El miércoles a la tarde, luego de unas cuatro horas de debate, la oposición había logrado reunir la mayor cantidad de firmas en las tres reuniones de comisión (Presupuesto y Hacienda, Defensa del Consumidor y Obras Públicas), lo que significa que el proyecto de retrotraer las tarifas a diciembre de 2017 y acoplar los futuros aumentos al nivel de incremento salarial promedio se tratará primero en la sesión ordinaria de la Cámara Baja la semana que viene.
Sin embargo, al finalizar la reunión en la Comisión de Presupuesto, los legisladores oficialistas aseguraron que el dictamen que logró reunir la mayor cantidad de firmas fue el suyo. El resultado en la reunión de ayer fue de 23 firmas para Cambiemos y 22 para la oposición, mientras en las dos comisiones restantes el macrismo había perdido la votación 29 a 24.
Lo que sostienen desde la bancada alineada con la Casa Rosada es que a los diputados que forman parte de más de una comisión se les computará un solo voto.
Antes de producirse la polémica, el diputado de Frente para la Victoria había denunciado “las mil y una dilaciones que el Ejecutivo fue introduciendo para que en este Parlamento no se pueda siquiera discutir la cuestión tarifaria”.
El proyecto que impulsó la oposición conjuntamente fue el que había presentado el bloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA), que propone volver al esquema tarifario en los niveles de diciembre de 2017, acoplar a partir de ahora los aumentos al Coeficiente de Variación Salarial para el caso de los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas que elabora el INDEC para el caso de las pymes. Además, contempla una reducción del 50% en la retención por IVA que tributa Nación en los servicios públicos.
Más temprano, y previendo la posibilidad del triunfo opositor en Diputados, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, había adelantado que en caso de aprobarse ese proyecto el presidente lo vetaría. “El dictamen de la oposición es inviable en términos fiscales; una gran irresponsabilidad. Y si sale así, terminará siendo vetado”, fueron las palabras del funcionario.
Peña: “El dictamen de la oposición es inviable en términos fiscales; una gran irresponsabilidad. Y si sale así, terminará siendo vetado”.
Sobre este punto se refirió en la reunión uno de los diputados firmantes del proyecto original, el massista Marco Lavagna, quien consideró que el dinero adicional que debería gastar el Estado se suplirá con los ingresos adicionales en la recaudación por el aumento en la inflación por encima de las estimaciones hechas en el Presupuesto 2018. Incluso sostuvo que el incremento en la recaudación será bastante mayor que el gasto que deberá afrontar. “Cuando aprobamos la devolución de IVA a jubilados decían que iban a gastar 30 mil millones de pesos y no llegamos ni a los 2 mil, con lo cual permítanme dudar de la calculadora con la que están sacando el costo fiscal”, dijo el diputado.
“Esto es una lógica muy sencillita”, afirmó Lavagna sobre el proyecto, y completó: “El Ejecutivo a esta altura nos había dicho que íbamos a tener una inflación de entre el 8 y el 12% y vamos a tener una inflación del 25%; nos dijeron que íbamos a tener una economía donde se estuviera recuperando el poder adquisitivo de la gente y todavía no terminamos de recuperar la pérdida del salario real de 2016; con lo cual, cuando uno cambia las premisas básicas sobre las que planificaron el aumento tarifario, corresponde que después adapten lo que habían planeado”.
Por otro lado, Axel Kicillof sostuvo que el objetivo es “darle una clara perspectiva a los hogares, a los trabajadores, a los jubilados, a las pymes, a los pequeños productores, en fin, a toda la economía real de que no vamos a seguir avanzando en este país en el pedido de las grandes empresas energéticas que es dolarizar las tarifas, ponerlas a valor internacional y a un precio absolutamente impagable”, y criticó la “irritante presión” que ejerce el gobierno sobre los gobernadores “para que no se apruebe nada en contra del gobierno nacional que sea a favor de la gente”.
“Si esta ley se aprueba, vamos a tener el alivio de las familias, de la producción, y no vamos a tener ninguna de las catástrofes que se han anunciado de manera escandalosa”, manifestó el diputado del FpV.
Diego Bossio, del bloque Justicialista, también criticó la postura del gobierno y afirmó: “No vamos a aceptar que permanentemente estén presionando para que no se traten temas que son una preocupación de miles de argentinos”.
La diputada Fernanda Vallejos sostuvo que los costos de servicios públicos “son impagables”, y afirmó que “el gobierno se ha llenado hablando de la importancia de la competitividad y parece que se olvidan de que la energía es precisamente uno de los vectores de competitividad más importantes que cualquiera que produce puede tener”.
“Por eso y no por capricho es que los países desarrollados del mundo subsidian fuertemente la energía: porque protegen, porque cuidan a aquellos que producen dentro de sus economías”, consideró la diputada, y añadió: “Lamentablemente esta política de tarifazos que comenzó hace dos largos años con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia está dificultando y llevando a la quiebra a muchas de nuestras pymes”.
Otra de las diputadas que cuestionó duramente la política tarifaria del gobierno fue Graciela Camaño, que dijo que “este tema está mal parido”. “Hoy dicen que esto ya se discutió en las audiencias públicas, pero no dicen que esas audiencias se las arrancamos por amparos”, afirmó la legisladora, y agregó: “Esto está mal partido porque las personas que tuvieron la revisión integral de las tarifas a su cargo lo hicieron en un tiempo récord de diecisiete días y además representaban los intereses de las empresas”.
“El señor Toscano adelante nuestro, acá en esta misma oficina, nos dijo que él era de la empresa Metrogas y que representaba los intereses de esa empresa, y el otro señor que estuvo aquí, Perrone, era de Transportador Gas del Sur S.A.”, recordó Camaño.
