Por Gabriela Calotti
Hacia las diez de la noche del jueves, las mujeres que están alojadas en la Unidad 8 de Los Hornos fueron sacadas al patio del penal en el marco de un “procedimiento de requisa colectivo violento y arbitrario”, denunció el Observatorio contra la Violencia de Género (OGV) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. No fue casual que ocurriera esa noche: el viernes al mediodía el Centro de Estudiantes “Juana Azurduy” de la Unidad, que nuclea estudiantes de diversas Facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), había organizado un «cierre del ciclo lectivo” al que estaban invitados docentes universitarios.
Fuentes consultadas por Contexto indicaron que por la noche “las amenazaron con que las iban a trasladar” e inclusive precisaron que en el patio “había personal de seguridad que no es de la Unidad 8”. Y aunque durante la mañana desde la unidad penitenciara aseguraron a las unidades académicas que no habría traslado alguno, según el OVG sí se produjeron traslados de algunas mujeres.
“Efectivamente, por las comunicaciones que tuvimos desde el Observatorio con responsables de la Unidad 8 y con funcionarios gubernamentales, hubo un procedimiento de requisas colectivo violento anoche (noche del jueves) durante el cual muchas mujeres que estaban encarceladas protestaron y manifestaron su negativa a procedimientos tan violentos que significan la ruptura de todos los elementos materiales, la revisión de los colchones”, precisó a Contexto la coordinadora del OVG, Laurana Malacalza.
«hubo un procedimiento de requisas colectivo violento durante el cual muchas mujeres encarceladas protestaron y manifestaron su negativa a procedimientos tan violentos que significan la ruptura de todos los elementos materiales», denunció la coordinadora del OVG.
“Al tratar de resistir esos procedimientos, varias mujeres fueron efectivamente sancionadas y llevadas a aislamiento sin partes disciplinarios, y otras, un total de cinco, fueron trasladadas”, puntualizó la responsable, denotando la violación de derechos que supone aplicarles medidas de disciplina sin constancia escrita alguna.
Desde el OVG “pedimos información a la jefatura del servicio sobre el listado de las mujeres trasladadas y sancionadas en celdas de aislamiento”, indicó.
“Siempre esos procedimientos son violentos y arbitrarios, sobre todo realizados en horas de la noche”, agregó Malacalza, luego de indicar que, enterados de lo ocurrido en la Unidad 8, el organismo que coordina presentó el viernes una nota al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) expresando su “preocupación y poniendo en conocimiento de la jefatura las recientes recomendaciones del Comité CEDAW y de organismos de derechos humanos y públicos dando cuenta de la violencia que sufren las mujeres encarceladas”, puntualizó Malacalza.
Más de 1.400 mujeres están en situación de encierro en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires, equivalente al 5% de la población carcelaria bonaerense. En esas instituciones se reproducen permanentemente los mecanismos de violencia de género de la sociedad patriarcal.
Desde el OVG pidieron “información a la jefatura del servicio sobre el listado de las mujeres trasladadas y sancionadas en celdas de aislamiento”.
Su disciplinamiento punitivo es constante, como lo pone en evidencia el episodio de la noche del jueves en la Unidad 8, donde hay unas doscientas mujeres encarceladas y donde acaba de asumir una nueva directora, Norma Díaz, que al parecer quiere imponer su autoridad.
La Unidad 8 es un edificio vetusto que está ubicado en la calle 149 entre 70 y 71 en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata. Fue creada en junio de 1935.
Aunque muchas veces a regañadientes, las autoridades penitenciarias cumplen con las leyes vigentes en materia de educación y de ejecución penal, y las mujeres allí alojadas pueden iniciar o continuar sus estudios primarios, secundarios y universitarios. No obstante, el problema recurrente en estos casos es la falta de móviles para traslado y las condiciones del mismo: las más de las veces las estudiantes no pueden aprovechar las clases íntegramente porque las llevan tarde.
El SPB firmó diversos convenios con la Dirección General de Escuelas de la provincia y con Universidades y tienen la obligación de otorgar a los internos posibilidades de formación educativa, que van desde planes de alfabetización hasta la obtención de títulos universitarios.
Varios cientos de alumnos de la UNLP están en cárceles bonaerenses. Algunos asisten a las aulas y otros concurren a talleres o cátedras que se dictan en algunas de las unidades penitenciarias.
Entre las carreras más elegidas por los detenidos se destacan Derecho, Sociología, Profesorado de Historia, Periodismo, Ciencias Económicas, Informática y Trabajo Social.
Justamente con motivo del Día de la No Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el cual sostiene que las recomendaciones de la ONU, básicamente un compromiso presupuestario por parte del Estado y políticas públicas para superar la violencia machista, adquieren “especial relevancia”.
Al referirse a las mujeres presas, el OVG hizo hincapié en que el “Estado debe hacer efectivas las medidas alternativas a la prisión”, tal como además recomienda Naciones Unidas, que pide investigar y sancionar a los responsables por actos de tortura y adoptar medidas para limitar el uso de la detención preventiva de mujeres.
Recomendaciones internacionales a la Argentina
El Comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) emitió la semana pasada una serie de recomendaciones a la Argentina, en coincidencia con la primera visita al país que realizó la relatora especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres, la jurista croata Dubravka Šimonović.
Entre las recomendaciones del CEDAW se destacan: jerarquizar el Consejo Nacional de las Mujeres para convertirlo en ministerio, asignarle un presupuesto mayor para una “implementación efectiva” del Plan Nacional contra la violencia machista anunciado por Mauricio Macri en junio pasado, capacitar a jueces y policías, garantizar el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, particularmente a la población más pobre, reforzar la educación sexual integral y avanzar con la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto.
Durante su estadía en el país, Šimonović se reunió con organismos de control y ONG. La jurista instó a recabar más datos sobre femicidios mientras que diversas organizaciones reclamaron políticas integrales y no solamente atender la emergencia.
