En las últimas horas se agudizó el reclamo de los trabajadores del programa Incluir Salud, dirigido a la población con mayor vulnerabilidad en materia de cobertura médica. En ese marco, por ejemplo, una protesta tuvo lugar este viernes en 35 y 7 –donde se ubica una sede del programa– como continuación del plan de lucha contra lo que definen como un vaciamiento de parte de María Eugenia Vidal hacia esta delicada área.
El despido de 260 personas en los últimos tiempos, combinado con el recorte de servicios a múltiples pacientes, forma parte del ajuste del que acusan a la gestión de la provincia. «Es una medida que también afectará a 289.000 afiliados incluidos en el programa, que son quienes perciben pensiones no contributivas y no tienen obra social», expresaron desde el sector.
En el caso de la última movilización, la principal columna de manifestantes fue compuesta por los choferes que se dedican al transporte de personas con discapacidades, contempladas en el programa en cuestión. «A los choferes no les están pagando, a los trabajadores en general se los mantiene en condiciones de total precariedad. La semana pasada renunció el responsable del área y no obtenemos respuestas de nadie. Están retaceando los remedios a los beneficiarios y nadie se hace cargo de nada», dijo a Contexto el referente de ATE en el sector, Juan Murgia, quien ayer participó de la asamblea llevada adelante en 35 y 7.
Vale recordar que Incluir Salud –antes conocido como PROFE– se dirigía a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC), que no cuentan con obra social, y con este programa se prestan servicios del programa médico obligatorio (PMO). Ahora la única vía de acceso a la salud son los hospitales públicos, aunque desde ATE remarcan que el servicio había entrado en una etapa de vaciamiento. Los sanatorios y clínicas habían cortado la atención por falta de pago.
«Actualmente el Programa cuenta con 245.944 afiliados, los cuales se encuentran sin acceso a la cobertura, lo que los expone a interrumpir su tratamiento con consecuencias directas e irreversibles en la salud y la vida de los mismos, vulnerando sus derechos como ciudadanos y exponiendo la ausencia del Estado», sostuvieron los trabajadores del programa a través de un comunicado que emitieron días atrás.
El conflicto de Incluir Salud se da en pleno escenario de críticas a IOMA por los paulatinos ajustes y endeudamientos por parte de la obra social con profesionales de diversos ámbitos, como psicólogos, terapistas ocupacionales, farmacéuticos, entre otros. Ahora, la protesta en 35 y 7 incluyó reclamos hacia IOMA para que tome cartas en el recorte a beneficiaros del programa.
«Esto se enmarca en el plan de lucha general que llevamos adelante por todos los sectores de la provincia, donde demandamos la reapertura de paritarias salariales. Además, exigimos la estabilidad y renovación de los 9.000 contratos autónomos que hay, hoy por hoy, en el Estado provincial», agregó el referente de ATE.
