Tras la feria judicial, se reanudan los juicios por delitos de lesa humanidad para continuar profundizando el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En más de diez provincias se están juzgando más de 280 sospechosos de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Además, el jueves se conocerá la sentencia contra Benjamín Menéndez, imputado de 27 hechos de privación abusiva y agravada de la libertad, 27 hechos de tormentos con privación de la libertad y 11 homicidios calificados, en el marco de la «Megacausa San Luis».
De los dieciséis procesos judiciales que están en marcha, las causas «ESMA Unificada» y «Operación Cóndor», que tramitan en la Capital Federal, y «Base Naval III», de Mar del Plata, ya concluyeron los alegatos por parte de los fiscales. Sólo estos tres juicios definirán la situación de 86 acusados.
De los dieciséis procesos judiciales que están en marcha, las causas «ESMA Unificada» y «Operación Cóndor», que tramitan en la Capital Federal, y «Base Naval III», de Mar del Plata, ya concluyeron los alegatos por parte de los fiscales. Sólo estos tres juicios definirán la situación de 86 acusados.
La megacausa ESMA que investiga los casos de 789 víctimas comenzó hace tres años y representa uno de los casos más grandes en la historia judicial del país. Esta tercera parte, que inició en 2013, comenzó con 68 personas, entre ellos civiles, miembros de la Marina y de la Policía Federal, sentados en el banquillo. Hoy, por motivos de salud y el fallecimiento de algunos de los imputados, el número se redujo a 56.
La megacausa ESMA que investiga los casos de 789 víctimas comenzó hace tres años y representa uno de los casos más grandes en la historia judicial del país.
Además, en esta causa están imputados ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los denominados «vuelos de la muerte» y que está en etapa de alegatos. «No existió causa legal alguna para la represión ni hubo dos bandos equivalentes», dijo Lucía Gómez Fernández, la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su exposición. También citó palabras del fallecido dictador Jorge Rafael Videla cuando, en 1976, afirmó que las organizaciones políticas y armadas, en algunos casos, se hallaban en un estado de «impotencia absoluta».
En los tribunales de Capital Federal, hoy continuarán los alegatos en el juicio por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países. La sentencia se conocería a fines de marzo.
Por su parte, en Mar del Plata seguirán dos juicios. Por un lado, se investiga a doce integrantes de la Armada y un ex general de Brigada del Ejército por los crímenes cometidos contra 123 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la Prefectura Naval Argentina. Por otro, continúa el juicio por los crímenes cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), en 1975, donde son juzgados nueve civiles y un militar retirado, que eran liderados por el ex fiscal Gustavo Demarchi.
La fiscalía pidió otra condena a prisión perpetua para Menéndez
La fiscal Mónica Spagnuolo y el fiscal Christian Rachid requirieron ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis que condene a prisión perpetua al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas durante el terrorismo de Estado en esa provincia.
La causa es parte del proceso que llegó a juicio por primera vez en noviembre de 2013, cuando Menéndez estaba sentado en otro banquillo y resultaba imposible su participación. El genocida siguió el debate vía teleconferencia, desde Córdoba. Está imputado por 11 homicidios calificados, 29 hechos de tormentos con privación de la libertad y 29 hechos de privación abusiva y agravada de la libertad.
Bajo la modalidad de juicio abreviado, el Tribunal está juzgando al único imputado que faltaba en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis. El pasado 10 de abril de 2015, los 28 acusados en el marco de la causa fueron condenados, mientras uno terminó absuelto. Menéndez, que estuvo a cargo del Tercer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, había sido apartado porque estaba siendo juzgado en otras causas de manera simultánea.
Los crímenes que se juzgan fueron ejecutados por los grupos de tareas pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad afectadas a la implementación del plan criminal clandestino en la provincia: el Ejército, a través del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA 141), con asiento en la ciudad de San Luis; la Fuerza Aérea, con la actuación de la V Brigada Aérea, con sede en Villa Reynolds; la Policía de la provincia de San Luis; y la delegación local de la Policía Federal Argentina.
Corporación judicial como mecanismo de la dictadura
En la provincia de Mendoza ayer se inició el «Juicio a los Jueces», que tiene unos 41 imputados, entre los que se encuentran los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret. Este proceso, que comenzó el 17 de febrero de 2014, es inédito no solo por la particularidad de juzgar a policías, militares y la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado, sino que por primera vez en la provincia, se incluyen los ataques sexuales que sufrieron las ex detenidas y secuestradas, como un delito independiente de otros delitos como torturas y secuestros.
Las acusaciones a los ex funcionarios judiciales recaen en su falta de acción al no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos. Además, testigos declararon haber visto a algunos de ellos en los centros clandestinos de detención.
Complicidad empresarial
En Salta, hoy seguirá el primer juicio oral que en Argentina tiene entre los acusados a un empresario. La Justicia salteña avanza con la investigación de empresarios que fueron cómplices del terrorismo de Estado impuesto en la última dictadura militar. Marcos Levín, el ex dueño de la empresa de transporte de larga distancia La Veloz del Norte, es juzgado junto con tres policías este lunes por instigar el secuestro y la tortura del trabajador y delegado sindical Víctor Cobos.
En 1977, Levín presentó una denuncia contra veinticuatro empleados por una supuesta estafa contra su empresa en la que los acusaba de robar boletos y talonarios. Tras ser detenidos, quince empleados fueron torturados en la Comisaría 4° y luego inducidos a firmar una confesión por el juez Jorge Alberto Trincavelli mientras los amenazaban de muerte. Cobos era chofer, delegado gremial en la empresa e integrante de la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y reconoció a Levín cuando era torturado.
El resto de las provincias
En Córdoba, hoy siguen los alegatos en el juicio de la megacausa «La Perla», que involucra a 417 víctimas y tiene ahora 52 imputados, entre ellos Menéndez, cuya sentencia se espera para julio de este año.
En Jujuy, proseguirá el cuarto juicio en la provincia por delitos de lesa humanidad: quince imputados por delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de torturas contra militantes del Partido Comunista conocidos como el grupo Tumbaya.
En Rosario, en tanto, seguirá mañana el juicio por los secuestros y asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, proceso en el que están acusados por los secuestros, torturas y asesinatos el último presidente de facto de la dictadura, Reinaldo Benito Bignone, el ex comisario bonaerense Luis Patti, y otros diez imputados entre militares retirados, ex policías y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI).
El 22 de febrero continuará en Neuquén el proceso en el que son juzgados veintitrés imputados por delitos cometidos en perjuicio de veintiocho víctimas, catorce de las cuales permanecen desaparecidas. La causa conocida como «Escuelita IV» está identificada como «Castelli-expediente número 804/2012», en alusión al fallecido teniente coronel Néstor Rubén Castelli, jefe del Área 5.4.1., máximo responsables de las unidades militares que estaban bajo su mando.
