Por Marianela García*
El proyecto de ley que intenta implementar el protocolo nacional en la provincia fue presentado por la senadora del Frente para la Victoria Mónica Macha y ya se encuentra aprobado por la Comisión de Salud del parlamento bonaerense. Ahora debe ser evaluado por los legisladores que integran las comisiones de Derechos Humanos y Legislación General y pasar a debate parlamentario.
La presentación en el Senado tomó forma luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal vetara la resolución del Ministerio de Salud de la provincia, firmada por Zulma Ortiz, para adherir a la Guía Técnica de Interrupción Legal del Embarazo que se encuentra vigente a nivel nacional y que cuenta con apoyo de organizaciones sociales por los derechos de las mujeres y especialistas en salud.
Este protocolo, elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, recoge los lineamientos del fallo F.A.L. de la Corte Suprema, que clarificó los alcances del artículo 86 del Código Penal y señaló que no se deben exigir autorizaciones judiciales en ningún caso. De esta manera se logra superar algunos de los obstáculos presentes en la normativa bonaerense de 2012 (Resolución 3146/2012) que se encuentra vigente al momento.
Luego de que la gobernadora de la provincia decidiera dar marcha atrás con este gran avance, Buenos Aires pasó de convertirse en la octava provincia en adecuarse a los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012 a infringir la ley nacional y lo acordado por Argentina frente a los organismos de derechos humanos internacionales.
El argumento de la gobernadora giró en torno a que la medida se había tomado sólo con criterios sanitarios, y para hacerlo era necesario sostener un trabajo conjunto entre los Ministerios de Trabajo y Justicia y la Secretaría de Niñez. Asimismo, se señaló que la provincia ya contaba con un protocolo previo, el cual seguiría vigente.
Si bien esta norma vigente regula el aborto no punible en la provincia, no se encuentra actualizada a lo establecido por el fallo de la Corte Suprema en 2012 y sigue retrasando y obstaculizando el acceso de las mujeres a sus derechos.
El protocolo nacional: mujeres con derechos
La Guía Técnica de Interrupción Legal del Embarazo comprende una serie de progresos en tanto legislación de la interrupción de embarazos, resolviendo obstáculos presentes en el acceso al derecho en las normativas antecesoras. En este marco, otorga a niñas y adolescentes así como a mujeres con discapacidad protagonismo en la decisión de interrupción legal del embarazo, reconociéndolas como sujetos de derecho.
Asimismo, la guía ILE indica la realización de consejerías en reducción de riesgos y daños a mujeres que transitaran un embarazo no deseado, pero que no se encuadraran en las causales para realizar una interrupción legal, para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna.
También, la normativa nacional aclara la cláusula de objeción de conciencia estableciendo que la misma «no se traduzca en dilación, retardo o impedimento para el acceso», y afirma que la objeción «es siempre individual y no institucional». Expresamente, el protocolo señala que “la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”.
Desde la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo reiteramos que resulta imprescindible que la agenda política renueve su compromiso con la vida y la salud de las mujeres, y permita la concreción de normativas que sean garantes de derechos asumidos por Argentina a nivel internacional. La prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de Estado respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la equidad de género, garantizando mayor acceso y mayor igualdad.
* Secretaria de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.
