El diputado nacional del Frente para la Victoria y candidato a renovar su banca por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, presentó este martes una denuncia contra funcionarios del gobierno por «modificar unilateralmente» el destino de las multas efectuadas contra Edenor y Edesur por fallas en el servicio «con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas».
Los funcionarios alcanzados por la denuncia hasta el momento son el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, Juan Antonio Garade, y señala una posible «negociación subrepticia» del beneficio por la nula participación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el proceso.
La maniobra se produjo con el traspaso de Edenor y Edesur al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y la rubricación del «Acuerdo de regularización de obligaciones para la transferencia de las concesionarias a las jurisdicciones locales», en el que los funcionarios y las empresas acordaron que el monto que debían pagar por multas acumuladas a los usuarios sea abonado en forma de Inversiones Adicionales.
Algo similar a esa «sanción» ocurrió en los últimos días cuando el gobierno de la provincia anunció que exigiría a Edelap el adelantamiento de las inversiones previstas para el año próximo luego del apagón que dejó sin luz durante cuatro días a las localidades del norte de la ciudad.
El establecimiento del sistema de multas en base a la calidad técnica del servicio comenzó con la renegociación de la concesión de las empresas en 2006. Allí se labró un acta de renegociación contractual con un apartado que establecía un régimen de calidad para la prestación del servicio de distribución eléctrica expresado por los indicadores de frecuencia y duración de las interrupciones.
En esa misma línea se determinó que los montos de esas sanciones podían ser utilizados por los concesionarios para inversiones adicionales, siempre y cuando hubieran mantenido cierta calidad de servicio semestral medida por indicadores de frecuencia y duración de interrupciones «superior a los índices de la calidad media de referencia». Si eso no sucedía, es decir, si no se superaba la media de calidad, debía acreditarse el monto de la sanción a los usuarios.
«Sin embargo, en los semestres posteriores a la firma de las Actas Acuerdo, las concesionarias no lograron mantener una calidad del servicio superior a la calidad media de referencia, motivo por el cual la casi totalidad de las sanciones impuestas a las Concesionarias con destino a usuarios, deberían haber sido abonadas por éstas a los respectivos usuarios», sostiene el diputado en su denuncia.
En ese sentido, Tailhade recuerda que el 28 de febrero los gobiernos nacional, provincial y de la CABA, representados por el ministro Nicolás Dujovne, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, respectivamente, suscribieron el acuerdo de transferencia de las empresas a la jurisdicciones locales y consideraron necesario dar una solución a los reclamos entre el Estado nacional y las empresas. Posteriormente, el 10 de mayo, Lopetegui y Garade acuerdan con las empresas la virtual condonación de esa deuda permitiendo la transferencia del dinero que debían abonar a los usuarios a «inversiones adicionales».
«La magnitud del abuso de poder se revela claramente si se analiza que una herramienta como las multas, que, según las previsiones del Contrato de Concesión, tenía un fin específico que era el de orientar las inversiones en beneficio de los usuarios, termina transformándose en un premio a las empresas al ser condonadas de su pago con la excusa de que serán destinadas –justamente– a inversiones, las que debió haber realizado con anterioridad e independientemente de la sanción aplicada, por tratarse de una de sus obligaciones primordiales y a las que se comprometió al suscribir dicho Contrato», dice el texto de la denuncia.
Por otro lado, también señala otras «dos dimensiones» que deben ser investigadas por la Justicia. Una es la «ausencia de representantes del ENRE» en la firma del acuerdo que, según el diputado, «parece perfilar una negociación subrepticia entre el Gobierno, uno de cuyos mandatarios, Garade, fue ejecutivo de EDENOR y EDESUR, y estas empresas».
La otra dimensión, la económica, es la falta de cifras concretas con respecto a las multas que debieron abonar las empresas. «Resulta sumamente probable que se hayan modificado deliberadamente los criterios de cálculo para establecer el monto final adeudado en concepto de multas por deficiencias en el servicio por parte de las empresas, de manera de otorgarle nuevos privilegios y prerrogativas indebidas y perjudiciales para el patrimonio de los usuarios», dice sobre ese punto la denuncia.
Según Tailhade, el monto de la deuda total actualizado asciende a 35.000 millones de pesos, que implicarían unos 7.000 de bonificación para cada uno de los usuarios, aunque señala que, según el gobierno, serían 7.000 millones de pesos los adeudado, que implican unos 1.200 pesos por usuario.
«Lo cierto es que no se acreditarán ni $7000 ni $1200. Absolutamente nada para el usuario, y todo para las empresas», concluye la denuncia.
