Por Pablo Pellegrino
El juez Alejo Ramos Padilla ordenó este lunes el llamado a indagatoria del periodista Daniel Santoro en el marco de la megarred de espionaje ilegal que se destapó en febrero de este año a raíz de una denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest por extorsión.
El caso del falso abogado Marcelo D’Alessio había entrado en las últimas semanas en un pantano a partir de la difusión de escuchas ilegales sobre exfuncionarios del kirchnerismo presos en la cárcel de Ezeiza en las que hablaban sobre el caso y que, según los periodistas que las presentaron, como así también la defensa de Carlos Stornelli y el propio gobierno (el ministro Garavano se refirió al tema), dan cuenta de que se trató de una «operación» contra el fiscal de la causa de los Cuadernos.
Lejos de probar alguna maniobra para entorpecer el avance en el expediente de las fotocopias, las escuchas sólo revelaron la continuidad de una política de descontrol total sobre la cadena de custodia y la violación de los procedimientos que corresponden a las intervenciones telefónicas, algunas de ellas, entre abogados con sus defendidos.
En la resolución que se conoció la mañana del lunes, el juez de Dolores sostiene que se ha comprobado «no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que (Santoro) mantenía con Marcelo D’Alessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada», y añade que, a diferencia de otros periodistas que «se nutrían» de la información que proveía la asociación ilícita, el periodista de Clarín «habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la organización».
Los casos más notorios de la participación de Santoro en coacciones o colaboraciones con la banda de D’Alessio nombrados por Ramos Padilla son el del exdirectivo de la filial argentina de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y los de Gabriel Traficante en la causa denominada «mafia de los contenedores» y el empresario Mario Cifuentes.
Además, el magistrado recuerda en la resolución la producción de informes sobre sus compañeros de trabajo en el programa de Animales Sueltos con información que fue remitida a D’Alessio. En ese caso, el foco del espionaje habría sido Alejandro Fantino, conductor del ciclo televisivo de América, porque había mantenido una reunión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el allanamiento realizado en la casa del falso abogado en el country Saint Thomas de Canning, se encontró una carpeta que llevaba el nombre del conductor. Tanto Fantino como la periodista Romina Manguel declararon como testigos en Dolores en su carácter de víctimas de la organización.
En el caso de la coacción que sufrió el exdirectivo de la filial argentina de la petrolera venezolana, Ramos Padilla advierte que Santoro no sólo estaba al tanto de los métodos que la asociación ilícita utilizó para «quebrarlo», como el propio D’Alessio le dijo en distintos mensajes que intercambió con el periodista, sino que «su actividad habría estado encaminada a la continuidad del plan pergeñado para que, en contra de su voluntad, Brusa Dovat finalmente formulara una denuncia penal con un contenido direccionado en la Fiscalía Federal del Dr. Carlos Stornelli».
Otro de los casos que cabe recordar es el de la publicación del libro El Mecanismo, de Santoro, en el que D’Alessio da una entrevista al periodista sobre cómo se habrían cometido actos de corrupción en la importación de Gas Natural Licuado durante el kirchnerismo, causa por la que fue desaforado el diputado nacional Julio de Vido.
Esa causa cuenta con pruebas endebles y estuvo a punto de caerse hasta que apareció el falso abogado. El expediente GNL tenía una pericia realizada por David Cohen, procesado actualmente por falso testimonio, luego de haber plagiado de Internet cálculos, que además eran erróneos, para demostrar los presuntos sobreprecios. Cuando la causa parecía cerrarse, el juez Bonadio recibió el testimonio del propio abogado trucho, que se presentó en el juzgado voluntariamente y declaró ante el fiscal Stornelli, también implicado en el escándalo de espionaje ilegal.
Luego de conocerse la convocatoria para el próximo 25 de junio, el periodista realizó un descargo que publicó en Clarín, donde afirma que la indagatoria es «un paso hacia la criminalización del periodismo».
«Niego terminantemente haber participado de actividades de espionaje ilegal», comienza el descargo de Santoro, y añade: «Lamento que la jurisdicción de Dolores se haya hecho eco de una maniobra que busca callar mis investigaciones sobre corrupción».
