Este martes se supo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió una demanda contra el Estado paraguayo presentada por el ex presidente de Paraguay Fernando Lugo por el golpe de Estado parlamentario que sufrió en 2012.
Para entender las implicancias de esta decisión, Contexto entrevistó a Ricardo Canese, miembro del Parlamento del Mercosur (Parlasur) por Frente Guasú de Paraguay.
Canese señaló que «es un paso sumamente importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA haya admitido la demanda contra el Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos en el caso del golpe de Estado contra Fernando Lugo el día 22 de junio del año 2012».
«La CIDH no admite casos que no tengan mucho sustento, y se destaca más aún porque Fernando Lugo representa a un sector progresista y la OEA tiene una conducción conservadora. Por ello es un gran triunfo, porque hay un reconocimiento de que los derechos humanos de Fernando Lugo y de todo el pueblo paraguayo pudieron verse afectados por ese juicio exprés en el que se le dio al presidente menos de dieciséis horas para defenderse, cuando para una falta de tránsito, en muchas ocasiones, dan hasta cinco días para poder defenderse», explicó.
El parlamentario sostuvo que «el golpe contra Lugo fue el inicio de una serie de golpes contra los Gobiernos progresistas de la región».
«Quizás el Paraguay era el eslabón más débil, por ello, al prevalecer una mayoría conservadora y reaccionaria en el Congreso paraguayo, las fuerzas del imperio de Estados Unidos, junto a las oligarquías de Paraguay y de América Latina, accionaron el golpe de Estado parlamentario», afirmó.
Luego agregó que «para los sectores reaccionarios y conservadores de Paraguay era importante interrumpir el proceso progresista encabezado por Fernando Lugo, que es, hasta el día de hoy, el Gobierno mejor recordado por toda la población. Hasta las encuestas de la derecha tienen que reconocer eso. El Gobierno de Lugo mejoró la salud pública, la educación, la atención a la tercera edad y a los sectores más vulnerables y, por supuesto, mejoró la soberanía energética. Ese histórico acuerdo entre Lugo y Lula sobre Itaipú [la represa]. Todo ello molestaba a la oligarquía regional, en especial a la oligarquía paraguaya y, por supuesto, al mismo imperio. Esos intereses locales y regionales que estaban siendo desplazados tomaron la determinación de hacer este golpe de Estado parlamentario sin cuidar ni siquiera las formas, porque dar dieciséis horas a un presidente de la república para que pueda defenderse es un escándalo».
«Además, hoy ya se sabe que la Masacre de Curuguaty fue un armado teledirigido por estos mismos sectores que buscaron el golpe parlamentario. En esa masacre se usaron armas de grueso calibre que no tenían los campesinos que estaban ahí luchando pacíficamente por un pedazo de tierra. Ahí hubo diecisiete muertos con armas de grueso calibre, como lo constató la Justicia», sostuvo.
Por último, Canese remarcó que «por todo ello, esta admisión por parte de la CIDH de la grave violación a los derechos humanos cometida contra Fernando Lugo y contra el pueblo paraguayo es un paso extraordinariamente trascendente, no solamente para los derechos humanos y para la democracia en Paraguay, sino para toda la región».
