«Queremos discutir trabajo y no asistencialismo» es uno de los ejes que hoy motoriza a las organizaciones sociales, que, ante el actual escenario, proponen tener un Fondo de la Economía Popular para crear puestos y reactivar así la actividad laboral.
La propuesta fue llevada este jueves al presidente Alberto Fernández, quien recibió a una comitiva de dirigentes de la economía popular para escuchar sus preocupaciones. «Nadie se salva solo, y no me voy a olvidar de ninguna persona en ningún barrio necesitado de la Argentina», sostuvo el mandatario en ese encuentro.
«Alberto nos dijo que hay un mazo de cartas y hay que barajar de nuevo. Y en ese barajar de nuevo entiende que la economía popular es un sector importante», explicó a Contexto Jackie Flores, referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Si bien las organizaciones reconocen los esfuerzos del gobierno nacional con la implementación de los bonos y otros planes de asistencia, destacan que esto no cubre la caída del trabajo de un sector importante que vive el día a día. Una de esas iniciativas es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Destinado principalmente a trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas, este programa ya tuvo 10 millones de inscritos, lo que da cuenta de un basto universo de personas sin estabilidad laboral y una importante disminución de sus ingresos.
«El gobierno nacional se dio cuenta de lo que nosotros veníamos hablando. Nosotros hablamos de 4 millones de trabajadores informales: ahora nos saltó en la jeta que son 10 millones las personas que evidentemente van a quedar en la economía popular y con eso algo tenemos que hacer», explicó Flores.
En este marco, la preocupación de las organizaciones, compartida por el Ejecutivo nacional en la reunión del jueves, es buscar reactivar ese sector. «Le solicitamos al presidente la creación de un fondo especial para la economía popular para fortalecerla, para reactivarla a través de pequeñas obras de infraestructura social, obras de saneamiento, de espacios públicos», explicó Gildo Onorato, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en diálogo con Contexto.
Esta iniciativa va de la mano del proyecto de ley de infraestructura social, presentado en 2018 por las organizaciones sociales, el cual establece que se reserve el 25% de la inversión de obras públicas para ser realizada por cooperativas de trabajadores de la economía popular en villas, asentamientos y barrios populares.
Para la UTEP, reactivar la economía popular y generar estos puestos laborales significa que en consecuencia puedan comer en su casa y no en los comedores, que a pesar de la ayuda brindada hoy se encuentran desbordados.
En ese sentido, este jueves, desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina advirtieron un fuerte incremento de la pobreza en el últimos mes producto de la pandemia y la paralización de la economía: según estiman, alcanzó en marzo al 45% de la población argentina, un número que, advierten, puede empeorar.
En este marco, las organizaciones apuestan a la generación de empleo genuino. «Queremos reconstruir el paradigma del trabajo. Vemos que en los próximos meses se van a ir generando mayores niveles de pobreza, de desigualdad, de indigencia, y con la constitución de lo que denominamos una nueva capa geológica de pobreza estructural», sostuvo Onorato. «Nos parece importante inyectar recursos no solo a través de subsidios, sino a través de puestos de trabajo de interés social», agregó.
«Sabemos que la situación es extrema, sabemos que estamos en medio de una pandemia. Pero le volvimos a expresar al presidente que nosotros somos un sector de trabajo. Somos mujeres y hombres trabajadores», coincidió Flores. «Queremos discutir trabajo y no asistencialismo», agregó.
Otro de los puntos planteados en el encuentro con Fernández fue la cuestión sanitaria. Las organizaciones ponen el eje en las dificultades que presentan los barrios populares, con deficiencia de servicios y hogares pequeños. Para ello, buscan profundizar el programa El Barrio cuida al Barrio, una iniciativa destinada a aquellos lugares donde se requiere implementar cuarentenas comunitarias dentro del mismo barrio, donde las familias viven en casas muy precarias, y que resuelve necesidades básicas (como la alimentación) desde la gestión comunitaria.
«La idea es hacer un testeo de fiebre, testeos de higiene y generar los procesos de cuidado necesarios que se tienen en los barrios populares», explicó Onorato.
«El gobierno se ha comprometido a asistir y ayudar a los que más sufren, y en eso estamos hermanados en la misma agenda. Ese es el escenario que hay que fortalecer: la unidad en los distintos sectores para complementar la dinámica de la red comunitaria con la dinámica de las iniciativas institucionales», concluyó.
Emergencia de género, una preocupación en los barrios populares
Jackie Flores fue una de las mujeres que integró la comitiva que visitó el presidente en Olivos, donde aprovechó para mostrarle su preocupación por la avanzada de la violencia de género en un contexto de cuarentena que tiene a muchas mujeres conviviendo con sus agresores.
«Le dijimos que tenemos clara la consigna de quedarnos en casa, pero le queríamos expresar lo que significa esto para nuestro sector, sabiendo que nuestras compañeras tienen que vivir con el violento en sus hogares», sostuvo Flores, y destacó que también registran mayor cantidad de abusos de menores en esta situación.
En este marco, le pidieron a Fernández que se declare la emergencia en violencia de género, una demanda de larga data en los sectores populares. «Es inminente que él declare la emergencia de género dentro de la emergencia sanitaria, y para llevar a cabo eso necesitamos presupuesto», puntualizó.
