Tras reunirse con legisladores del oficialismo y la oposición, los pueblos originarios aguardan este miércoles con expectativa una nueva prórroga de la Ley Nº 26.160, que impide los desalojos de las comunidades a la vez que ordena el relevamiento y la regularización dominial de sus tierras.
Referentes de distintas comunidades indígenas recibieron ayer el compromiso de los bloques parlamentarios de sancionar una extensión de la norma votada en 2006, que vence el próximo 23 de noviembre. Exigen que la prórroga sea por cuatro años más, aunque a última hora de ayer los senadores de Cambiemos negociaban con el justicialista Miguel Ángel Pichetto la posibilidad de acortar el plazo a uno o dos años, lo que embarraría todo el debate.
“La prórroga debe ser por cuatro años como mínimo. Calculamos que casi un 90% de las comunidades a nivel nacional aún no están reconocidas y es mucho trabajo el que hay por delante”, dijo a Contexto Ariel Epulef, lonko de la comunidad mapuche Curruhuinca, ubicada en San Martín de los Andes.
En el mismo sentido se pronunció Giliberto Hulipan, werken del Consejo de Participación Indígena (CPI) Zonal Xawvnko, de Neuquén: “Hemos sido bastante claros. La 26.160 tiene que prorrogarse por cuatro años, como se hizo en las dos prórrogas anteriores. No puede haber modificaciones sobre la marcha”.
Epulef y Hulipan hablaron con este diario antes de movilizarse desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta las puertas del Congreso, donde se reclamará por la aparición con vida de Santiago Maldonado y se mantendrá una vigilia y un festival con artistas populares mientras se realiza la sesión especial en el Senado.
“Cambiemos largó el mensaje de que iba a acompañar la ley como una estrategia para desmovilizarnos, pero acá estamos y vamos a seguir estando hasta lograr nuestros objetivos”, remarcó el werken mapuche.
Epulef, por su parte, explicó que “la prórroga de la ley es una herramienta necesaria para no ser desalojados de nuestros territorios, pero tampoco lo es todo”.
“Otra cosa son los acuerdos que después se tiene que lograr con los gobiernos provinciales, donde también aparece una pared enorme, porque después son los que frenan al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en la aplicación de la ley. En cada provincia hay distintos intereses que no son en beneficio de los pueblos originarios, entonces se atrasa mucho la puesta en marcha de la norma”.
El líder mapuche también destaco que “hay que poner por encima de esta ley los tratados internacionales”, que garantizan el derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado ante cada acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas y el derechos a la libre determinación en los territorios que ocupan las comunidades.
Más allá de todo, Epulef evaluó como auspiciosa la “alianza estratégica” conformada por todos los pueblos originarios que llegaron a la ciudad de Buenos Aires en defensa de las tierras indígenas y la prórroga de la Ley Nº 26.160.
“En este momento tan difícil, tenemos que estar más unidos para cuidarnos de (Mauricio) Macri. Con gobernantes que se inclinan por los terratenientes de toda la Argentina y que en muchos casos tienen intereses en esta situación, debe prevalecer la unidad de los pueblos originarios para poder sostenernos y protegernos unos a otros”, subrayó.
En tanto, para Hulipan, “la sociedad debería empezar a escuchar la campana que hacemos sonar nosotros y no quedarse solamente con los medios masivos de comunicación”.
“Periodistas como (Jorge) Lanata y otros más se han encargado de facilitarle el trabajo al poder. Hasta toman posiciones racistas y discriminadoras en favor de las políticas de destrucción que traen muerte a nuestros territorios junto a las petroleras, las mineras y el monocultivo”, enfatizó.
Persecución permanente
La semana pasada, la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) denunció un brutal desalojo policial en el Lof Fvta Xayen (Paraje Tratayen), ubicado en la zona petrolera conocida como Vaca Muerta, de donde se llevaron detenidos a tres integrantes de la comunidad, entre ellos el werken Diego Rosales.
Todos fueron liberados horas más tarde gracias a la movilización popular, pero les dejaron abierta una causa por “usurpación” y tenencia de armas y estupefacientes.
“La policía plantó las armas y las drogas como parte del gran circo que el Estado y el poder económico idearon para poder allanar el terreno y demonizar al pueblo mapuche, pero además violó el protocolo de procedimiento que dice que tienen que llegar hasta el lugar, notificar de la decisión de la Justicia y dar un plazo para que la gente desaloje pacíficamente. Hicieron todo al revés: primero los reducen, los esposan y los tiran al suelo, poniéndole el pie sobre el cuello al warken, y recién después leyeron la orden de desalojo”, contó Hulipan.
El propio Hulipan enfrenta una acusación por “asociación ilícita” junto a otros referentes mapuches de la Zonal Xawvnko, iniciada por el fiscal Pablo Vignaroli.
“Es una forma de perseguirnos y de continuar con el proyecto de demonización contra nuestro pueblo, porque lo que buscan es poder explotar a diestra y siniestra nuestros territorios”, señaló el dirigente mapuche.
