El espacio de coordinación que agrupa a redes de medios comunitarios de todo el país, Interredes, expresó su “rechazo” frente a la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de iniciar juicio contra 22 de los 31 detenidos durante la manifestación por la aparición con vida de Santiago Maldonado realizada el 1° de septiembre en Plaza de Mayo; las restantes ocho personas recibieron la figura de falta de mérito. “Sostienen los procesamientos y la falta de mérito porque necesitan extender la operación que hicieron para deslegitimar la marcha”, dijo uno de los imputados.
También pidieron la anulación del procesamiento de los imputados, acusados por los delitos de “intimación pública” y “resistencia a la autoridad”, sumado a los embargos que fijó el juez de entre uno y tres millones de pesos.
La noche del 1º de septiembre, cuando la desconcentración de la marcha había avanzado, un pequeño grupo arrojó piedras e intentó derribar vallas ubicadas en la zona de la Plaza más cercana a la Casa Rosada. La Policía reprimió y detuvo a 31 personas, entre los que había ocho periodistas que registraban la movilización y el accionar policial, dos de ellos de la Red Nacional de Medios Alternativos.
“Este accionar policial se ve agravado por la decisión del juez de considerar que ese registro [periodístico] constituye el delito de intimidación pública, lo cual muestra que se está poniendo el Estado al servicio de criminalizar a periodistas y comunicadores”, sostuvo Interredes en un comunicado.
“Este accionar policial se ve agravado por la decisión del juez de considerar que ese registro [periodístico] constituye el delito de intimidación pública» (interredes)
Los medios comunitarios han denunciado que la represión fue parte de una operación del gobierno junto con los medios hegemónicos para deslegitimar la movilización, que continuó con la Justicia procesando a 22 personas el 27 de octubre. La desaparición de Santiago Maldonado era el principal tema de la agenda mediática en ese entonces y faltaban menos de dos meses para las elecciones legislativas.
En tanto, los abogados defensores de los procesados presentaron el martes en la Cámara Federal las apelaciones contra el fallo. En las puertas de Comodoro Py, las 22 personas imputadas hicieron una radio abierta, donde fueron acompañadas por organizaciones de derechos humanos y sociales y por gremios de prensa. Allí argumentan que Martínez de Giorgi se basó sobre todo en las actas de detención y las declaraciones policiales, las cuales, afirmaron, tienen “informaciones falsas” sobre los motivos y los lugares de los arrestos.
María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi que acompaña a los imputados, dijo a Contexto que el fallo del juez “habla de la detención de siete personas en Plaza de Mayo, a metros de la Casa de Gobierno, cuando tumbaban el vallado, tiraban piedras y botellas. Pero resulta que, de esos siete, dos fueron detenidos en Avenida de Mayo y San José, a 17 cuadras de la Plaza de Mayo, y otros dos fueron detenidos en Bernardo de Yrigoyen y Salta, a 15 cuadras; y así sucesivamente, y en horarios diferentes”.
Desde que iniciaron la defensa, los abogados de la Correpi junto con otras organizaciones de abogados populares como APEL y La Ciega recolectaron una serie de videos y fotos de particulares con el fin de contrarrestar la información falsa de la Policía.
La segunda parte de la apelación apunta a cuestionar las figuras penales que eligió el juez, de “intimación pública” y “resistencia a la autoridad”.
“Aún cuando las conductas que dice la Policía fueran reales, ninguna constituye el tipo penal de la intimación pública que consiste en amedrentar, generar pánico general en la población a partir de cualquier tipo de hecho”, afirmó Verdú.
Los abogados desmienten los agravantes que señaló Martínez de Giorgi en su fallo, tales como “increpar al personal policial” agitando una bandera, entender como “actitud hostil” la de un reportero que fotografió a un policía o resistirse a los codazos para evitar ser arrestados.
Ezequiel Medone, uno de los periodistas detenidos, que trabaja en Antena Negra TV, según el acta policial fue interceptado por oficiales en la Plaza de Mayo mientras se hacían los disturbios, mientras que en realidad estaba en Avenida de Mayo y 9 de Julio transmitiendo en vivo.
“Sostienen los procesamientos y la falta de mérito porque necesitan extender la operación que hicieron para deslegitimar la marcha. Y para cuando llegue el juicio y nos absuelvan, se va a estar hablando de otra cosa”, dijo Medone a Contexto.
“Repudiamos estas acciones y manifestamos nuestra preocupación de que lxs comunicadorxs nos convirtamos en blanco de la represión policial, porque entendemos que constituye un ataque a la libertad de expresión y de prensa y a la posibilidad de denunciar el accionar de las fuerzas represivas”, agregó Interredes.
