Con sesenta votos a favor y uno en contra, el Senado de la Nación sancionó la nueva Ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, una iniciativa que busca ser una instancia superadora a la actual normativa con una perspectiva en derechos humanos.
El proyecto había logrado su media sanción en mayo, luego de cuatro intentos fallidos. Ahora, con el visto bueno del Senado, se convirtió en ley, dejando atrás la normativa sancionada en 1990. A diferencia de esta, la nueva ley «tiene un enfoque de género y de derechos humanos para asegurar los derechos y garantías inherentes a la condición humana para todas las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS», explicaron las organizaciones que impulsaron su sanción. En ese marco, «pone en el centro de la escena los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma, la discriminación».
Para avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos y la no discriminación, el proyecto propone la eliminación de la prueba preocupacional para diagnosticar estas enfermedades; la producción pública de medicamentos y el acceso universal, oportuno y gratuito a los mismos; la capacitación y promoción dentro del sistema de salud para acompañar a las personas diagnosticadas; la provisión de tratamientos y servicios para quienes nacieron con VIH y la promoción de la investigación. Asimismo, la creación de dos entes: una Comisión Nacional de VIH, hepatitis, TBC e ITS que reúna a organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, y un Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación, bajo la órbita del INADI, para visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS.
Además, la nueva ley hace hincapié en el desarrollo de programas destinados a la prevención, «teniendo en cuenta las desigualdades, discriminaciones que sufren las mujeres», apostando a la construcción de una nueva ley con perspectiva de género.
«No es solo una ley de VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual que sufren algún tipo de desatención, como hepatitis B, que son muy costosas en su tratamiento y se incorporan a tener el mismo derecho», explicó durante la sesión Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud.
El legislador tucumano explicó que se trata de «una ley que, además de declarar de forma público nacional el tratamiento, el diagnóstico también lo declara el desarrollo, la investigación, los medicamentos. Da una respuesta integral, nuevos métodos combinados».
«Estamos haciendo una ley para que todos los pacientes puedan tener acceso a un sistema de jubilación especial que les va a permitir, a los que envejecen prematuramente, que con cincuenta años y veinte años de aportes puedan acceder a un sistema jubilatorio. Accederán a una pensión no contributiva vitalicia aquellos pacientes que tienen el virus o hepatitis B o C y tienen vulnerabilidad social. Crea esta ley una Comisión Nacional de Seguimiento integrada por distintos ministerios y la sociedad civil», detalló. «Es una ley que intenta superar la grieta política, y todos estamos de acuerdo en que los pacientes merecen los derechos y estamos haciendo justicia de que la ley se concrete», concluyó.
El único voto negativo vino del titular del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, quien no habló en el recinto pero sí ante la prensa. «No estoy de acuerdo con legislar por patología. Hay muchas enfermedades que son tan o más que el HIV y no tiene una jubilación anticipada o una ley específica», justificó.
«Este proyecto de ley viene a atacar las dos barreras principales que tiene la respuesta al VIH en la Argentina, que son la pobreza y la discriminación, con acciones concretas como una pensión no contributiva, un régimen especial previsional para las personas que no lleguen a cumplir los años de aporte o políticas específicas que prohíban la discriminación», dijo a Télam Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH.
