Al cumplirse un año del desalojo de la recordada toma de tierras de Guernica, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un organigrama detallado de la serie de acciones y medidas tomadas para dar solución al problema habitacional que se puso de manifiesto en el predio de Presidente Perón en 2020. Desde el diálogo con las familias, pasando por la asistencia de materiales y subsidios, hasta el plan de viviendas que ya está en marcha, la gestión de Kicillof especificó, paso a paso, su trabajo sobre la toma.
Si bien a mediados de agosto de este año se anunció el inicio del plan de obras para viviendas a desarrollarse en una parte del predio tomado, desde Provincia también señalaron la serie de medidas que se llevaron adelante desde el inicio mismo del conflicto, casi un año antes. A partir del diálogo iniciado entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el conjunto de familias y organizaciones sociales que fueron interlocutoras en la toma, comenzaron a desarrollarse diferentes tipos de asistencia en la inmediatez de la situación, incluida la distribución de alimento, agua, ropa, elementos de higiene y prevención sanitaria básica.
Según informó la propia cartera conducida por Andrés Larroque, en el transcurso de 2020 «se invirtió un total de 151.726.533 pesos» en diversas acciones. Esto se dividió en 63.390.000 pesos en subsidios; 26.036.533 pesos en alimentos, ropa de abrigo y mobiliario; 62.300.000 pesos en entregas de materiales, mano de obra y mejoramiento. A esto debe sumarse la asistencia de 40.000 kilos de alimentos secos, 23.300 pañales, 1.200 kits de higiene, 850 de limpieza, 50 camas, 156 colchones y almohadas y 324 frazadas. Todo ello en simultáneo con la búsqueda de un acuerdo para retirarse del predio tomado.
La visibilización que la toma produjo sobre la grave crisis habitacional que persiste en territorio bonaerense incluso motivó la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, como un dispositivo para articular de manera más eficaz la serie de demandas que requería la situación. La toma además se superponía con la emergencia social, económica y sanitaria producida por la pandemia, lo que agravaba el escenario incluso aún más.
A partir de allí, también se iniciaron las acciones para lo que luego derivaría en el acuerdo logrado con el grupo empresario propietario de las tierras en cuestión, que cedió vía convenio 57 hectáreas de la zona para avanzar en un proyecto de urbanización, en sintonía con lo consignado en la Ley 14.449.
Fue justamente el proyecto que confirmaría en agosto el propio gobernador Axel Kicillof, que comprende la construcción de un nuevo barrio para las familias involucradas en la toma. Según lo pautado por Provincia, consta del trazado de «850 terrenos, 51.270 metros cuadrados de espacios verdes y equipamiento comunitario, un colegio con los tres niveles educativos, centro de desarrollo infantil, equipamiento de salud, de seguridad y las plantas de tratamiento de agua y cloacas».
«En Guernica no solo intervenimos en el territorio, sino que brindamos una respuesta de fondo mediante la modificación institucional necesaria para abordar esta problemática. Esta tarea fue realizada con todos los niveles del Estado: Nación, Provincia y Municipio junto a la organización de la comunidad», fueron las palabras del ministro Larroque en el marco del acto donde se anunció esta obra, a mediados de agosto de este año.
En ese mismo trayecto se llevó adelante un censo en el predio donde se firmaron (antes y después del desalojo) «1.460 actas-compromiso de solución habitacional con cada familia para el retiro voluntario y pacífico del predio», y también dio como resultado un ordenamiento de la situación de cada familia, que luego se dividió en tres niveles.
El nivel 1, con 554 familias, compuestas por más de 3 integrantes, dentro de los cuales alguno de ellos padece enfermedad crónica o discapacidad y casos de violencia de género. El nivel 2, con 267 familias, constituidas por un máximo de 3 integrantes por grupo familiar; no manifiestan ninguna dificultad de salud ni discapacidad. Por último, el nivel 3, con 639 familias, con uno o dos integrantes y que no presentan ninguna dificultad de salud.
