El conflicto por el paquete de “medidas de alivio” que anunció Mauricio Macri después de las PASO sumó este martes un nuevo capítulo cuando los representantes de las quince provincias que lograron la medida cautelar en la Corte se reunieron para dirimir los pasos a seguir.
Los fiscales de estado y los ministros de economía de esas jurisdicciones, a las que sumaron tres más, determinaron que le pedirán a los supremos que intimen al gobierno nacional a cumplir el fallo que obliga al Estado Nacional a hacer frente al costo fiscal de la eliminación de IVA a productos de la canasta básica y la rebaja de Ganancias.
En otras palabras, intimarán al gobierno a transferir los fondos que, de acuerdo al fallo del máximo tribunal de justicia, le pertenece a las provincias que efectuaron el reclamo.
Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Mendoza y Río Negro fueron las que enviaron a sus representantes al cónclave que se realizó en la Comisión Federal de Impuestos.
La intimación que reclamarán a la Corte será bajo apercibimiento de recurrir a la justicia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A las quince provincias que litigaron contra gobierno nacional se le sumaron esta vez representantes de Chaco, Río Negro y Mendoza, esta última gobernada por el mismo sello político que la Nación con Alfredo Cornejo a la cabeza.
“Hemos tomado la decisión de presentar quince escritos, donde pediremos a la Corte que intime al Estado nacional a cumplir con la orden judicial de transferir los recursos que le pertenecen a las provincias, bajo apercibimiento de que si esto no se cumple, se giren las actuaciones a la Justicia Penal, porque habría incumplimiento en los deberes de los funcionarios públicos nacionales”, dijo a la salida del encuentro el Fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende.
“Se ha presentado el Estado nacional días atrás en la Corte, diciendo que no puede cumplir con la medida cautelar porque no se ha expresado supuestamente la forma en que esto se hace”, afirmó el funcionario puntano y agregó: “Los ministros nos han demostrado que la AFIP conoce exactamente el costo fiscal de estas medidas, es más, acaban de presentar esta mañana un informe en el Congreso nacional, en la oficina de Presupuesto Público, donde se dice que el impacto para los provincias será de 46 mil millones de pesos”.
“Es decir –concluyó Allende– que hay una base para cumplir con esta medida cautelar”.
Por su parte, el titular de la cartera de Hacienda de Entre Ríos, la provincia sobre la que falló la Corte y sentó el precedente para el resto, explicó que “desde la Comisión Federal se puso a disposición de los fiscales una posible metodología para hacer el cálculo del impacto fiscal que tienen estas medidas, porque el fallo de la Corte fue muy claro, respecto a que ese impacto no debe afectar la coparticipación de las 15 provincias que acudieron a la Corte».
“Lo que a nosotros nos interesa ahora es que la sentencia de la Corte que se dispuso la medida cautelar, se empiece a cumplir del modo más inmediato posible porque el perjuicio se está produciendo por estos momentos”, manifestó por su parte el fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes.
