A 45 días de haber anunciado la privatización de Corredores Viales SA, el Gobierno ahora decidió intervenir la empresa a través de un DNU, medida que acelera el proceso privatista y prende la alarma por despidos y recortes. La decisión tomada por la gestión de Javier Milei se conoció este jueves a través del Decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del propio Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida ubica como interventora de Corredores Viales a Anastasia María de los Ángeles Adem, figura cercana al actual subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Esta maniobra, que busca “ordenar las cuentas” de la empresa, prendió la alarma por el proceso de recorte y despidos que podría acarrear de manera inminente su privatización.
La privatización de Corredores Viales había sido adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa el pasado 14 de febrero. Allí, indicó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) tomaría las “medidas necesarias” para concretar la “extinción” de la entidad, para pasar a una modalidad en que el sector privado se encargue de la obra pública en base al cobro de peajes.
En tanto, la nueva designación de Adem como interventora dejaría en sus manos gestiones como la administración de compras y contrataciones, disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, entre otras. Además, el decreto establece la posibilidad de designar y despedir trabajadores.
Cabe recordar que la empresa estatal Corredores Viales SA tiene a su cargo la administración de unos 6.000 kilómetros de rutas nacionales y accesos clave, por el que transita el 80% del tráfico. En su momento, la empresa había sido enumerada dentro de la lista de entidades estatales que quedaron sujetas a ser privatizadas, según el artículo 7 de la Ley de Bases.
Al conocerse el anuncio de Adorni en aquel momento, el referente del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, sostuvo que “esta situación ya fue vivida” en los procesos privatizadores de la década de los noventa. “No sabemos qué va a pasar con nuestros compañeros. Sobre un plantel de 8.000 trabajadores, luego de las concesiones, quedó un plantel de 3.000”, fueron sus palabras en declaraciones radiales.
