Por Gabriela Calotti
«Sé que nació varón en abril de 1977. Son muchas las personas que estamos buscando y es necesario, no solamente porque yo lo estoy buscando, Abuelas los está buscando; sino porque esa persona merece y necesita saber la verdad para después elegir qué hacer, si vincularse con su familia biológica o decir ‘hasta acá llego’. Lo importante es que pueda conocer la verdad», contó Adriana Metz a Contexto, consultada sobre su historia personal, que es la de más de 300 familias víctimas del terrorismo de Estado que siguen buscando hermanas/os, nietas/os, y a quienes la reciente decisión del Gobierno libertario afecta sobremanera.
Adriana es hija de Graciela Alicia Romero de Metz y de Raúl Eugenio Metz. «Ellos fueron secuestrados en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutral Có, y al momento del secuestro mi mamá estaba embarazada de cinco meses», precisó. Graciela y Raúl fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976. En primer término estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención La Escuelita de Neuquén. Ambos permanecen desaparecidos.
«Por el testimonio de una sobreviviente, nuestra familia pudo saber que el 16 de abril de 1977 en el centro de detención La Escuelita de Bahía Blanca nació un varón y estuvo con nuestra mamá cuatro o cinco días. Luego alguien se llevó a mi hermano, al bebé, y a mi mamá la trasladaron», relató. «A partir de ese momento no hay registros de mi mamá en ningún otro centro clandestino y ningún otro sobreviviente pudo hablar de ella después del 22 o 23 de abril de 1977», sostuvo.
Adriana integra Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata desde el año 2012 y desde 2022 forma parte de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Por esas razones conoce el funcionamiento y la relevancia de la Unidad Especial de Investigación como auxiliar de la Justicia.
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y la Unidad Especial de Investigación (UEI) son «herramientas para conocer la verdad», sostuvo al ser consultada sobre el decreto conocido el miércoles que lleva la firma del presidente Javier Milei y de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre el cierre de la UEI.
Esa Unidad tenía por objetivo impulsar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos y de aquellos nacidos en cautiverio durante el secuestro de sus madres en centros clandestinos de detención en el marco del terrorismo de Estado durante la pasada dictadura cívico-militar (1976-1983). La CoNaDi, al igual que otros organismos, depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde la motosierra de Milei viene despidiendo a decenas de trabajadores.
La UEI fue creada «por un decreto como un auxiliar de la Justicia que se encarga de investigar las denuncias que llegaban tanto a Abuelas como a CoNaDi con respecto a posibles hijas o hijos de desaparecidos», explicó Adriana Metz, que subrayó la imperiosa necesidad de «comunicarlo a la sociedad» porque la función de la UEI era justamente evitar «abarrotar el sistema judicial de denuncias».
«Cuando una denuncia llegaba a la UEI se investigaba y se presentaba a la Justicia con toda la investigación ya realizada y lo hace con CoNaDi, que es el Estado. No es un particular que se pone a investigar y a revisar papeles», aclaró.
Consultado por Contexto, Carlos Somigliana, antropólogo e investigador y uno de los fundadores en 1987 del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabajó en estrecha colaboración con la Unidad Especial de la CoNaDi, afirmó sin dudar que «el trabajo se va a seguir haciendo» quizá «con las limitaciones que impone» la decisión del Gobierno nacional.
Tras considerar que los fundamentos del decreto de Milei «son un desastre», se mostró confiado en que podrá revertirse esta situación.
El decreto firmado por Milei provocó inmediatamente el enérgico repudio de la red nacional de la asociación HIJOS, para quienes «nadie podrá frenar el camino de memoria, verdad y justicia», y de Abuelas de Plaza de Mayo, que le recordaron al Gobierno «los compromisos internacionales del Estado argentino en la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar».
Kicillof toma la posta
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió el mismo miércoles con la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, para ponerse «a disposición desde la provincia» y seguir adelante con la búsqueda de las y los nietos que falta encontrar, y anunció la creación de una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la pasada dictadura.
«La Provincia de Buenos Aires trabajará junto a las Abuelas y en coordinación con la Justicia federal para profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia», afirmó el titular del Ejecutivo provincial.
Al igual que Adriana Metz, más de 300 familias, la mitad de ellas bonaerenses, siguen buscando a sus hermanos, hermanas, que también son nietas y nietos apropiados por los represores genocidas, entre estos, los que están en la cárcel y los más de 500 que están en sus casas en arresto domiciliario. Ellos saben qué pasó con los bebés apropiados y con los 30.000 detenidos-desaparecidos, pero mantienen un férreo pacto de silencio.
Con la firma de este decreto, el inquilino de la Casa Rosada hace uso de las facultades delegadas que la mayoría de los diputados y senadores de la nación le aprobaron a fines de junio por el plazo de un año. Este nuevo acto de negacionismo del Gobierno, que más que libertario es profundamente conservador, es un claro aviso de que seguirá avanzando sobre el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para barrer con las políticas de memoria, verdad y justicia.
De esa secretaría dependen el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que conserva la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la CoNaDi, el Consejo Federal de Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti, la Dirección de Leyes Reparatorias y los sitios de memoria.
El juez federal Ernesto Kreplak, titular del juzgado federal Nº 3 de La Plata, ordenó preservar toda la documentación que obra en poder de la CoNaDi a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal que interviene en La Plata en juicios por delitos de lesa humanidad. La Cámara de Casación, el máximo tribunal en nuestro país, recomendó una vez más a los tribunales que intervienen en juicios por delitos de lesa humanidad que preserven la documentación y los sitios de memoria.
«La Unidad Especial es fundamental para la búsqueda de los nietos y para no entorpecer el trabajo de la Justicia con respecto a tratar de lograr que el delito de apropiación cese. Se trata de encontrar a alrededor de 300 personas que hoy viven en nuestra sociedad con su derecho a la identidad totalmente vulnerado», insistió Adriana.
«Quiero pedirle a todos que, si bien hace mucho venimos usando en Abuelas la frase ‘entre todos/todas te estamos buscando’, que se haga carne en todos y que colaboren en la difusión y la búsqueda de los hermanos que nos faltan», concluyó Adriana, que seguirá buscando a su hermano.
(Para más información, la página de Abuelas es https://www.abuelas.org.ar/, y el teléfono, +54 11 43840983)
