Si los bonaerenses sufrieron un duro golpe cuando a principios de mes la gobernadora María Eugenia Vidal les anunció que la electricidad costaría un 58,1% más cara este año, al conocer la magnitud real del nuevo tarifazo quedarán directamente al borde del infarto.
Luego de que la asociación de consumidores Deuco corroborara que los usuarios de EDELAP pagarán el doble de lo que informó Vidal, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA) reconoció que en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires los aumentos serán incluso mayores, llegando hasta el 133%. “El Gobierno ha contado la parte que más le convenía”, indicó a medios locales Omar Duclós, director de OCEBA.
Consultada por Contexto, la concejala platense Florencia Saintout dijo que la gobernadora habilitó un “tarifazo ilegítimo” que “condena a millones de bonaerenses a elegir entre comer o pagar la luz”.
“Se trata de otro saqueo indiscriminado al bolsillo de los trabajadores y de los sectores más vulnerables, que desde el año pasado destinan gran parte de sus ingresos a los servicios públicos”, subrayó.
La edil del Frente para la Victoria (FpV) Nacional y Popular explicó que “los servicios de energía eléctrica, gas y agua potable son derechos humanos esenciales que Cambiemos ha convertido de facto en un descomunal negocio para un puñado de empresas monopólicas”.
“A costa de toda la población, estas corporaciones incrementan sus ganancias, no invierten un peso, están al margen de todo control y fugan capitales del país”, sostuvo, y consideró “paradigmático” el caso de la distribuidora de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio.
“EDELAP es una empresa que presta un pésimo servicio y arruina a familias enteras, pymes, comercios y pequeños productores de la región. Mientras Macri y Vidal le dan luz verde para aumentar las tarifas, le perdonan deudas y nadie sabe quiénes son sus verdaderos dueños, el intendente (Julio) Garro no dice una sola palabra en defensa de los platenses ni toma medida alguna para enfrentar la grave situación. Y no lo hace porque forma parte del saqueo criminal que Cambiemos puso en marcha el 10 de diciembre de 2015”, denunció Saintout.
Más de 100.000 hogares y comercios –un tercio de los usuarios de EDELAP– comprobaron en carne propia las deficiencias de la firma tras el temporal del 5 de febrero, cuando estuvieron más de una semana sin luz. Pero los cortes eléctricos son moneda corriente en la Región Capital con anterioridad a la catástrofe. Los numerosos reclamos de los propios usuarios, las asociaciones de consumidores y el FpV Nacional y Popular, que ya presentó varios pedidos de informes en el Concejo Deliberante, confirman que no existe un servicio acorde a las tarifas que desde el año pasado acumulan aumentos cercanos al 400%.
Rocío Giaccone, diputada provincial del FpV por la Cuarta Sección, también repudió el nuevo tarifazo en medio de una situación apremiante, caracterizada por “la falta de trabajo, los salarios a la baja y la caída del consumo”.
“Todo incremento tarifario en esta coyuntura económica tendrá consecuencias desastrosas en hogares, comercios y empresas”, advirtió a Contexto, y añadió que los aumentos de Vidal, que “de ‘graduales’ no tienen nada”, son parte de un modelo “donde el que puede pagar tiene luz y el que no, se embroma”.
La diputada exigió la “derogación urgente” de dos fondos provinciales que abonan los usuarios en lugar de las distribuidoras de energía eléctrica. Uno es el de Compensaciones Tarifarias (Ley 11.769) y el otro es el que sustituye el pago de ingresos brutos, patentes e inmobiliario (Ley 11.969).
“Estas transferencias representan más del 10% de la factura. Eran entendibles en un contexto de tarifas subsidiadas, pero no en uno con semejante cantidad de aumentos”, remarcó al hablar sobre los proyectos que se impulsan en la Legislatura para mitigar el impacto de los tarifazos de Cambiemos.
Asimismo, planteó las situaciones que se dan en distritos donde las boletas de luz llegan con cargas municipales: “En Junín, por ejemplo, tenemos una tasa de seguridad y una tasa de iluminación pública, más las leyes 11.769 y 11.969. En muchos lugares del interior, casi el 40% del total de la factura corresponde a impuestos”.
El amigo de Macri
A mediados de marzo se produjo la venta de EDELAP y EDEA, la mayor distribuidora de electricidad del interior bonaerense, con más de 526 mil usuarios en la Costa Atlántica y varios distritos del centro-este de la provincia.
Según la información oficial, ambas pasaron de manos de Alejandro Macfarlane al grupo DESA, controlado por Rogelio Pagano, quien el año pasado había adquirido las otras dos grandes empresas plantadas en territorio bonaerense –EDEN (noroeste) y EDES (sur)–, aunque cada vez son más fuertes las sospechas de que detrás de la operación y los tarifazos subsiguientes habría un único beneficiario: Joe Lewis, el magnate inglés amigo de Macri que secuestró el Lago Escondido en la provincia de Río Negro.
Lewis es socio de Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía S.A., holding que creció con rapidez gracias a Cambiemos. Además de EDENOR, ahora controla más del 90% de Petrobras Argentina, incluido el 12% del paquete accionario que compró meses atrás al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, por debajo del precio de mercado. La última adquisición de Pampa Energía es Iecsa, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente.
