El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó de manera unánime apoyar y convocar a una movilización en defensa del sistema universitario público el próximo 23 de abril, en la que participarán gremios de trabajadores docentes y nodocentes y estudiantes. Fue en el marco del 91° Plenario de Rectoras y Rectores que se realizó este martes en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Las y los rectores sostuvieron que «la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional». Mediante un comunicado publicado por el CIN, llamaron a la sociedad a que acompañe su reclamo de sostenimiento presupuestario ante un escenario de ajuste que dificulta el normal funcionamiento de las casas de estudio.
«Convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, nodocente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación», puntualizaron.
La propuesta de participar de la marcha fue realizada por el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini. De esta manera, las y los rectores marcharán junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que ayer convocaron a una movilización federal contra el desfinanciamiento que aplica el Gobierno en la educación superior.
Además del ajuste presupuestario, en el plano salarial el reclamo incluye a los trabajadores de universidades públicas, que recibieron un aumento de apenas el 16 % en febrero (del cual un 10 % correspondía a la negociación con el Gobierno anterior) y del 12 % en marzo, por lo que sus salarios están perdiendo claramente ante el avance inflacionario.
Durante el plenario también expusieron los funcionarios del Gobierno de Javier Milei, quienes se comprometieron a trabajar para asegurar el funcionamiento del sistema universitario. Sin embargo, no dieron garantías sobre un nuevo envío de fondos para que las universidades puedan pagar las tarifas de luz y gas, que aumentaron más de 200 % en promedio en los primeros meses del año, e incluso antes del impacto de la quita de subsidios del Gobierno nacional, que elevará aún más los precios de esos servicios.
En la reunión participaron el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, el secretario de Educación de la nación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El CIN, integrado por los rectores y rectoras de las universidades, es el organismo encargado de coordinar y proponer políticas y estrategias de desarrollo universitario, y funciona como órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario.
Los rectores pidieron en el Congreso actualización presupuestaria
Este lunes, también, los rectores fueron recibidos por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso, integrada por legisladores de distintos bloques, donde acercaron su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades.
Allí, los titulares de las casas de estudio señalaron la urgente necesidad de actualizar el presupuesto de las universidades, ya que actualmente funcionan con una prórroga del presupuesto de 2023, después de una inflación del 211 % ese año que se suma al acumulado del 33 % en lo que va de 2024.
«Defendamos entre todos el financiamiento del sistema educativo, construyendo una mayoría a favor de las universidades, del Incentivo Docente y en contra del DNU 70/2023», sostuvo Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
