Por Rogério Tomaz Jr.*
Cuando te detengas a pensar en el complejo escenario político en Brasil, asegúrate de una cosa: Jair Bolsonaro llegará a 2022 sin enfrentar un proceso de juicio político –ya hay más de cincuenta denuncias en la mesa del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia– y con posibilidades reales de renovar su mandato. Y el ex capitán del ejército tampoco tendrá que preocuparse por la posibilidad de perder el mandato por decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que podría anular la victoria de su fórmula con Mourão debido a la investigación sobre el uso de las noticias falsas en las elecciones de 2018.
Este no es un análisis pesimista. Un análisis pesimista es estimar que la izquierda solo volverá a comandar el gobierno nacional dentro de treinta años. Soy un poco más optimista al respecto. Creo que llevará de doce a dieciséis años. Sin embargo, a corto plazo no hay posibilidad de que Bolsonaro sea removido del cargo de presidente. De hecho, si fuera hoy a una casa de apuestas, gastaría mi dinero prediciendo su reelección.
A pesar del golpe de 2016, de las condenas sin pruebas y del arresto de Lula aún con un recurso para ser juzgado, de la victoria de Jair Bolsonaro –que casi sucedió en la primera ronda– y muchos otros episodios menores a lo largo del camino, parte de la izquierda brasileña todavía tiene esperanzas vacías de un juicio político exitoso del actual presidente o, quizás, de una decisión del TSE de destituirlo a él y a Hamilton Mourão de sus cargos y, con esto, celebrar nuevas elecciones.
Aquí desarrollo cinco razones por las cuales esto no va a suceder.
–Rodrigo Maia, quien tiene el poder de iniciar un proceso de juicio político, es un candidato previo para el bloque político que llamo la «derecha tradicional demotucana» (formada por el Partido Demócratas y el PSDB, cuyo símbolo es un tucán). Para continuar abriéndose camino, Maia necesita demostrar a sus garantes políticos y financieros que es confiable y puede mantener la estabilidad del país. Definitivamente no será un nuevo Eduardo Cunha. Esta semana, descartó cualquier posibilidad de aceptar una de las solicitudes de juicio político que están durmiendo en su despacho. En una entrevista en el programa Roda Viva, el lunes 3, Maia dijo que Bolsonaro no cometió delitos y que los presuntos «pedaleos fiscales» de Dilma Rousseff fueron más graves que cualquier cosa que el exmilitar haya hecho hasta ahora como presidente.
–El próximo presidente de la Cámara –la elección es en febrero– vendrá, sin ninguna sombra de duda, del grupo de Rodrigo Maia o del «centrão de Bolsonaro». Es una cuestión matemática. La oposición progresista combinada tiene 135 escaños en la Cámara. Los demás sectores suman 378 asientos. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el nuevo presidente acepte ninguna solicitud de juicio político en el bienio 2021-2022.
–Además de los temas burocráticos, Bolsonaro todavía goza de un apoyo muy significativo de la sociedad, que oscila entre el 30 y el 35% y ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos meses. Su estrategia negacionista y de producción de operetas con respecto a la pandemia prevaleció sobre la tristeza e indignación generadas por los más de 100.000 muertos por la covid-19 que Brasil alcanzará este fin de semana. Puede parecer absurdo decir esto, pero es cierto: Bolsonaro ejerce un liderazgo mesiánico sobre parte de la población brasileña.
–La apertura de un proceso de destitución contra Bolsonaro significa abrir espacio para que la izquierda pueda recuperar protagonismo en el tablero político. Hoy, el contrapunto mayoritario a su gobierno se hace por dos sectores: en la política institucional, este rol lo desempeña la derecha demotucana, con Maia y Davi Alcolumbre (presidente del Senado) a la cabeza; en la sociedad, quien tiene el protagonismo es la Rede Globo, que ha estado trabajando explícitamente para legitimar nombres para 2022, como el empresario Luciano Huck –un candidato para ser el Macri brasileño– y el exministro Sérgio Moro. El oligopolio de Globo trabaja para inflar a Huck y Moro mientras trata a Lula y Fernando Haddad como si estuvieran muertos o hubieran sido secuestrados a otro planeta. Censura total y absoluta sobre ellos, así como sobre nuevos líderes como Flávio Dino, gobernador de Maranhão afiliado al Partido Comunista de Brasil (PCdoB), o Rui Costa, petista que gobierna Bahía por segundo mandato consecutivo.
–Tanto el Tribunal Supremo Federal como el Tribunal Superior Electoral están compuestos por una mayoría de miembros ideológicamente alineados con la derecha tradicional brasileña. Las investigaciones que han llevado a cabo estos tribunales son más instrumentos para «domesticar» a Bolsonaro que amenazas a la continuación de su mandato.
Frente a este escenario, la democracia brasileña permanecerá bajo la tutela de quienes removieron a Dilma Rousseff del gobierno y, desde entonces, imponen una agenda ultraneoliberal que ya ha tenido reformas laborales, reforma previsional, entrega del petróleo de pre-sal a las multinacionales petroleras, desmantelamiento y venta de partes de Petrobras y de otras empresas públicas estratégicas, congelación del presupuesto de salud, educación y todas las áreas sociales durante veinte años –sin perjuicio del pago de la deuda pública, que consume el 45% del presupuesto del país y beneficia a 15.000 personas–, entre otros procesos favorables al capital transnacional.
Triste Brasil. En pocos años dejó de ser el «País de todos» –lema del gobierno de Lula– y se convirtió en un «País de tontos fascistas».
¿Cómo salir de esta encrucijada? Trabajando para formar una nueva mayoría social y, con esto, elegir a más de la mitad de los diputados y senadores que conforman el Congreso Nacional. Pero ese es un tema para otro artículo. Mucho más extenso, además.
* Periodista brasileño, residente en Mendoza, donde es estudiante de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo.
