En sintonía con la búsqueda del gobierno bonaerense por aportar mejoras al delicado estado de situación en que se encuentra el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia firmó ayer un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner en marcha diferentes medidas de auxilio a la población carcelaria. En concreto, el acuerdo de la cartera conducida por Julio Alak fue con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ahora mantendrá un trabajo coordinado con la gestión de Axel Kicillof.
El acuerdo quedó sellado en la sede porteña del Banco Provincia e incluirá una supervisión de la ONU para abordar la reforma integral que el Ejecutivo tiene pensada para el Servicio Penitenciario (SPB). Cabe recordar que el SPB es uno de los sectores de mayor conflictividad por su estado de deterioro estructural y superpoblación, hecho que quedó de manifiesto en los últimos meses ante la crisis sanitaria desatada por el avance de COVID-19.
Según informaron a Contexto fuentes de Justicia, este acuerdo incluirá medidas que alienten la reinserción laboral, políticas para evitar la violencia entre internos y mejoras en los servicios de alimentación. El PNUD participará en el diseño de programas de formación y capacitación en el marco de Más Trabajo Menos Reincidencia, un plan destinado a quienes hayan cumplido las penas.
Con el foco puesto en la mejora en la calidad de vida de los internos, el acuerdo también incluirá asistencia técnica y legal en normas de gestión y control y en elaboración de licitaciones, y asistencia en diseño de auditoría externa de calidad a través de universidades públicas, entre otras áreas.
Este acuerdo toma una relevancia clave en pleno contexto de discusión en la esfera política sobre cómo lidiar con las problemáticas de los casi 51.000 internos bonaerenses (cifra que desborda la actual capacidad carcelaria al 100%) en materia de condiciones de vida. Problemáticas, vale aclarar, agravadas por la pandemia.
Semanas atrás, el propio Alak anunció junto a Axel Kicillof la inversión del gobierno en la construcción de 2.000 nuevas plazas para ampliar el SPB. La obra significará la edificación de nuevos espacios habitacionales en penales ya existentes para paliar el serio problema de superpoblación que, según el propio ministro, forma parte de la «pesada herencia» recibida por María Eugenia Vidal.
En declaraciones a los medios, Alak había señalado que durante la gestión de Cambiemos en la provincia se habían sumado a las cárceles bonaerenses unos «16.000 internos, y lo peor es que, ante esa realidad, solo agregaron 1.035 plazas».
