Por Miguel Croceri (*)
En gran parte de Patagonia las personalidades/voces que tienen repercusión política y social han sido prácticamente unánimes al expresar su algarabía por el anuncio de que la planta de GNL (Gas Natural Licuado) planeada por YPF en asociación con la firma Petronas (de Malasia), se instalará en el paraje rionegrino Punta Colorada, próximo a la localidad de Sierra Grande, en el sureste provincial.
La conformidad y/o celebración han sido manifestadas tanto por las autoridades públicas de distintos niveles (con cargos ejecutivos, legislativos, de municipios, etc.) como por el conjunto de las dirigencias políticas y también sectoriales (empresariales, sindicales, etc.), y de igual modo por los medios de comunicación (ya sea por los propietarios de medios a través de sus decisiones editoriales, y la opinión de sus referentes más visibles para la sociedad).
Como se ha difundido ampliamente, estaba previsto que la planta se instalara en la zona de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Pero la nueva conducción de YPF, controlada por funcionarios designados por Javier Milei, modificó esa decisión.
El tema cobró repentina actualidad hace pocas semanas y tomó una velocidad de vértigo hacia finales de julio, hasta que el pasado miércoles (31/07) la noticia fue confirmada de modo oficial por la compañía hidrocarburífera que volvió a ser argentina y con mayoría accionaria del Estado a partir de su recuperación en 2012 -durante el gobierno de Cristina Kirchner-, la cual informó del tema en un comunicado conjunto con la empresa malaya asociada para este emprendimiento. (Ver página web oficial de YPF, comunicado del 31/07/24. En el texto, el proyecto aparece denominado como “Argentina LNG”, utilizando la sigla de la denominación en inglés “Liquefied Natural Gas”, en lugar de su correspondiente en castellano “GNL”, por Gas Natural Licuado).
Como parte del anuncio, las compañías informaron lo siguiente: (comienzo de cita) “Argentina LNG es un proyecto liderado por las compañías YPF y Petronas para la licuefacción de gas para su exportación a los mercados mundiales. Comprende desde la producción de gas en Vaca Muerta, su transporte hasta la terminal de procesamiento y su industrialización. La capacidad de producción final es de 30 millones de toneladas al año.
“Luego de tomada esta decisión y dado que este proyecto se constituye como un ‘Project Finance’, los próximos pasos serán la búsqueda de los posibles compradores del gas a nivel mundial para luego encontrar el financiamiento del proyecto integral con inversores y la banca internacional.
“La decisión sobre la ubicación del Proyecto es el primer paso hacia varias condiciones que deben cumplirse para tomar la Decisión Final de Inversión”. (Fin de la cita).
Votos en el Congreso
El proyecto ha sido calificado -en principio con algún grado de verosimilitud, aunque luego los hechos confirmarán o no esa adjetivación- como “la inversión más grande de la historia argentina”.
En lo inmediato y concreto, hasta que otras novedades de cualquier tipo determinen, eventualmente, una valoración diferente en el futuro, el anuncio de la radicación de la planta en Punta Colorada-Sierra Grande constituye un golpe propagadístico tanto de Milei como del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en contra del mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Como hace cualquier gobernador, y de forma particular los que pertenecen a partidos provinciales, Weretilneck argumenta hoy y argumentará siempre que lo único que hace es “defender los intereses de la provincia”.
Pero la interpretación política de los hechos, como es habitual, está más allá de las palabras de sus protagonistas. El titular del Ejecutivo rionegrino ha sido aliado del gobierno nacional en las decisiones más determinantes adoptadas por el Congreso en el periodo del actual oficialismo, y asimismo en la firma de la declaración denominada “Pacto de Mayo”.
Todo empezó hacia finales del año pasado, cuando transcurrían las primeras semanas del régimen de ultraderecha que azota a la Nación. En los pasos iniciales para consolidar a la gestión gubernativa que comenzó el 10 de diciembre con la asunción de Milei y de su vicepresidenta Victoria Villarruel, el partido Juntos Somos Río Negro tejió alianzas con el mileísmo.
La única representante de esa fuerza provincialista en el Senado de la Nación, Mónica Silva, fue parte de un acuerdo entre la (casi) totalidad de los bloques del cuerpo legislativo -excluyendo nada menos que al que tiene la primera minoría- para elegir autoridades y dejar afuera de todos los resortes de poder parlamentario al sector más numeroso: Unión por la Patria (UxP).
La Cámara tiene 72 integrantes. De ese total, el interbloque UxP cuenta con 33 (son 17 del Frente Nacional y Popular, más 16 de Unidad Ciudadana). El partido de Milei-Villarruel, La Libertad Avanza (LLA), apenas tiene siete (7), o sea menos del 10 % de la composición total del Senado.
Muy lejos de los/las 33 del grupo más importante, numéricamente se ubican después la Unión Cívica Radical (13 miembros) y el Frente Pro (con siete). Y entre los demás bloques legislativos, cada uno de los cuales se conforma con uno, dos o tres miembros, suman el resto. Allí se incluye la representante rionegrina que responde al gobernador de su provincia.
De la alianza antiperonista al RIGI
El 13 de diciembre, recién comenzada la etapa surgida de las últimas elecciones, se constituyó de hecho una alianza antiperonista de 39 senadores/as que tomó el control de la Cámara mediante la exclusión de Union por la Patria. La única senadora de Juntos Somos Río Negro (JSRN) integró dicha alianza. (Información de elDiarioAr, nota del 17/12/2023).
A partir de allí, y más allá de la gestualidad y discursos de Weretilneck junto con los demás gobernadores patagónicos que se mostraron “rebeldes” en los primeros meses del año, los votos del oficialismo rionegrino en las dos ramas del Parlamento fueron de estricto alineamiento con Milei.
Así ocurrió cuando, a mediados de junio, el Senado aprobó la llamada “ley Bases” -que incluye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)- y el denominado “paquete fiscal”: la senadora Silva votó ambos proyectos. A su vez, y más recordado por negociaciones espurias que lo rodearon, fue el pronunciamiento también favorable de la senadora neuquina Lucila Crexell, aliada al gobernador Rolando Figueroa. Ambos apoyos de los dos partidos gobernantes en la Patagonia Norte fueron determinantes para Milei, ya que la votación finalizó reñida hasta el extremo, y resultó en una paridad 36 a 36 que fue desempatada por la vicepresidenta Villarruel. (Información en el sitio web Chequeado, artículo del 13/06/24).
Dos semanas después, hacia finales del sexto mes del año, la “ley Bases” recibió la sanción definitiva en Diputados. Entre los votos a favor estuvo el del único legislador que allí representa a JSRN, Agustín Domingo (quien forma parte de un interbloque de 8 miembros llamado “Innovación Federal”). Lo mismo hizo el único diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Osvaldo Llancafilo. En tanto, los dos se opusieron al “paquete fiscal”. (El voto respectivo de cada integrante de la Cámara baja consta en una crónica del portal Perfil. Nota del 26/07/24).
Una vez que Milei contó con la legislación que legitima su plan extremista de gobierno, Weretilneck aceleró a fondo y promovió una ley provincial de adhesión al RIGI. El proyecto fue tratado y aprobado rápidamente por amplia mayoría en la Legislatura de Río Negro. Solo votaron en contra dos bloques que representan al peronismo y sus aliados. (Crónica del diario Río Negro, nota del 12/07/24).
Podrán decir lo que quieran
La información acerca de la futura instalación de la planta de GNL en cercanías de Sierra Grande, disimula la alianza estratégica entre el partido oficialista rionegrino y el gobierno nacional mileísta.
En la práctica, y aunque la dirigencia de JSRN lo desmentiría una y mil veces -por aquel remanido eslogan de que solo defienden “los intereses de la provincia-, esa fuerza política provincialista optó por una nítida complicidad ideológica con el régimen de extrema derecha.
Ambos forman parte de un entramado funcional al saqueo de los recursos naturales de Argentina, la destrucción del aparato productivo y la degeneración -terriblemente peor cada día- de las condiciones de vida para el conjunto de la población.
Los discursos justificadores podrán decir lo que quieran en nombre del “federalismo”, los intereses “de la Patagonia”, la defensa “del interior profundo”, el “desarrollo de las provincias históricamente postergadas”, y otros lugares comunes de la retórica política con los cuales empatizarán miles de ciudadanas y ciudadanos que aspiran a una vida más digna.
Sin embargo, está a la vista de quien quiera comprobarlo que los primeros ocho meses del actual gobierno nacional han provocado la más violenta expropiación que se haya conocido en la historia argentina, y con pocos antecedentes (si es que alguno) en el mundo, de los ingresos familiares en la gran mayoría de los hogares de clases bajas y medias.
Milei y Weretilneck han generado un anuncio de conveniencia recíproca por el cual, al menos momentáneamente, uno y otro salen beneficiados en función de su propia acumulación de poder y de sus respectivas carreras políticas. Esa situación afecta en el corto plazo a la fortaleza política de Kicillof, a quien la propaganda ideológica de la derecha y la ultraderecha apunta permanentemente como blanco de ataque, desgaste, burlas y ridiculización.
Sin embargo, una vez más y como siempre, habrá que esperar a que transcurran los hechos. El presidente de la Nación y el gobernador de Río Negro son propagandistas del cada vez más afamado “RIGI”, al cual le atribuyen virtudes que derramarán abundancia de bienes y prosperidad para la gente común.
Hasta el momento lo que abunda es otro tipo de consecuencias: el deterioro violento en el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, una paralización brutal de la actividad económica, el cierre de comercios e industrias por falta de movimiento y ventas, la pérdida de puestos de trabajo con el consecuente aumento de la desocupación, y en general un sufrimiento social generalizado sin ninguna perspectiva de mejora hasta donde puede observarse.
En estos días, el proyecto de Gas Natural Licuado está funcionando como un fenómeno propagandístico sobre un asunto desconocido para la casi totalidad de la población, por lo cual se ha generado en gran parte de la Patagonia una cierta fantasía futurista.
El poder económico local y extranjero festejan, igual que el presidente de la Nación, el gobernador rionegrino y sus pares de las provincias vecinas, y en general las dirigencias y medios de comunicación del sur del país.
Se trata de una disputa que por ahora parece tener ganadores políticos y también perdedores. Pero la vida colectiva de nuestro país y de sus regiones suele tener una velocidad de vértigo, y está constituida por infinitos hechos de la realidad que rápidamente pueden pasar por encima de los golpes de efecto.
(*) Nota publicada en www.vaconfirma.com.ar
