Los veinte gremios que componen el Espacio Intersindical, Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, provenientes de las dos CTA, la CGT y la Corriente Federal, presentaron este viernes una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que declare inconstitucional la nueva ley macrista de Riesgos de Trabajo porque “afecta gravemente los derechos de los trabajadores accidentados y enfermos por causas vinculadas al trabajo”.
Junto a los gremios también participaron de la entrega de la denuncia legisladores de Unidad Ciudadana y el Foro de Abogados Laboralistas.
Este espacio gremial, conformado por los sectores sindicales más combativos contra el Gobierno, viene enfrentando la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.348, que impulsa desde principios del año pasado el gobierno de Mauricio Macri.
En la Legislatura bonaerense, luego de sufrir reiterados traspiés por parte de la oposición durante 2017, finalmente en diciembre el oficialismo logró la sanción de la normativa con la favorable nueva composición en las Cámaras.
Macha: “Vemos situaciones de trabajadores y trabajadoras que tienen accidentes laborales o enfermedades vinculadas al trabajo y que se ven imposibilitados de llevar adelante un juicio»
“Vemos situaciones de trabajadores y trabajadoras que tienen accidentes laborales o enfermedades vinculadas al trabajo por los que se ven imposibilitados de llevar adelante un juicio laboral. Esa instancia se dilata mucho por una serie de pasos nuevos y los derechos laborales no se cumplen”, dijo a Contexto la diputada nacional de Unidad Ciudadana Mónica Macha. En su anterior función como senadora bonaerense, encabezó los rechazos de la oposición a la iniciativa.
Macha afirmó que con la nueva ley “hay enfermedades y accidentes que no están catalogados como tales”, y a su vez cuestionó que las comisiones de salud, que responden a las aseguradoras, evalúen condiciones de trabajo, cuando esa no es su tarea.
En lo que resulta una medida a pedido de las empresas, el gobierno nacional atiende a la demanda de estos sectores para enfrentar la llamada “industria del juicio”, que según el macrismo es una de las causas que traba la generación de empleo por los costos que supone para los empleadores afrontar los juicios.
Las modificaciones que trae la ley macrista implican que los trabajadores afectados por lesiones o enfermedades del trabajo tengan que acudir de manera obligatoria y en una primera instancia a comisiones médicas de profesionales contratados por las propias aseguradoras, que defienden los intereses de sus empleadores. Así, el acceso a la justicia para los trabajadores se reduce. Los 69 tribunales de trabajo que funcionaban en la provincia fueron reemplazados por quince comisiones médicas que tramitan los reclamos.
pérez Guillen: «es inconstitucional porque le quita el derecho al trabajador a apelar una resolución que dicta unilateralmente el sector empresario a través de las comisiones médicas»
Desde el Espacio Intersindical denuncian que las comisiones no cumplen el plazo de sesenta días hábiles como plazo máximo para expedirse sobre los casos, según dice la nueva ley, y trabajan con demoras de hasta nueve meses para fijar la primera audiencia.
Otra desventaja, tal como está diagramado el nuevo sistema, según Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Buenos Aires, tiene que ver con que “los trabajadores tienen que recorrer largas distancias para presentarse a las comisiones médicas para seguir la tramitación y justificar y obtener el reconocimiento del daño producido por las malas condiciones de trabajo, con el tiempo que eso implica, lo cual vulnera aún más a los trabajadores”.
Por su parte Daniel Pérez Guillén, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, dijo a Contexto que esta ley “es un avance contra la justicia del trabajo”, conlleva “una mercantilización de la salud porque funciona en contra del acceso a la salud de los trabajadores” y “es inconstitucional porque le quita el derecho al trabajador a apelar una resolución que dicta unilateralmente el sector empresario a través de los dictámenes inapelables de las comisiones médicas, que pertenecen a las propias empresas. Están pasando por encima de la Constitución provincial, porque todo trabajador tiene derecho a hacer su reclamo ante la Justicia”.
Para los gremios, la ley es una vuelta al sistema de riesgos de trabajo que instaló el menemismo en los noventa, descuidando la prevención, con reparaciones miserables y violación de derechos y garantías, lo que provocó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declarase inconstitucional en reiteradas ocasiones desde 2004.
