Dos duros golpes recibió la intención del presidente argentino, Mauricio Macri, de eliminar la categoría de parlamentarios del Mercosur de las elecciones programadas para este año. El jueves, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 con competencia electoral, Jorge Di Lello, dictaminó que la decisión del mandatario no tenía justificación, y horas más tarde el juez federal Sebastián Ramos dio curso a tres amparos presentados contra el decreto presidencial y convocó al Ejecutivo a dar explicaciones de su decisión en un plazo no mayor a cinco días.
En diciembre de 2019 vencen los cargos de 43 parlamentarios del Mercosur. La renovación de esas bancas debería ser por elección directa junto a la votación de presidente que se realizará este año. Sin embargo, en el mes de abril, a través del Decreto 343/2019 firmado por Macri, se suspendió la elección de parlamentarios. En el texto del decreto el mandatario sostiene que se «suspende la aplicación de las disposiciones del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, en lo relativo a la elección directa de los Parlamentarios» y que, por lo tanto, «no corresponde convocar al electorado de la Nación para votar en dicha categoría».
Diversos referentes y especialistas señalaron que la decisión del presidente era inconstitucional dado que las modificaciones electorales no pueden hacerse por decreto sino mediante una ley que debe ser aprobada por el Congreso Nacional.
En base a esa posición, el Partido Justicialista (PJ), el excanciller Jorge Taiana en representación del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en el Parlasur, y la parlamentaria Fernanda Gil Lozano en representación del Frente Renovador (FR) presentaron recursos de amparo ante la Justicia Electoral contra el decreto presidencial.
Al analizar las presentaciones, el fiscal Di Lello dictaminó que el decreto vulnera la Ley 27.120 (sancionada en 2014), que no existe justificación para tal medida y que el gobierno debe revertir con rapidez dicha decisión.
«El Decreto 343/2019 de Convocatoria omite el llamado para las elecciones Primarias y Generales de las categorías correspondientes a precandidatos y candidatos para Parlamentarios de Mercosur, en vulneración de las disposiciones de la ley 27.120 y se observa que no hay oportunidad de mérito o conveniencia en dicha decisión», sostiene en su dictamen el fiscal.
En la misma línea, el juez federal Sebastián Ramos dio curso a los amparos presentados y le reclamó al gobierno que en el plazo de cinco días dé explicaciones a la Justicia Electoral sobre los motivos del decreto.
En diálogo con Contexto, el presidente del bloque del FpV-PJ del Parlamento del Mercosur, Oscar Laborde, aseguró: «La resolución del juez Ramos tiene gran importancia y avala lo ya expresado por el fiscal Di Lello. Se sostiene que es injustificada la decisión del Ejecutivo de intentar excluir a los parlamentarios del Mercosur de la boleta electoral. Ahora es necesario esperar y ver qué dice la Cámara, pero es muy contundente lo que ya han expresado estas dos autoridades».
«Dado que se trata de una ley que regula la elección directa de parlamentarios, en marzo Macri dijo que iba a enviar otro proyecto de ley para modificar la que está vigente. Cuando vio que no iba a tener los votos suficientes para lograr la aprobación de su proyecto –recordemos, al tratarse de un tema electoral para implementar una modificación se necesita la aprobación en el Congreso con una mayoría especial (129 votos)–», explicó el parlamentario.
Laborde señaló que «además del marcado desprecio que Macri ha mostrado por todos los espacios de integración regional, en este caso en particular se suma su pretensión electoral de que su imagen aparezca en la boleta lo más cerca posible de la imagen de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y por una cuestión burocrática la lista de parlamentarios del Mercosur debe ir intercalada entre la de gobernador y la de presidente. Una muy pobre especulación electoral que ha puesto en cuestión a las instituciones».
