Por Roberto Álvarez Mur
La decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de remover a las principales cabezas de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense ocupó las portadas de todos los medios durante la jornada de ayer. Tras el anuncio en conferencia de prensa del desplazamiento de un centenar de oficiales superiores, junto al ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, la principal incertidumbre recae sobre un punto habitual en casos de reformas concretas de los sectores de poder en las Fuerzas de Seguridad afectadas: cómo reaccionarán.
“Este siempre fue un tema de debate, lo que se suele decir ‘purgas’. Esas personas siguen manteniendo sus redes de contacto, desde donde organizar hechos de corrupción”, dijo a Contexto el sociólogo y especialista del Servicio Penitenciario Bonaerense, Iván Galvani, quien se refirió a los posibles efectos que podría disparar el proyecto impulsado por Vidal.
“la remoción de la cúpula es de lo que más se habla, pero tiene que ir acompañada de cambios estructurales. No es una cuestión de sacar ‘manzanas podridas’», dice Galvani.
“La cuestión de la remoción de la cúpula es de lo que más se habla, pero tiene que ir acompañada de cambios estructurales. No es una cuestión de sacar ‘manzanas podridas’. Por supuesto, si hay un hecho de corrupción, tiene que ser sancionado”, dijo Galvani, y agregó: “Cuando se intenta aplicar alguna medida, las fuerzas de seguridad toman represalias o maneras de intervenir en las decisiones políticas. Pasó muchas veces».
«Aunque no hayan remociones, hay prácticas extorsivas. Pero en un caso tan drástico como una cúpula, resulta demasiado ambicioso”, completó.
En tanto, otro de los focos de atención se deposita en la injerencia del nuevo asignado civil como director provisional del SPB, Juan José Baric, señalado en un medio periodístico por sus pocos antecedentes en la materia: “El flamante funcionario no conoce el sistema penitenciario bonaerense, porque antes había trabajado en la Justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires”, y lo calificaron como “inexperto”.
Por otro lado, las incertidumbres respecto de los efectos que podría acarrear el removimiento de las cúpulas de poder del sistema penitenciario también apuntan a los propios internos de las cárceles, en este caso, carne de cañón de una batalla de intereses.
“El espacio de protesta que en general tienen los Servicios Penitenciarios son el propio cuerpo de los presos. Es ahí donde se plasman sus conflictos con el poder político”, dijo a Contexto la socióloga y experta en sistema penal, Karina Mouzo, quien explicó: “Son fuerzas de seguridad profundamente corporativas. Si estos movimientos por arriba se dan sin una estricta vigilancia de cómo se van a dar los procesos hacia el interior de una institución, pueden ser arriesgados y tienen sus efectos. En esos espacios el hilo siempre se va a cortar por lo más fino”.
Mouzo agregó: “La manifestación directa de esto podría ser que haya un alto nivel de conflictividad en los próximos días en las cárceles, en determinados pabellones. Que haya fugas. Son muy lineales las reacciones”.
“La manifestación directa de esto podría ser que haya un alto nivel de conflictividad en los próximos días en las cárceles», dijo Mouzo.
Asimismo, la especialista sostuvo que “hacer esto sin el necesario respaldo o tacto que estas instituciones merecen es olvidarse dónde puede el Servicio Penitenciario reaccionar”, y que, además, se trata de una fuerza de seguridad que “tiene prohibida la expresión política del malestar que esto les podría ocasionar. No se pueden sindicalizar y no hay vías alternativas de expresión”.
Esta clase de represalias poseen sus antecedentes cuando los intereses políticos de las cúpulas de seguridad se ven fuertemente en juego. “Tuve amenazas, me hicieron llamados anónimos o me dejaban mensajes escritos en las paredes”, recordó, en diálogo con Contexto, el ex director provincial de Políticas Carcelarias Juan Escatolini, respecto de las consecuencias de una reforma similar que intentó implementar en 2004.
“No creo que sea una tarea simple la que está encarando la gobernadora, y creo yo que es una tarea un tanto tardía. Todos sabíamos quién era Díaz y ya pasaron diez meses de gestión”, dijo Escatolini, y respecto del Servicio Penitenciario Bonaerense: “Es una corporación y opera en las sombras. Recordemos el caso del MOPOL (Movimiento de Policías y Penitenciarios), que solían acuartelarse y realizar operaciones de todo tipo. Cada vez que se desarrolla este tipo de medidas, el MOPOL reaparece y son peligrosos. Es una fuerza civil armada, y sabemos lo que eso puede significar”.
