Tras conocer la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de Milagro Sala, el gobierno de Mauricio Macri volvió a patear la pelota hacia el Poder Judicial de Jujuy, en un intento de eludir su responsabilidad ante el sistema de derechos humanos de la OEA, del cual forma parte.
“Como sostuvimos desde un principio, las decisiones de la Corte son de cumplimiento. Estoy seguro de que la Justicia jujeña actuará en consecuencia”, expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
El funcionario macrista no lo dijo en sus declaraciones, pero la abogada de la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Elizabeth Gómez Alcorta, no dejó lugar a dudas: “Esta decisión de la Corte IDH es de carácter vinculante para el Estado nacional y es de cumplimiento obligatorio”.
El organismo interamericano ordenó este lunes a la Casa Rosada que adopte “de manera inmediata” medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro, como la restitución del arresto domiciliario o algún régimen menos restrictivo para sus derechos, aunque al mismo tiempo consideró que “debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal”.
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, dijo durante la conferencia de prensa de este martes que el gobierno de Macri “se ha escudado” hasta ahora “en la autonomía de la provincia de Jujuy y en el federalismo”, lo que “implica desconocer las obligaciones internacionales”, que el mandato de la Corte IDH “rige en todo el territorio del Estado parte” y que “no se puede oponer ningún recurso del derecho interno”.
“Instamos al Estado nacional a que cumpla con la medida provisional, tal como está dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención Americana, y que de una vez por todas se ponga fin al calvario de 682 días en que Milagro lleva detenida injustamente”, agregó Gómez Alcorta.
La letrada calificó el fallo de la Corte Interamericana como “histórico”, porque “pone en su lugar al Estado nacional” y a “un Poder Judicial infame y servil al poder político”. Así se refirió tanto a la Justicia jujeña como a la Corte Suprema, que cajonea desde hace meses dos recursos extraordinarios por la libertad de la dirigente social.
De la conferencia también participaron Gastón Chillier y Gabriela Kletzel, director ejecutivo y directora del equipo de trabajo internacional del CELS, respectivamente.
“Esta es una medida sin antecedentes en varios sentidos”, detalló Kletzel, y explicó: “No sólo porque la Corte IDH acredita que se cumplen con los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño, sino que además dispone específicamente cuáles son las medidas adecuadas para el cumplimiento de esta disposición provisional. Esto en ningún modo es habitual, y si lo hace es porque está claro que estas medidas no pueden quedar al arbitrio de la Argentina, algo que ya quedó demostrado con la construcción de una cárcel en el domicilio de La Ciénaga”.
Cabe recordar que, después de la cautelar dictada a mediados de año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los jueces jujeños Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos dispusieron que Milagro fuera trasladada desde el penal de Alto Comedero a un domicilio abandonado que no era el suyo, donde se le impusieron una serie de restricciones que violaban la Ley de Ejecución Penal.
“Esa ley prohíbe de manera taxativa que la custodia esté a cargo de una fuerza de seguridad, cosa que no ocurre con ninguna de las personas con prisión domiciliaria de todo el país, ni siquiera las acusadas por los más graves crímenes de la historia argentina. Sólo se actuó así con Milagro Sala”, indicó Verbitsky.
El periodista y titular del CELS añadió que en la casa de La Ciénaga “se montó un mini Guantánamo”, con “alambres de púas, un destacamento de Gendarmería en la puerta y otro destacamento a diez kilómetros, controlando el tránsito que se aproximaba, con prohibición de ingreso de un número determinado de personas, que sólo se permitía en ciertos horarios, y restricciones impuestas incluso a los familiares de Milagro”.
A eso se sumó “la humillación adicional de tener que presentarse todos los días ante el destacamento de Gendarmería y saludar al gendarme”.
“Milagro, por cierto, resignificó esa imposición ilegal e ilegítima y saludaba por la mañana al gendarme diciéndole ‘buenos días, ¿dónde está Santiago Maldonado?’. Esto fue uno de los hechos que enardecieron al gobernador Gerardo Morales y al juez Pullen Llermanos, que en forma sumamente arbitraria y violenta anularon la pseudoprisión domiciliaria y la devolvieron a la cárcel de ‘Alto Sumidero’”, comentó Verbitsky.
Tras la privación de la domiciliaria, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana que adoptara medidas de protección en favor de la parlamentaria del Mercosur. En su resolución de este lunes, el máximo organismo de derechos humanos de la OEA consignó que el Estado argentino deberá sacar a Milagro del penal antes del 15 de diciembre.
Entre sus argumentos, la Corte IDH observó que “los informes médicos y psicológicos revelan una situación de riesgo a la integridad personal y a la salud (tanto mental como física) de la señora Sala, asociada a los procesos judiciales que se le siguen”, no sólo a su situación dentro de la cárcel.
La causa de las bombachas
Este jueves comenzará en Jujuy un nuevo juicio contra Milagro, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, que preside el juez Antonio Llermanos. Se trata de la llamada “causa de las bombachas”, originada en octubre de 2014 cuando la hija de María Molina, cercana a la dirigente de la Tupac Amaru, fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto donde estaban vendiendo ropa que le habían robado a su madre.
La policía se hizo presente en el lugar y detuvo a la vendedora y a Natalia Vargas, la hija de Molina. Pocos minutos después, la acusada quedó en libertad y la denunciante demorada. Fue entonces cuando Milagro se comunicó con la Comisaría Nº 56 y le dijo a los oficiales: “Quédense con las bombachas, pero dejen ir a la hija de María”.
La comisario Ángela Silvina Cabrero, jefa en la seccional, acusó a Sala por “amenazas”, junto a los abogados Gastón Morales, hijo del gobernador de Jujuy, y Luciano Rivas, actual secretario de Gobierno provincial. Tras la asunción de Gerardo Morales, los letrados fueron reemplazados por Eduardo Vergara, quien representó al mandatario en la causa de “los huevos”, por la que Milagro ya fue condenada a tres años de prisión.
