A días de que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declare en la causa por el intento de magnicidio en su contra, organizaciones kirchneristas lanzaron la campaña «¿Quién mandó a matar a Cristina?», con el objetivo de visibilizar el juicio y dar a conocer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del atentado del 1º de septiembre de 2022.
En distintos puntos del país, distintas organizaciones llenaron las calles con pintadas y carteles con los lemas «¿Quién mandó a matar a Cristina?» y «Basta de Impunidad».
Fernández de Kirchner declarará como querellante el miércoles 14 de agosto a las 9:30 en el Tribunal Oral Federal Nº 6. Hasta el momento no se ha confirmado si las organizaciones realizarán una movilización para acompañar a la exmandataria.
«Sectores pequeños pero muy poderosos del Poder Judicial entraron en un pacto de impunidad para que no se sepa realmente lo que ocurrió», manifestó el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, Juan Martín Mena, en diálogo con Radio Provincia el pasado 25 de julio.
«Elevaron a juicio a los autores materiales, pero hay una cantidad de pruebas en la investigación que vinculan a dirigentes políticos del espacio de Patricia Bullrich, como Gerardo Milman. También hay evidencia del financiamiento de pseudoorganizaciones políticas procesadas por actos de intimidación pública, que los vinculan directamente con el atentado, pero la Justicia apeló a una práctica para encubrir y desviar las investigaciones: fragmentarlas. La jueza Capuchetti no quiso investigar el financiamiento a Revolución Federal», cuyo líder, «Jonathan Morel, se hizo famoso por construir la guillotina con la que, simbólicamente, querían cortarle la cabeza a Cristina en las marchas. Revolución Federal nace a mediados de 2022 y desaparece el día después del atentado».
Mena también criticó el desarrollo de la investigación: «Es increíble lo mal que está la situación institucional en nuestro país. A menos de 24 horas del atentado, el teléfono de Sabag Montiel salió del sobre, de la cadena de custodia, estando dentro de la caja fuerte de la jueza Capuchetti; quedó encendido y roto. ¿Alguien se imagina lo que sería si al servicio secreto o a un juez en Pensilvania se les rompiera la principal prueba?».
Por su parte, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó su postura de «no pacto de impunidad» y exigió conocer «a los autores no solo materiales, sino también intelectuales del intento de asesinato a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner».
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, apuntó contra el fiscal Luciani, quien «durante nueve días consecutivos hizo acusaciones de manera muy histriónica, en algunos casos violentas, contra la expresidenta, todo el tiempo en la televisión. Ahora que se está llevando adelante el juicio a los autores materiales del intento de asesinato, no se ve casi nada en ningún canal de televisión, las plataformas periodísticas no informan, los diarios no publican notas al respecto», sentenció Bianco, afirmando que existe una «total invisibilización del juicio».
En este contexto, desde Provincia le solicitaron a la Justicia que «más allá de lo que hicieron los autores materiales, nos digan quiénes son los autores intelectuales, quién mandó a matar a Cristina, quién financió esto. Hay evidencias, son públicas, pero lamentablemente no fueron investigadas: el canal del financiamiento, los canales políticos, las declaraciones que se conocieron de funcionarios que decían ‘cuando la maten, yo voy a estar en camino a la costa’. Queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales, más allá de los autores materiales del intento de asesinato».
