El gobierno nacional aplicó otra vez su modus operandi para echar estatales. Ayer por la mañana, 330 trabajadores del Ministerio de Agroindustria no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo tras la confirmación de las cesantías que hicieron las autoridades el viernes.
El ajuste alcanza al 9,5% de la planta, sobre un total de 3.500. A su vez, se espera que el achique llegue a mil empleados en los próximos días, incluyendo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Son sectores que necesitan de un Estado presente, pero estamos en una situación de abandono hacia las familias de AGRICULTORES, que son justamente los más vulnerables»
“Esta embestida contra los trabajadores significa el retiro del control del Estado de funciones indelegables del Estado Nacional”, afirmaron desde ATE en un comunicado tras la realización de un “paro activo” en el edificio del Ministerio, ubicado en avenida Paseo Colón 922. Allí informaron que desde el miércoles hasta el viernes habrá paro nacional en el Senasa ante las amenazas por la ampliación de los despidos.
Las autoridades confirmaron las cesantías el viernes, que alcanzan a trabajadores de la casa central del Ministerio en un 50% y la otra mitad corresponde a las delegaciones en las provincias. Ese día dieron asueto para evitar medidas de protesta. Ayer ATE hizo una permanencia en la puerta del Ministerio y en los próximos días continuará con medidas de fuerza para que se revea la situación.
“Los despidos afectan todas las áreas del Ministerio”, dijo a Contexto Sebastián Rivera, delegado general de la Junta Interna de ATE en Agroindustria. Entre las más perjudicadas se encuentra la de Agricultura Familiar, abocada a la ayuda del Estado para el desarrollo de proyectos de medianos y pequeños productores, cuya actividad es vital para el funcionamiento de las economías regionales de ciudades y pueblos.
“Son sectores que necesitan de un Estado presente, pero estamos en una situación de abandono hacia las familias de agricultores, que son justamente los más vulnerables que asiste el área de Agricultura Familiar”, afirmó Rivera. El gremialista cuestionó la gestión del gobierno nacional para el sector: “Por un lado tenés una política de bajar las retenciones que beneficia a los grandes jugadores del modelo agropecuario, y por otro lado se desentienden de los sectores más vulnerables”.
Las cesantías se enmarcan en la política de reducción en la Administración pública que lleva a cabo el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. En declaraciones a los medios, el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere justificó los despidos responsabilizando al kirchnerismo por el crecimiento de la planta estatal.
«Estamos cumpliendo la ley. El Congreso votó una reducción del 10,5 % nominal del Presupuesto para Agroindustria”, argumentó el extitular de la Sociedad Rural, quien se mostró confiado en que los despedidos encontrarán trabajo en el ámbito privado.
Durante el macrismo, el achique en Agroindustria comenzó durante la gestión de Ricardo Buryaile, quien en 2016 realizó un recorte de contratos. La gestión de Etchevehere, meses atrás, se inició con una reducción de subsecretarías, de 20 a 8, y de “cargos políticos”, de 211 a 138.
300 despidos en el ministerio de #Agroindustria. Ahora en #MañanaImposible: hablamos con Sebastián Rivera, delegado general de @ATEAgricultura. Escuchalo en https://t.co/xY87LKq6Wy.
📸: @MauriElbueno pic.twitter.com/2tDe9WXO6i— Radio La Imposible (@La_Imposible) April 23, 2018
La situación del Senasa
El Senasa es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Agroindustria, encargado de los controles de sanidad animal y vegetal y de los alimentos y productos importados y exportados.
Sus trabajadores se mantienen en asambleas ante los “inminentes despidos” de la casa central y sus dependencias provinciales, que serían 380 y llegarían entre hoy y mañana. Desde el miércoles y hasta el viernes harán un paro en todo el país para enfrentar los recortes y defender los puestos de trabajo.
Desde ATE afirmaron que la medida “se enmarca en un plan de transferencia de poder a los privados para controlar la sanidad en los privados”, entre estos, la Sociedad Rural y Techint. Y agregaron que el Ministerio “está despidiendo trabajadores en el organismo que se ocupa de salvaguardar la sanidad en los alimentos que consume toda la población, dejándola en riesgo sanitario”.
((AHORA))
Despidos en #Agroindustria
330 #Despidos pic.twitter.com/jOTPC4p8Ga— RevistaPPV ⭐️⭐️⭐️ (@RevistaPPV) April 23, 2018
Los trabajadores del Senasa denuncian que el Ministerio “quitó la certificación de los servicios de inspección veterinaria de los establecimientos frigoríficos”, con lo cual embutidos, carnes, lácteos, fiambres y todos los demás productos de origen animal dejarán de ser certidicados por el Estado y esa tarea pasará a manos de privados, creando un “riesgo para la salud de los argentinos” e “instalando un doble estándar sanitario”, afirmó en un comunicado Jorge Ravetti, coordinador de la Mesa Nacional de ATE Senasa.
En la transferencia desde lo estatal a lo privado también se incluyen los programas de erradicación y prevención de plagas que afectan a los cítricos, a las vides y a la producción de algodón.
“Este doble estándar sanitario” genera que el Ministerio haga más rigurosos los controles para las exportaciones mientras deja sin controles el consumo interno. “Dejan a la ciudadanía argentina expuesta a todo tipo de enfermedades que afectan a los seres humanos, como la Escherichia coli y el Síndrome Urémico Hemolítico”, alertó Ravetti.
«Los despidos producen una alerta de riesgo sanitario porque son controles y programas que se ven cerrados o debilitados, lo que podría posibilitar enfermedades y plagas”
Por su parte, Carina Maloberti, secretaria gremial de ATE Senasa Capital Federal,
consideró en diálogo con este medio que los despidos producen “una alerta de riesgo sanitario porque son controles y programas que se ven cerrados o debilitados, lo que podría posibilitar epidemias, pandemias, enfermedades y plagas”.
“En el caso del comercio, vemos que se brinda el servicio a ciertas empresas y se les retira el servicio a pequeños productores de las economías regionales encareciendo sus costos. Esto es a favor de los grandes privados”, concluyó.
