Un informe da cuenta de cómo el Gobierno nacional utilizó la violencia y el miedo como mecanismos para acallar la protesta social.
«El espacio cívico en la Argentina se está restringiendo, y cada vez es más difícil participar, expresarse o incidir en los debates y las políticas públicas sin arriesgarse a correr riesgos de distinto tipo», comienza indicando el informe que da cuenta de los diez mecanismos utilizados por la gestión de Javier Milei para limitar la participación ciudadana, siendo el miedo una herramienta central para silenciar la protesta.
El primer mecanismo para lograr esto, enumera el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe, es la restricción de las manifestaciones públicas a través del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dicho protocolo establece una serie de lineamientos que limitan no solo el corte de calles, sino también la reunión y la libertad de expresión. «A partir de esta decisión administrativa, el gobierno considera que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos constituye un delito en flagrancia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan», informó el CELS.
El organismo de derechos humanos, resaltó los cuestionamientos al Protocolo que incluso llegaron hasta la ONU que a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó al Gobierno que el Estado debe garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficia.
A este protocolo, se le sumo otro de «ciberpatrullaje» para que las fuerzas policiales realicen tareas en redes sociales y páginas de internet. «Con la excusa de prevenir delitos, se permite a la policía observar cualquier tipo de actividad en fuentes abiertas, lo cual genera de por sí un efecto disuasivo que limita la libertad de expresión en el entorno digital», destacó el CELS.
Tal como se indicó, de la mano del Protocolo se habilitó la represión a la protesta social, con al menos 723 heridas en manifestaciones, 50 de las cuales eran trabajadores de prensa. «En estos episodios se reiteraron el uso abusivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, malos tratos y vejaciones a los detenidos, y su posterior judicialización», indicó el CELS.
Las detenciones fueron justamente otra de las herramientas con las que el Gobierno buscó generar miedo. «Desde diciembre de 2023 al menos 102 personas fueron detenidas en operativos policiales contra manifestaciones públicas en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Algunas personas fueron detenidas por resistirse al avance policial que buscaba desalojarlas de espacios públicos. Pero la mayor parte fue simplemente detenida al azar. Incluso hubo casos de personas detenidas que ni siquiera estaban participando de las manifestaciones, sino transitando por zonas cercanas», destaca el informe.
Otro de los mecanismos que destaca es la persecución a organizaciones sociales, a través de dos frentes, por un lado restringuiendo la protesta y estableciendo sanciones para quienes la convoquen, y por otro, mediante causas judiciales.
Las redes es otro frente donde el Gobierno nacional, incluso el Presidente mismo, y sus seguidores, buscan generar miedo. El CELS denomina a esto «milicias digitales» las cuales repiten ataques a quienes expresan opiniones ciritcas al Gobierno. «Las ‘milicias digitales’ de la ultraderecha en la Argentina operan principalmente en el entorno virtual desde el anonimato y con prácticas como el doxeo, el hostigamiento y las amenazas para controlar el discurso público a través del miedo y el disciplinamiento. El anonimato en estas operaciones favorece la falta de consecuencias y de reproche social hacia los agresores. Algunas investigaciones hablan de que el 75% de las periodistas vio afectada su libertad de expresión en línea. En algunos casos los ataques en línea han tenido continuidad fuera del entorno digital», señala el informe.
La falta de mecanismos de participación es otro de los puntos señalados. «El actual gobierno y el Congreso nacional profundizaron el histórico problema de la ausencia de consulta a las comunidades indígenas y campesinas sobre proyectos extractivos que las afectan, al aprobar el denominado “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” (RIGI). Este régimen ofrece beneficios excepcionales en materia impositiva, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años a empresas de la industria forestal, de infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Todo esto fue realizado sin abrir ninguna instancia de participación y consulta para las comunidades indígenas, grupos campesinos, asambleas vecinales y defensores ambientales que verán sus territorios y comunidades afectadas por estos proyectos económicos», indica.
Otro de los puntos para limitar la protesta es la creación de «Unidad de Seguridad Productiva», que implica un posicionamiento del Gobierno ante conflictos sindicales que puedan limitar el funcionamiento de una empresa y una disposición de las fuerzas de seguridad a favor de intereses de un privado.
La limitación al acceso a la información también genera silenciamiento. «La lógica del ‘secreto de Estado’ se viene ampliando en los últimos meses como justificación para no brindar información y/o para no someter a debate decisiones de gobierno que afectan derechos», indica el CELS.
Finalmente, el CELS destaca el hostigamiento a periodistas. Además de la falta de información, la represión en las protestas que tienen a la prensa como uno de sus blancos, el hostigamiento en redes, se suma otro hostigamiento por parte del Gobierno y sobre todo por parte del Presidente.
