Tras las contundentes protestas que tuvieron lugar en diferentes establecimientos penitenciarios –que incluyeron con el asesinato de Fernando Rey en el marco de una represión–, el gobierno de la provincia comenzó a discutir el estado de situación en el que miles de internos permanecen detenidos y cómo comenzar a brindar soluciones. El hacinamiento por superpoblación y el estado de abandono del sistema son algunas de las preocupaciones más inmediatas.
Estos mismos temas fueron los que durante la jornada de ayer motivaron una reunión entre funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, desde donde comenzaron a lanzar las primeras definiciones tras el fuerte conflicto desatado en el penal de Florencio Varela.
«El panorama con que nos encontramos desde la provincia sobre los contextos de encierro es dramático, de condiciones inhumanas. Estamos hablando de un 110% de población. Estamos frente a un sistema con capacidad para unas 23.000 personas y tenemos más de 45.000. No hay ningún tipo de sistema que se pueda desarrollar en esas condiciones», dijo a Contexto Gerónimo Erdmann, el titular de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
«A esto se le suma un profundo desorden administrativo que impide la celeridad en la resolución de problemas. Esto se ve, por ejemplo, en unidades penitenciarias que no tienen acceso a internet, por tanto, se complica la recolección de documentación. Hay desorden administrativo en la parte de salud, hoy en día uno de los mayores reclamos. Uno de los ítems que estamos tratando es el de grupos de riesgo, pero ¿cómo podemos saberlo si no hay historias clínicas?», dijo Erdmann.
El referente señaló que, ante este escenario, se está conversando con el Poder Judicial para intentar alcanzar un «cauce más expeditivo» en los múltiples pedidos de morigeraciones. Las dos cuestiones principales a tratar son las vinculadas a internos con penas próximas a vencer o muy cortas y las vinculadas a las emergencias de salud de los internos.
Ante versiones mediáticas, la cartera de Justicia y Derechos Humanos decidió aclarar que no es esa entidad ministerial la que decide sobre los beneficios de prisiones domiciliarias ni otras formas alternativas de encierro, sino el Poder Judicial en cada una de sus instancias. «Niego categóricamente que en la provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias», fueron las palabras del propio ministro bonaerense Julio Alak, quien explicó: «Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo, de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales».
Estos comentarios fueron presentados ante el otorgamiento de más de setecientos permisos para acceder a prisión domiciliaria. En la mayoría de los casos, se trataba de detenidos que no cumplían penas por delitos graves y que, por su edad o por sus problemas de salud, debían ser incluidos en los grupos de riesgo ante el contagio de COVID-19.
«Nosotros somos respetuosos de las instancias constitucionales que corresponden. Entendemos que el Poder Judicial es el que tiene competencia sobre estas decisiones. Entendemos que el Poder Judicial también tiene sus diferencias de criterio, en cuanto las velocidades de cuestiones urgentes, pero es algo que ese poder deberá ir resolviendo en el transcurso de esta pandemia», agregó Erdmann.
En ese sentido, fue el jefe de fiscales de la provincia, Julio Conte Grand, quien en las últimas horas comenzó a dar declaraciones sobre los distintos casos de prisión domiciliaria que fueron concedidos ante esta situación.
