El estreno de las pistolas eléctricas Taser en la Policía Metropolitana ya comenzó a generar rechazo. A dos días del inicio oficial de su uso regular en la vía pública por parte de la fuerza de Horacio Rodríguez Larreta, ya hubo pronunciamientos de organismos de derechos humanos, como también de sectores sindicales y dirigentes políticos.
Del lado de los organismos hubo un pronunciamiento conjunto de parte de la agrupación Hijos Capital y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH). «El Gobierno de la Ciudad informó que hizo efectiva la implementación de las armas Taser por parte de la Policía porteña. Las Taser son picanas portátiles que constituyen un elemento de tortura y, por lo tanto, violan derechos humanos consagrados en nuestra Constitución», expresaron a través de un comunicado.
«Estas armas son instrumentos de tortura que afectan el derecho a la vida y a la integridad física. Su uso contraviene la obligación del Estado de prevenir y erradicar la tortura, asumida por el país en tratados internacionales», indicaron. Cabe recordar que, desde la llegada del debate por las Taser instalado por la era Cambiemos, han sido múltiples las advertencias de organismos y asociaciones civiles sobre su peligrosidad y los pronunciamientos internacionales contra estos dispositivos.
El rechazo también llegó de parte del sector sindical, en este caso, desde el gremio de metrodelegados, sector que viene de un largo historial de conflicto y persecución por parte de la gestión PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, y el secretario adjunto, Néstor Segovia, señalaron en un comunicado que «las pistolas Taser son consideradas un elemento de tortura por la Organización de las Naciones Unidas y arriesgan la vida de los trabajadores y de los usuarios».
Vale destacar que las estaciones de subte, trenes y paradas claves de colectivos son algunos de los espacios de prioridad de la fuerza policial porteña para la implementación del nuevo equipamiento. «La seguridad no debe ser garantizada con actos de tortura sino con efectivas políticas públicas», sostuvieron desde el sindicato de metrodelegados, y agregaron: «De forma contraria a como son presentadas, esas armas son consideradas letales por varios organismos, como Amnistía Internacional».
Desde el lado de la gestión política, quien también rechazó este tipo de equipamiento fue la intendenta del partido de Quilmes, Mayra Mendoza. Al referirse a políticas en materia de seguridad, la mandataria hizo mención de las pistolas impulsadas por el PRO. «Nuestro municipio no tiene aprobado el uso de pistolas Taser, pero sí estamos implementando un sistema de caminantes urbanos que están presentes en los corredores escolares».
Mendoza agregó: «Yo no voy a decir que en mi Municipio va a haber delincuencia cero porque eso es mentirle a los vecinos. Lo que voy a contarles seriamente a mis vecinos es todo lo que hacemos para prevenir el delito. Y prevenir el delito también es reconstruir un tejido social y productivo, tiene que ver con las obras de infraestructura escolar, mejores condiciones para los pibes y docentes».
En tanto, quien sí apoyó la decisión de largar las Taser a las calles fue el precandidato a gobernador bonaerense por el lado del PRO larretista, Diego Santilli, quien además adelantó que, en caso de ganar las elecciones, impulsará el uso de las pistolas eléctricas en territorio bonaerense. Envalentonado por la medida aplicada por su jefe político en CABA, Santilli decidió avivar el punitivismo de campaña y añadir a su agenda la utilización de las picanas.
«Cuando sea gobernador vamos a impulsar las Taser. Es un arma que le permite a la policía enfrentar al delincuente que tiene un arma de baja letalidad y que es clave para la prevención de un delito mayor», dijo el actual precandidato de JxC en declaraciones públicas.
