Por Fernando M. López
El PRO.CRE.AR. del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Bicentenario) otorgaba líneas de crédito para construcción, refacción, ampliación y terminación, compra de terreno y construcción, y compra de vivienda a estrenar. Desde su puesta en marcha, no sólo benefició a unas 200 mil familias adjudicadas, sino también a trabajadores de la construcción y todos los sectores vinculados a esa industria.
A poco de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri dinamitó el “Bicentenario” y lanzó su propia versión del PRO.CRE.AR., denominado “Solución Casa Propia”, que sólo contempla la compra de viviendas nuevas y usadas.
Todos aquellos que habían resultado sorteados para alguna de las líneas anteriores y esperaban el ansiado crédito, sencillamente, se quedaron sin nada desde el mismo momento en que el presidente anunció su plan, el pasado 11 de julio.
“Repentinamente nos enteramos de que ya no podíamos acceder al crédito. Es indignante que el Estado nacional, sabiendo que hay mucha gente que quedó en el camino, tenga una actitud tan indiferente”, dijo a Contexto Nadinne Ovelar, integrante de una de las 32 familias afectadas en Pinamar.
En esa ciudad balnearia, la mayoría había optado por la línea “compra de terreno y construcción”. Ganaron el sorteo, se organizaron y llegaron a un acuerdo con la empresa Pinamar SA, que se encargó de lotear un predio y dotarlo de la infraestructura necesaria para los servicios públicos. Luego de tres años, lograron firmar la seña. El 12 de julio, cuando quisieron iniciar los trámites en el Banco Hipotecario, las autoridades de la entidad les informaron que “tenían órdenes de no recibir más expedientes”.
“En el Banco, la única solución que nos dan es anotarnos en la nueva línea del PRO.CRE.AR., pero no nos sirve. Hemos puesto mucho dinero de nuestros bolsillos y no queremos perderlo”, sostuvo Ovelar, y cuestionó el programa de Macri porque “sólo beneficia al negocio inmobiliario”.
“Está claro que el cambio de política favorece a unos pocos, en detrimento de miles de familias en todo el país. Es una situación desesperante”, remarcó la pinamarense.
La Plata
Los representantes de las 560 familias damnificadas en la capital bonaerense fueron recibidos ayer por la edil del Frente para la Victoria “Nacional y Popular”, Florencia Saintout, quien se interiorizó sobre la grave situación que atraviesan y luego presentó un proyecto que fue aprobado durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.
La iniciativa expresa la preocupación del cuerpo porque, con las nuevas disposiciones que estableció el Gobierno nacional para la adjudicación de créditos para la compra de viviendas nuevas y usadas, “quedaron afuera aquellas familias ya sorteadas en la línea de construcción, refacción y ampliación de sus casas”.
Los representantes de las 560 familias damnificadas en la capital bonaerense fueron recibidos ayer por la edil del Fpv “Nacional y Popular”, Florencia Saintout, quien se interiorizó sobre la grave situación que atraviesan.
Muchas de ellas debieron urbanizar por sí mismas los terrenos donde iban a edificar, haciendo una importante inversión, y hoy se encuentran con un doble problema: deben continuar pagando los impuestos de los terrenos, pero no pueden construir porque no se les habilitan los créditos.
“No solamente tenemos que trabajar para que se ponga al día la situación de estos beneficiarios, sino que deberíamos repudiar la disolución de esta línea del programa, ya que su interrupción genera un problema para las familias que salieron sorteadas, pero también implica la pérdida de puestos de trabajo. Un país que no construye es un país que no se desarrolla, que no genera trabajo; un país sin acceso a la vivienda”, advirtió Saintout.
Jubilados y tráfico de datos
Luego, la concejala y decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP presentó un proyecto en contra del “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, ya que con esta ley el Gobierno de Cambiemos “retrocede en materia de derechos para los adultos mayores”.
“Lo que se presenta como una ‘reparación histórica’ para los jubilados no es más que la imposición de un nuevo régimen previsional con jubilados ‘de primera’ y ‘de segunda’”, subrayó, y cuestionó las posibles consecuencias del desfinanciamiento del Fondo de Garantías y Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), que podría traer aparejado la elevación de la edad jubilatoria para mujeres.
Por último, Saintout elevó otro pedido de repudio por el tráfico de datos de la ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública, dispuesto por una resolución del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
“Esta violación a los datos personales de los trabajadores constituye un hecho inadmisible en el marco de nuestra democracia”, indicó en su propuesta.
