Por Héctor Bernardo
La resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que indica que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria”, y en consecuencia solicita “al gobierno de la República Argentina su liberación inmediata”, deja a la vista mucho más de lo que aparece en sus párrafos. Por un lado, la declaración deja claramente expuesto el doble discurso del presidente argentino, Mauricio Macri, quien denuncia (con evidentes mentiras) que en Venezuela hay presos políticos, pero guarda silencio ante lo que sucede en propio país con los dirigentes y militantes opositores que son perseguidos, expulsados de sus trabajos, y en casos como el de Milagro Sala se llega hasta el encarcelamiento.
Macri ha ido una y otra vez a foros internacionales a decir que el Gobierno de Maduro tiene presos políticos, en clara referencia al caso de Leopoldo López, un violento dirigente que intentó un golpe de Estado. López encabezó un levantamiento que causó decenas de muertes y destrucción de edificios públicos. A diferencia de lo que pasa con Milagro Sala en Jujuy, fue juzgado, pudo ejercer su derecho a defenderse y fue condenado por la Justicia.
Todas sus denuncias Macri las hizo apañado por su canciller, Susana Malcorra. Justamente, el otro aspecto que también queda evidenciado con esta resolución es la imposibilidad que tenía Malcorra de convertirse en secretaria general de la ONU, por ser parte de un Gobierno que no respeta los derechos humanos, al tener presos políticos.
En el caso de Milagro Sala (que no cometió ninguna de las atrocidades que realizó López en Venezuela), se viola un derecho esencial: el de presunción de inocencia. A diferencia de los medios hegemónicos de comunicación, que se han dedicado a condenar sin prueba alguna, para la Justicia toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Desde la llegada al poder, el Gobierno de Cambiemos modificó este concepto y el sólo hecho de ser opositor es sinónimo de culpabilidad.
En el caso de Sala se viola un derecho de presunción de inocencia. Para la Justicia, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cambiemos modificó este concepto y ser opositor es sinónimo de culpabilidad.
El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, desató una venganza personal, clasista y racista contra la dirigente de la Tupac Amaru. Sala fue arrestada y sus derechos fueron violados sistemáticamente. Todos estos hechos han sido apañados y fomentados por el Gobierno nacional de Mauricio Macri, que premió a Morales entregándole una y otra vez más y más fondos.
Esto hizo que, ante la candidatura de Malcorra a secretaria general de la ONU, organismos de derechos humanos agrupados en el Comité por la libertad de Milagro Sala rechazaran su postulación y aseguraran que “no puede un funcionario que tiene presos políticos aspirar a un puesto en Naciones Unidas”.
En un artículo publicado en Contexto, titulado “Malcorra pierde de visitante y de local”, una de las integrantes del Comité, la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Estela Díaz, aseguró que “aquí se está planteando la candidatura de una canciller en un país donde hay presos políticos. Si bien estos presos políticos están en la provincia de Jujuy, entendemos que hay una responsabilidad del Gobierno nacional. De hecho, la misma canciller Malcorra ha tenido que responder ante los organismos internacionales de derechos humanos sobre estas irregularidades que se están cometiendo en Jujuy. Por eso, desde el Comité vimos con satisfacción que no salga esta candidatura”.
Sin dudas, Malcorra era la candidata de Estados Unidos para conducir las Naciones Unidas. Su paso fugaz por la cancillería tenía como único objetivo que esta le sirviese como plataforma para dicha postulación. Si bien Macri quiere mostrarse como un alumno ejemplar de Washington y cumplir a rajatabla todo lo que le pidan, en este punto deberán ponerle con rojo: “No alcanzó los objetivos”.
