A un mes y medio de la brutal represión desarrollada contra la manifestación de jubilados del pasado 12 de marzo, la Justicia avanza en la investigación por el caso de Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años herido en el rostro por el impacto de un cartucho de gas disparado por la Gendarmería. Desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Servini, solicitaron que, en el plazo de 48 horas, sea entregado para investigación el legajo de Héctor Jesús Guerrero, miembro de la fuerza identificado como quien efectuó el disparo que hirió de gravedad a Grillo.
Se trata de una resolución de seis puntos donde se reclaman las actuaciones administrativas que habría hecho la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 12 de marzo, incluido el accionar del propio Guerrero. La Fiscalía estableció un plazo de dos días para que sea entregado el legajo del efectivo. Cabe destacar que esta es la segunda vez que la jueza Servini hace lugar al pedido de la Fiscalía para conocer las actuaciones de Guerrero durante la feroz represión.
Asimismo, en la resolución se pidió también que identifiquen al efectivo que en su casco llevaba la inscripción “Picha”, persona señalada por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) como clave en las actuaciones de la brutal represión contra jubilados.
Al mismo tiempo, la Justicia le solicitó al SAME la planilla de atención médica de Grillo durante la jornada de represión. Al mismo tiempo, se pidió al Hospital Ramos Mejía, donde se encuentra internado el joven, la historia clínica para ser examinada por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.
Cabe recordar que Grillo fue herido mientras cubría la represión, al ser alcanzado por el disparo de un cartucho de gas, a pocos metros de distancia. El impacto fue tal que generó pérdida de masa encefálica en el fotógrafo, por lo que debió ser sometido a varias cirugías de alta complejidad. Suestado actual es estable.
Por otro lado, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron que Guerrero recibió el acompañamiento de dos abogados provistos por el propio Ministerio de Seguridad. Se trata de los letrados Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi y, según plantean desde el CELS, poseen un historial de defensas en casos delicados en materia de violencia institucional. Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, implicados en la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.
En tanto, durante la jornada de ayer se llevó adelante una nueva movilización del colectivo de jubilados, donde las fuerzas de seguridad al mando de Bullrich volvieron a reprimir. Hubo detenidos por parte de la Policía Federal y retuvieron a los manifestantes sobre la vereda para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo que provocó momentos de tensión.