizaron un convenio de cooperación para poner en marcha las pautas de la ley en territorio bonaerense.
Según informaron desde la gestión de Axel Kicillof, el objetivo de esta combinación de fuerzas entre las distintas áreas apunta a «generar estrategias de intervención articuladas frente a la vulneración de derechos, como asimismo estrategias de promoción de los derechos humanos para todas las personas habitantes de la provincia».
«Estamos muy contentos de haber firmado este convenio con la Subsecretaría de Salud Mental en este día tan importante, donde se cumplen diez años de esta ley», expresó el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, en el marco de firma del convenio.
«Lo que podemos aportar desde nuestro lugar es incorporar una perspectiva comunitaria y de integración de las personas que hoy atraviesan problemáticas vinculadas a la salud mental», dijo a Contexto Marina Vega, directora de Programas para el Desarrollo Socio Comunitario, dependiente del área de Derechos Humanos bonaerense.
«El convenio viene a darle un marco de institucionalidad a acciones que ya venimos promoviendo. Se ha hecho un trabajo profundo sobre la discusión de los hospitales monovalentes en la provincia, cómo se da la posibilidad de finalizar de una vez la etapa de los neuropsiquiátricos y poder ajustarnos a lo que indica la ley», agregó Vega.
Cabe destacar que la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 tuvo que enfrentar fuertes embates en los últimos años, de la mano de la gestión gubernamental de Cambiemos. Fue en 2017 cuando el entonces presidente Mauricio Macri intentó, vía decreto, promulgar una nueva reglamentación de la ley con la intención de derogar varios elementos fundamentales establecidos en 2013.
Según señalaron en su momento desde el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, el decreto era contradictorio a la ley. «Modifica la concepción de la salud mental, y sustituye el concepto de padecimiento psíquico por trastorno mental, recoloca al manicomio como instancia de tratamiento, contradice el modelo de derecho retrocediendo al modelo tutelar, lesiona el derecho a la defensa y modifica la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión quitando competencia al Ministerio Público de la Defensa», expresaron en su momento desde la entidad en referencia al decreto.
En relación con este nuevo convenio, Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, señaló: «La articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia es una estrategia clave para el cumplimiento de la ley y a la vez forma parte de la concepción de cómo pensamos la salud mental».
Con esta nueva coordinación formal, desde Provincia apuestan a que se «fortalezca el desarrollo territorial desde una perspectiva de atención, acompañamiento e inclusión social en salud mental y consumos problemáticos, que promuevan las buenas prácticas y el respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas usuarias».
