La semana pasada, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) presentó una denuncia contra el Gobierno nacional por la feroz represión durante la protesta por la Ley de Bases, a lo que se le suman ahora dos nuevas denuncias: una de Amnistía Internacional y otra de diputados de Unión por la Patria. La «cacería» y las detenciones arbitrarias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el foco de las denuncias.
Por un lado, Amnistía Internacional Argentina se sumara a los reclamos ante organismos internacionales con presentaciones ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que el CELS. «Estamos trabajando para presentar el caso de las detenciones en tribunales internacionales», indicó este martes Paola Rey, directora adjunta de Amnistía.
«Hasta que no se liberen estas personas Argentina viola los estándares de Derechos Humanos», señaló Rey en diálogo con Futurock.
En ese sentido, se refirió a la cacería que se dio para avanzar con las detenciones el pasado miércoles. «El Estado tiene que proteger la protesta y contener los focos de violencia, y eso no habilita a una persecución», señaló y concluyó «es absurdo, impensado e irracional lo que está pasando, por eso queremos llamar la atención a la comunidad internacional».
La denuncia de Amnistía va en la misma línea que la del CELS, que advirtió «un despliegue completamente desproporcionado y violento» de las fuerzas de seguridad que derivo en un operativo que «se caracterizó por el uso abusivo de armas menos letales (irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma, camiones hidrantes, que ocasionaron lesiones en los manifestantes), detenciones arbitrarias y ataques contra trabajadores de prensa».
Todo esto, advierte el organismo de derechos humanos, acompañado por la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli, quien utilizó «figuras penales desproporcionadas» para los 35 detenidos, de los cuales aún 16 siguen en prisión.
Ante esto, el CELS solicitó a la CIDH que: 1. solicite información al Estado sobre el desarrollo del operativo de seguridad del día 12 de junio de 2024, especialmente respecto del respeto al derecho a la protesta social y libertad de expresión; 2. Manifieste al Estado argentino su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad; 3. Formalice una manifestación pública de preocupación por los hechos puestos en su conocimiento, que afectan gravemente el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión en la Argentina. 4. Solicite al Estado argentino que se abstenga de disuadir la participación en manifestaciones, de estigmatizar a las organizaciones sociales y sindicales y de inhibir el pleno ejercicio del derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación por parte de la ciudadanía.
Tras la represión que sufrieron, los diputados apuntaron contra Bullrich en la Justicia
En tanto, diputados de Unión por la Patria, algunos de los cuales fueron víctimas de la represión, brindaron una conferencia de prensa este martes para explicar la denuncia presentada ante la Justicia Federal y pedir la «urgente libertad de los manifestantes que aún se encuentran detenidos».
El diputado Leopoldo Moreau explicó que presentaron una denuncia penal que recayó en el juzgado del juez Lijo Ariel, hacia la ministra de Seguridad. «Bullrich es una mercenaria de la violencia estatal», aseguró en su presentación.
La denuncia pone el foco en el ataque puntual contra los diputados de Unión por la Patria. «Concurrimos en el ejercicio en el ejercicio al derecho a la libertad de expresión y a la protesta, pero en el derecho de representar a nuestros representados, que se encontraban manifestándose», explicó Moreau.
«Fuimos con la intención de reunirnos con nuestros representados, expresar muestra solidaridad y nuestra decisión de acompañarlos en esta marcha contra la ley bases. Cuando estamos allí vimos que de repente un pelotón de la prefectura nacional marítima, y atrás uno de la federal, avanzan hacia nosotros», relató Moreau.
En ese sentido, explicó que los diputados intentaron mantener «un diálogo pacifico» en busca de «neutralizar» cualquier hecho de violencia y «no pasa más de 3 segundos que se intenta establecer el diálogo cuando comienza una represión, que estuvo ordenada y dirigida por Patricia Bullrich».
«Era una decisión ir sobre los diputados nacionales», denunció Moreau. «Ese ataque tuvo un objetivo preciso y concreto. Es un acto más de agresión al Congreso nacional, pero además ese acto más concreto, que era que a través de los medios de comunicación que estaban transmitiendo casi en cadena nacional, el ciudadano que aún no se había llegado a la plaza viera lo que efectivamente viera un ataque despiadado a diputados nacionales y entonces generar un clima de intimidación».
La denuncia contra Bullrich son por los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegitima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, a los que podrían sumarse otros delitos producto de la investigación.
«No podemos entender esta forma de hacer política. Nosotros entendemos que la política es el dialogo, la concertación, el debate», cuestionó el disputado Castagneto. «No somos terroristas ni qu
Manifestación de por los detenidos
Este finde semana, la Justicia dispuso la libertad para 17 de los detenidos durante la represión, pero aún quedan 16 más repartidos en diferentes penales. Entre los detenidos hay docentes, estudiantes universitarios, trabajadores ambulantes y de casas particulares, músicos, que habían llegado a las calles porteñas a protestar contra la Ley de Bases y hace ya casi una semana se encuentran en prisión acusados de delitos como «sedición» y catalogados por el gobierno como «terroristas».
En este marco, una movilización reclamará este martes por su inmediata liberación en Plaza de Mayo. La marcha es convocada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros organismos.
